El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez fue citado por la Corte Suprema de Justicia para que el 16 de septiembre rinda indagación preliminar por las masacres de El Aro y la Granja, al igual que por el asesinato de Jesús María Valle, perpetrada por paramilitares en 1997 en Medellín.
La defensa de Uribe solicitó a la Corte trasladar la investigación a la Fiscalía, aduciendo que su cliente renunció en días pasado a su escaño en el Senado, razón por la cual el alto tribunal ya no tendría competencia en el caso.
Uribe Vélez está en detención domiciliaria por presunto fraude procesal y soborno de testigos en otro proceso.
Mientras tanto el presidente Iván Duque ejerce una cerrada defensa de su progenitor político, ajeno a las masacres contra niños y jóvenes (siete en agosto), en una actitud así recogida en un editorial de El País de España: “La tardía reacción del Gobierno, inmerso en la gestión de la pandemia y en defender al expresidente Uribe (…) ha puesto de evidencia la carencia de una sólida estrategia de seguridad”. Ver editorial de El País.
Sumado a lo anterior, aparecen las peticiones de extradición de Salvatore Mancuso que hizo la Cancillería, rechazadas por Estados Unidos porque estaban plagadas de serios errores.
Mancuso tiene varios procesos judiciales pendientes en el país, en sus declaraciones ya ha hablado de la masacre de El Aro en Antioquia y la de El Salado en Sucre, de la creación del bloque Capital en Bogotá y de la masacre de Mapiripán en Meta, entre otros, testimonio que implicaría a congresistas y al mismo exsenador Álvaro Uribe.
Humans Rights Watch (HRW) dijo sobre este proceso: “Teniendo en cuenta que hay cientos de casos pendientes contra Mancuso y que las autoridades colombianas tienen una importante experiencia con procesos de extradición, estas tres pobres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que debería tener este caso”.
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