Por HORACIO DUQUE
Ha regresado con mucho ímpetu el movimiento social y la acción colectiva popular con diversos eventos como bloqueo de vías, huelgas campesinas y cocaleras, manifestaciones estudiantiles, plantones indígenas, mítines de mujeres, tomas agrarias y movilizaciones ambientales. En los primeros meses del 2023 varias entidades y observatorios sociales han registrado 256 acciones populares y cívicas con demandas al Gobierno para que se atiendan pliegos de peticiones y soluciones a graves y añejos problemas que no dan espera por la delicada situación de las comunidades y las poblaciones más vulnerables.
Definitivamente, el movimiento social colombiano se convirtió en un potente actor social con profunda incidencia política, desplazando a los partidos políticos y las maquinarias electorales plagadas de clientelismo y corrupción, que el neoliberalismo se encargó de degradar y destruir en su legitimidad y valor ético.
Sin embargo, aún no surge una “estructura política” que sea el Instrumento del bloque popular en el proceso de transición anti neoliberal y post neoliberal que reclama el conjunto de la nación y los grupos subalternos para dar forma a un nuevo modelo político y económico democrático; algo que se atisba en las agendas de diálogo del gobierno con las guerrillas para alcanzar la Paz total, pues, en los acuerdos con el Eln en México se plantea proyectar un escenario de mayor incidencia política de los grupos subalternos que dan forma a la multitud rebelde con los diálogos sociales para la paz en los territorios; dinámicas que serán también estimuladas por los diálogos con las Farc EP y la Segunda Marquetalia.
En gran medida el regreso de las protestas es alentado por el choque social con un Estado neoliberal heredado que responde con desprecio y violencia a las voces del campo, que estallan desesperadas debido a la falta de solución a sus más apremiantes carencias.
Es lo que ha ocurrido con las tomas de tierra en el norte del Cauca, en el Meta, el Cesar y el Magdalena Medio. Con los bloqueos indígenas de la Guajira, azotados por el hambre y la corrupción gubernamental. Con la huelga de los educadores caucanos de Asoinca. Con la toma de la planta petrolera de Emerald Energy en los Pozos, San Vicente del Caguán. Con las huelgas indígenas en Puerto Gaitan, donde los paramilitares siguen imponiendo sus medidas de despojo y desplazamiento. Con las manifestaciones universitarias que repudian la corrupción en las universidades públicas, como en los casos de las universidades del Quindío y la Nacional. Y con las protestas de los mineros artesanales del Bajo Cauca antioqueño, contaminados con la infiltración de los paramilitares del Clan del Golfo, alentados por la tropa de la Fudra Aquiles del Brigadier General Eduardo Arias y su “Zona futuro” -al igual que por los comandos municipales de la policía-, que sirve de refugio a las bandas paramilitares de todos los pelambres: urabeños, paisas de Envigado, Caparros, bloques mineros, los del Bajo, Macacos y carteles mexicanos. Si el gobierno no suspende la “Zona futuro” de Caucasia y Puerto Libertador, la acción criminal de los Urabeños seguirá con mayor agresividad. Bien haría el ministro de Defensa en dictar un decreto que elimine esa herencia violenta del uribismo que campea en los territorios de Antioquia y Córdoba, donde los grandes terratenientes desafían las reformas progresistas en materia agraria.
En el caso del Bajo Cauca y la asonada pagada por los urabeños, erradicar este factor de violencia implica una profunda depuración de los aparatos armados del Estado. El Clan del Golfo y demás agrupaciones paramilitares son un tentáculo de los militares y de la Policía colocada al margen de la ley y la Constitución política.
En los próximos meses vamos a seguir presenciando nuevas movilizaciones populares exigiendo soluciones a sus graves problemas y mejor trato del Estado con políticas de dialogo efectivas que trasciendan el formalismo y el autismo de funcionarios dislocados de las organizaciones populares.
No creo que el auge del movimiento social este en las antípodas del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues el mismo ha llamado a los levantamientos populares para defender las reformas progresistas en el campo social y político como las de la salud, las pensiones, laboral, la justicia y las que incluye el Plan Nacional de Desarrollo.
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