2020 no fue el mejor año para el Ejército Nacional de Colombia, debido a una serie de escándalos que dejaron grandes interrogantes en la opinión pública. Aquí algunas de esas ‘perlas’.
El primer escándalo proviene de 2019, cuando mediante la Operación Atai la Fuerza Aérea bombardeó una zona selvática en San Vicente del Caguán para abatir a alias ‘Gildardo Cucho’, según el Ejército cabecilla de un Grupo Armado Organizado (GAO) residual E-7 que respondía órdenes de Gentil Duarte, disidente de las Farc.
En esa operación, que el presidente Iván Duque calificó de «impecable», fallecieron al menos ocho menores de edad (niños y niñas). Según el informe de Inteligencia No. 937, de uso exclusivo del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares, cinco días antes de la operación el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias ‘Cucho’ estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado. Una responsabilidad que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, no reconoció antes de dejar su cargo y tampoco ha reconocido el presidente de la República Duque, como lo señaló el informe del portal Cuestión Pública publicado en agosto 2020.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en América Latina, le dijo a dicho portal que “estos documentos confirman que el exministro de Defensa Guillermo Botero les mintió a los colombianos cuando afirmó que las Fuerzas Militares no sabían que había menores de edad en el campamento bombardeado. Conforme al Derecho Internacional Humanitario [DIH], las autoridades militares siempre deben verificar que sus ataques vayan dirigidos a objetivos militares legítimos, generen una ventaja militar y no causen afectaciones desproporcionadas a la población civil”.
Para el senador Roy Barreras, quien hizo las primeras denuncias sobre este crimen de guerra, “el hecho de que Inteligencia del Ejército reconozca en su versión que los menores bombardeados ‘ejercían una participación directa y activa de las hostilidades’, comprueba que sabían que eran menores y que fueron bombardeados en estado de indefensión, violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH) con esa justificación”.
El siguiente escándalo se dio en enero del año pasado, cuando la revista Semana (la de Ricardo Calderón y Alejandro Santos) reveló seguimientos y perfilamientos a más de 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas e incluso exfuncionarios de la Presidencia por parte de Inteligencia Militar.
Entre los seguidos estuvieron el corresponsal de The New York Times, Nicholas Casey, quien en mayo de 2019 publicó un informe que alertó sobre el riesgo de ejecuciones de civiles a manos de militares, y el director ejecutivo de la división de Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Según Semana, los batallones de ciberinteligencia recibían financiación de una agencia de inteligencia estadounidense, pero los uniformados usaban los recursos para actividades irregulares o se los robaban.
Carlos Holmes Trujillo, quien remplazó a Botero en el ministerio de Defensa, anunció en rueda de prensa la salida del servicio activo de once oficiales y de un brigadier general por estos perfilamientos.
La siguiente perla, no tan grave pero sí vergonzosa, ocurrió en mayo, cuando tres lanchas se soltaron en las riberas del río Orínoco y la fuerte corriente las arrastró a territorio venezolano. La Armada Colombiana tuvo que ponerse en contacto con la de Venezuela para reclamar su entrega.
En junio se conoció un video donde un soldado lanzaba un perro al vacío desde varios metros de altura, provocando risas de los uniformados y comentando que “se murió, se murió”. El acto reprochable ocurrió en el departamento de Nariño.
Ese mismo mes, el escándalo subió de tono. Una niña indígena perteneciente al resguardo embera katío fue violada el 21 de junio por siete soldados, en zona rural del municipio de Pueblo Rico (Risaralda).
Los uniformados fueron sancionados por la violación y secuestro de la menor, con destitución e inhabilidad general por 20 años, la máxima sanción que puede imponer la Procuraduría. Los nombres de los sancionados son Juan Camilo Morales Poveda, Yaír Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, quienes permanecen detenidos en una cárcel para militares en Bello, Antioquia.
En la actualidad hay 118 integrantes del Ejército investigados por casos de abuso sexual que involucran a menores de edad.
En septiembre un soldado mató a una mujer transgénero en un puesto de control militar en Miranda, Cauca, provocando la indignación de activistas y la condena de políticos. Asimismo, en noviembre el Ejército se pronunció luego de la muerte de dos menores de edad tras recibir varios disparos por parte de un soldado adscrito al Batallón de Infantería No. 27 Magdalena en un puesto de control.
La Institución indicó que los hechos se dieron en medio de labores de registro y control adelantados en la vereda Palmar de Obando, de San Agustín, sur del Huila. “El uniformado, presunto responsable, fue puesto a disposición de la autoridad competente para adelantar las investigaciones de rigor que permitan el esclarecimiento de estos dolorosos hechos”, señaló el Ejército Nacional.
Como si no fuera poco, hubo además serios señalamientos de corrupción cuando se conoció que el director del CENAC-Regional de Medellín (Central Administrativa y Contable) firmó el contrato de compraventa No. 044 de 2020, cuyo objeto es la adquisición de elementos de protección e higiene para prevenir la COVID-19, con una empresa creada días antes y de dudosa credibilidad. Dicho contrato presentaba sobrecostos entre cuatro y cinco veces mayores a los precios normales en los mercados mayoristas; tapabocas, gel antibacterial, hipoclorito de sodio y jabón de manos. Así lo señala el portal Pares.
Por los hechos anteriores en varias ocasiones se le ha pedido la renuncia al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pero él continua firme en su cargo y todo indica que busca una candidatura presidencial.
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