Por JORGE SENIOR
El 27 de febrero se cumplen 43 años de la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19, hecho que durante dos meses convirtió a Colombia en centro de atención mundial, pues entre los 14 embajadores secuestrados estaba el de EEUU y el nuncio apostólico. La única baja letal fue la del guerrillero Carlos Arturo Sandoval Valero, nativo del Líbano (Tolima), quien no había cumplido los 18 años. El operativo fue ejecutado por el comando Jorge Marcos Zambrano, nombre de un joven caleño asesinado cinco días atrás tras ser capturado por la III Brigada del ejército, y se denominó Operación Democracia y Libertad, pues la carencia de tales derechos marcaba la realidad del momento histórico en Colombia.
La toma planteaba reivindicaciones como el levantamiento del estado de sitio y la libertad de los presos políticos. Foto tomada de El Espectador.com
Diez años antes, el 19 de abril de 1970, un fraude electoral había arrebatado la victoria a la Alianza Nacional Popular (ANAPO), evidenciando así el cierre de los caminos legales para la oposición. El golpe en Chile al gobierno legítimo de Salvador Allende en 1973 corroboró la realidad antidemocrática del hemisferio, sometido a la doctrina de la seguridad nacional que politizaba a las fuerzas armadas, volviéndolas contra sus respectivos pueblos bajo la figura del “enemigo interno”. América Latina se llenó así de sangrientas dictaduras y pseudodemocracias restringidas, militarizadas y en permanente estado de sitio.
El 14 de septiembre de 1977 el pueblo colombiano se había insurreccionado de manera casi espontánea al llamado de las centrales obreras, desatándose una represión cada vez más brutal. Al llegar al gobierno la dupla Turbay Ayala – Camacho Leyva, la imposición de un Estatuto de Seguridad sirvió de cobertura para la sistemática violación de derechos humanos. Parafraseando a Roberto Gerlein al comentar la compra de votos, podríamos decir que la tortura “se volvió costumbre” en las mazmorras del régimen en aquellos años. La respuesta del M19 fue la recuperación de miles de armas por un túnel en el Cantón Norte, humillando a la Inteligencia Militar. Inmediatamente se agudizaron las prácticas de allanamientos, torturas y desapariciones, en una cacería de brujas que afectó a gente de todas las condiciones. Simultáneamente, en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lanzaba una victoriosa ofensiva final, llenando de euforia a los movimientos populares del continente. En Colombia el número de presos políticos se multiplicó y desde las reservas democráticas del país se gestó un movimiento por los DD.HH. liderado por Alfredo Vásquez Carrizosa, mientras el M-19 se aprestaba a las vías de hecho para liberar a los prisioneros de guerra.
De seguro en estos días conmemorativos se recordarán diversos acontecimientos: el disparo al espejo, la volada del embajador uruguayo, las conversaciones dentro de la camioneta, el protagonismo de “La Chiqui” -Carmenza Cardona Londoño- haciendo la V de la victoria, el curioso nombre del embajador guatemalteco Aquiles Pinto Flores (nativo de Chiquimula), el contagioso síndrome de Estocolmo y la efervescente Villa Chiva (concentración mundial de periodistas como pocas veces se había visto). Quizás lo más significativo fue la despedida del pueblo bogotano a los guerrilleros y embajadores, cuando una romería de miles de personas se agolpó en el camino al aeropuerto, saludoando a la “comitiva” con pañuelos blancos. De los hechos quedan cientos de crónicas, una película de Ciro Durán (año 2.000) y libros como el de “La Negra” Vásquez, Escrito para no morir.
La toma dirigida por Rosemberg Pabón, hoy acérrimo uribista, planteaba reivindicaciones democráticas como el levantamiento del estado de sitio, el respeto a los DD.HH. y la libertad de los presos políticos. Pero sobre todo sirvió de plataforma de lanzamiento de la propuesta de Paz y Democracia del M-19, expuesta por Jaime Bateman Cayón en entrevista con Germán Castro Caycedo que se vendió como pan caliente, agotando las sucesivas ediciones en todos los formatos. Hoy Bateman es recordado como “el profeta de la paz”, por su visionaria iniciativa que cayó como una sorpresiva bomba en la deliberación pública, dejando atónitos tanto a la izquierda como a la derecha: un grupo insurgente proponía una tregua bilateral y abrir un gran diálogo nacional para buscar lo que años después Álvaro Gómez Hurtado llamaría un Acuerdo sobre lo Fundamental. De ahí saldrían los múltiples procesos de paz que, con mayor o menor éxito, se realizaron en Colombia y Centroamérica.
Pero muy poco se habla del otro componente de la propuesta: la Democracia. En verdad, lo que expuso el dirigente samario era el proyecto político que el Movimiento 19 de abril había consensuado en su VII Conferencia de 1979, tras varios años de maduración. El Eme era una organización distanciada del marxismo en boga, pues en su ideario recogía el legado del liberalismo social de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán, junto a los anhelos populares encarnados en el anapismo de base, conectándolos con el concepto de Estado de Bienestar de la socialdemocracia europea. La tesis de Bateman era que la revolución liberal en Colombia se vio frustrada a lo largo de un siglo debido a la hegemonía del bloque histórico conservador, que incluso terminó cooptando a la élite liberal en el Frente Nacional y excluyendo al país nacional. Tal planteamiento se inspiraba en las ideas de Antonio García, un intelectual orgánico que marca el hilo conductor entre el gaitanismo, el anapismo y el M19.
Prueba de ello es que el M19 disputó durante años con el Partido Liberal la representación colombiana en la Internacional Socialdemócrata, que fue siempre garante de los diálogos, primero con Betancur -que terminó en tragedia- y luego con Barco, que culminó con la firma de la paz. En 1990 el grupo guerrillero, ya desmovilizado, se transmutó en el partido Alianza Democrática M19 y sacó la máxima votación a la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo 19 curules de un total de 70. Allí, la concepción de democracia que el M19 lanzó durante la toma de la embajada diez años antes, se plasmó parcialmente en el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91.
Del fraude electoral de 1970 a las elecciones de la Constituyente en 1990, Colombia vivió un intenso ciclo de violencia y represión originado en la negativa de las élites a una apertura política que cimentara una auténtica democracia integral e incluyente. Fue la propuesta que emanó de la toma de la embajada la puerta que permitió la salida pacífica y la nación colombiana tuvo entonces la oportunidad de cerrar para siempre el libro de la barbarie en 1991. Álvaro Gómez Hurtado, quién había dado un asombroso giro político tras su secuestro por el M19, entendió a cabalidad que la nueva Carta era apenas el inicio para cambiar lo que él llamaba “el régimen”. Desafortunadamente, a Gómez lo asesinó la derecha que había sido su matriz. Múltiples factores impidieron la consolidación de la paz y la profundización de la democracia con instituciones incluyentes y no extractivas, con el paradójico resultado de que, tras la incipiente apertura democrática, siguió la agudización de la guerra rural. Tema complejo y de gran calado que abordo en un artículo sobre las FARC, descargable aquí.
Lo cierto es que estamos en 2020 y múltiples aspectos de la democracia liberal y de la concreción del estado social de derecho siguen siendo asignatura pendiente en nuestra nación, como bien señalan Acemoglu y Robinson en su libro Por qué fracasan los países.
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