Por HORACIO DUQUE
El marco constitucional y legal que regula la gestión pública de las regalías petroleras y mineras -que consisten en la participación fiscal del Estado en la explotación de tales recursos- dispone de su organización en presupuestos bianuales administrados por la subdirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que a su vez organiza su inversión a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión/OCAD (Regionales, de Paz, de Ciencia y el Fonpet).
Los ministros de Hacienda y de Minas y Energía, Ricardo Bonilla y Andrés Camacho, han radicado en la secretaría general de la Cámara de Representantes el correspondiente proyecto para los años 2025-2026. La propuesta es por cerca de 31 billones de pesos (cerca de 8 mil millones de dólares) que es como el 1,8% del PIB colombiano.
Al entrar en el detalle de la propuesta, se encuentra que el 82,7% de los ingresos refleja las rentas corrientes (cerca de 25,7 billones, 7 mil millones de dólares) y el porcentaje diferencial de 17,3% tiene relación con otras fuentes, en buena parte el producto de ganancias financieras (5,3 billones de pesos, 2 mil millones de dólares).
Lo primero que se debe resaltar es que este proyecto de gastos permitirá ampliar el gasto social en las regiones, especialmente en los temas de agua potable, manejo de residuos sólidos, construcción de Plantas de tratamiento y seguridad alimentaria.
Mas de fondo, el presupuesto de Regalías debe mejorar la descentralización, la autonomía y la transformación de los territorios, apalancar la reactivación económica, acompañar la reorganización de la economía en el contexto de una transición energética equilibrada y la producción ambientalmente sostenible, aportar en el cierre de las profundas brechas regionales y apoyar el logro de las metas esbozadas en los planes de desarrollo de las alcaldías y gobernaciones en ejecución.
En esos términos, la descentralización y autonomía regional se ve favorecida con recursos superiores a los $29 billones, de los cuales $6,5 billones se canalizarán a regiones productoras y puertos. Otros $8,8 billones serán asignados a los departamentos para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, con potenciales para generar economías de escala en el uso de los recursos.
Dos billones de pesos serán para respaldar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $511.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible. Y $5,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo integral que necesitan los 170 municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, afectados por la corrupción en el OCAD paz durante el gobierno de Iván Duque.
Igualmente, se canalizarán $2,8 billones a los municipios más pobres para contribuir al cierre de brechas sociales y territoriales, y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del Sistema general de Regalías (SGR).
Otros $255.000 millones serán para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $432.000 millones, que deben garantizar para este fin los aportes para los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas.
En la distribución de las regalías también están $595.000 millones para los grupos étnicos del país con el fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
La Corporación del Río Magdalena (Cormagdalena) recibirá $129.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas.
Es de destacar que para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,1 billones. Así mismo, $255.000 millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR. También se destinarán $511.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción
La producción de hidrocarburos seguirá siendo, por ahora, la principal fuente de generación de regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 68% de los ingresos corrientes del SGR serán generados por el sector hidrocarburos y el 32% restante por el sector minero.
Esta propuesta del MinHacienda hay que entenderla en el modo alternativo de la gestión fiscal del gobierno que adelanta su actual titular, Ricardo Bonilla, quien desde una visión heterodoxa de la economía política está dando un vuelco al manejo del presupuesto público para replantear la “regla fiscal”, las vigencias futuras, los subsidios a los combustibles, las tarifas de la energía y las prioridades del gasto en el presupuesto para 2025 que se consolidó en $523 billones de pesos (130 mil millones de dólares) y que será aprobado mediante un decreto del presidente como consecuencia del bloqueo institucional orquestado por la ultraderecha desde la presidencia del Congreso en cabeza del senador Efraín Cepeda, un reconocido gamonal conservador de la costa caribe vinculado con situaciones de corrupción en varias entidades del Estado como el Fondo del Magisterio, la FiduPrevisora, Coljuegos, las regalías petroleras y el Sistema de participaciones fiscales.
Lo que tenemos es un manejo presupuestal del gobierno central de corte neoliberal, por parte del ministro Bonilla, que se substrae en buena medida de los cánones neoclásicos de la estructura fiscal del Estado. Todo ocurre en medio de una intensa disputa política entre el bloque progresista contra las facciones de la ultraderecha, que persiste en sus planes de golpe y bloqueo institucional al gobierno del presidente Gustavo Petro.
@HoracioDuque8
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