Por H.G. RUEDA
Los colombianos votaron masivamente en las pasadas elecciones contra el cáncer de la corrupción, que hizo metástasis en la administración presidencial que termina. Los escándalos por la apropiación indebida por particulares de los dineros del Estado son cada vez más graves, sin que la institucionalidad tenga la capacidad de contenerlos. Las cifras de cada saqueo superan al anterior. Se habla de 52 billones anuales el monto de la corrupción, el equivalente a la más ambiciosa reforma tributaria.
No solo los particulares depredan los dineros públicos, sino los mismos agentes públicos propician y se apropian del presupuesto de la salud, la educación, la infraestructura y hasta para consolidar la paz. Reficar, Odebrechet o Centros Poblados son solo nombres que parecen pasajeros en una larga lista de eventos que han hecho que los ciudadanos hayan votado por un giro a la izquierda para castigar a la clase política, a la que responsabilizan de esa catástrofe ética, que condena a la muerte a los colombianos.
El exprocurador Fernando Carrillo dijo una frase célebre: “el humo de la guerra no nos dejaba ver la corrupción”. Esta sintetiza el impacto que el conflicto armado tenía en la agenda mediática, que tapaba los escándalos con cada toma guerrillera, masacre o desplazamiento masivo.
Cada vez que estallaba un escándalo que amenazaba la imagen de un presidente, como Chambacú o el apagón en la era Gaviria, o cualquier otro, lo fácil era hablar de la muerte de un guerrillero, la toma de un pueblo o el secuestro de algún personaje. La guerra era el teflón que protegía a los bandidos enquistados en el Estado. Sin guerra, Duque no tuvo teflón para tapar sus faltas y la de sus colaboradores, y eso le impidió gozar de luna de miel. Cada escandalo lo hundió en las mediciones de popularidad.
Sin el ruido de la guerra ensordeciendo a los colombianos se comenzaron a escuchar las voces de las comunidades y los líderes sociales exigiendo soluciones a sus ancestrales problemas, la mayoría originados por una clase política insensible al dolor del pueblo. El caso del senador de Caldas, Mario Castaño, reveló la voracidad de un político de la peor calaña. Castaño montó un entramado criminal para saquear los recursos de varios departamentos, entre ellos Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, a través de los llamados cupos indicativos. En ese juego criminal están vinculados, al parecer, funcionarios de varios ministerios y departamentos administrativos. Pero en Colombia ha habido muchos Castaño, que aún siguen libres y gozando impunemente su mal habida riqueza.
Sin el ruido de la guerra hoy se conoce, igualmente, el robo de más de 500 mil millones de pesos a través del OCAD-Paz, destinados al desarrollo de los municipios PDET. Esta vez los protagonistas son “gente de bien”, como el exdirector del DNP, Luis Alberto Rodríguez, altos funcionarios de la Contraloría, alcaldes y gobernadores. Lo grave de este episodio es que el Gobierno Nacional ha preferido mirar a otro lado, mientras la justicia parece hacer lo propio.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha corrido el velo y ha subido el nivel de este escandalo, al señalar que no son 500 mil millones los embolatados, sino que posiblemente están en riesgo 7,7 billones de pesos. ¡Plop! Que una mafia de altos funcionarios se quede con la plata del desarrollo regional, condenando a la miseria a los más pobres, debería significar la muerte política de alguien. Pero acá el Gobierno y la Contraloría, y los demás órganos de control, parecen estar más preocupados por controlar el impacto del daño mediático, para no afectar la escasa popularidad del presidente en su último mes de mandato. En un país serio, la despedida de Duque debería ir acompañada un juicio político que castigara su complicidad con los corruptos y su incapacidad para impedir el daño al bienestar de la nación. Pero ya sabemos que aquí no pasará nada.
Estos hechos ratifican por qué los colombianos votaron por Petro y castigaron al candidato de Duque y Uribe. Era imposible que un gobierno desmoronado éticamente por culpa de la corrupción se quedara de nuevo con la presidencia a través del ingeniero Rodolfo Hernández.
Quienes votaron por el lenguaraz santandereano y lo catapultaron, lo hicieron creyendo que tenía el perrenque para cumplir su promesa de “quitarles la chequera a los corruptos” y “acabar con la robadera”. En las últimas semanas, antes de la segunda vuelta, se dieron cuenta que no tenía la capacidad, la voluntad ni los pergaminos éticos para cumplir su palabra, porque él mismo estaba inmerso en el escándalo de Vitalogic, un torcido mayúsculo que involucra a uno de sus hijos, por la concesión de las basuras de Bucaramanga, cuando se desempeñó como alcalde.
La lucha contra la corrupción debe ser la gran bandera política de Petro. Más allá de las reformas tributaria, agraria, salud y educación, entre otras. Así como una vez enfrentó la parapolítica, ahora tendrá que atacar a quienes han usado el servicio público para enriquecerse. Pero ahí tendrá que poner líneas rojas. El abrazo de la clase política a su causa, con los liberales y conservadores en primera banca, no parece un buen mensaje. Es sabido que esos personajes saben cómo abrazar para inmovilizar a sus rivales. Petro no puede caer en la máxima aplicada por décadas por los politiqueros: si pierden ganan, para que el que gane pierda. Así lo han hecho desde cuando se creó el Frente Nacional, que impidió por décadas la transformación de la política y cerró los espacios políticos democráticos.
El país ha celebrado su promesa de eliminar la Procuraduría, que se convirtió en un elefante blanco de la justicia, y la creación de un sistema anticorrupción liderado por el exmagistrado Iván Velásquez, un juez implacable que atacó la parapolítica en Colombia y a los bandidos en Guatemala, con el apoyo de Naciones Unidas. “La supresión de la Procuraduría General de la Nación permitirá fortalecer la lucha contra la corrupción, incrementando la capacidad de respuesta de la fiscalía y de la judicatura. Un sistema integral anticorrupción, apoyado por una comisión internacional contra la impunidad”, trinó hace unos días el exmagistrado.
Una comisión de alto nivel no bastará para eliminar la corrupción, pero será un gran paso. Lo importante es avanzar en la creación de una cultura anticorrupción en la que sea mayúscula la sanción a los inescrupulosos. Las urnas seguirán siendo, también, un lugar sagrado para castigar a los bandidos. Vienen las elecciones regionales, que deberá ser un escenario para continuar el cambio. De nada valdrá que el presidente anticorrupción gobierne en la Casa de Nariño, mientras la clase política tradicional siga devorándose la plata de los OCAD que debería llevar desarrollo a los territorios. El cambio no puede detenerse. Más gobernadores y alcaldes con las manos limpias garantizarán que el país camine.
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