Por GERMÁN AYALA OSORIO
Aquella vieja narrativa que señala que “lo privado, per se, es eficiente y transparente” se viene al piso cuando se caen puentes y viaductos construidos por empresas privadas que contratan con el Estado; o cuando el gran banquero, Sarmiento Angulo, acepta ante las autoridades americanas que pagó millonarios sobornos para hacerse con el contrato de la Ruta del Sol II; igualmente, cuando aparecen “elefantes blancos”, fruto de obras públicas asumidas por particulares para su ejecución, pero que jamás fueron entregadas, con la anuencia de entes de control como las Contralorías (local, departamental y nacional) y la Procuraduría General.
A pesar de las evidencias y los tozudos hechos, la derecha neoliberal colombiana insiste en esa manida narrativa para evitar que sea el Estado el que asuma el control y la ejecución de proyectos de infraestructura. Y lo hacen, argumentando que todo lo que procura hacer el Estado queda mal hecho, de ahí los riesgos de la estatización de la salud y de las obras públicas de gran impacto, como las vías 4 y 5 G, hoy en manos de empresas privadas y de filiales del conglomerado Sarmiento Angulo, para beneficio del cuestionado banquero.
Lo cierto es que estamos en un círculo vicioso en el que gira el ethos mafioso que guía las actividades de los agentes privados que se presentan impolutos y los estatales, cómplices de los primeros, bien por miedo a asumir los controles correspondientes o porque hay coimas de por medio, o en su defecto, presiones de congresistas a los que aquellos funcionarios públicos les deben los puestos.
Por estos días, las EPS más grandes (Sura, Sanitas y Compensar) salieron a generar pánico entre sus afiliados, diciendo que no contaban con los recursos suficientes para operar, en parte porque, según estas, el valor de la UPC es insuficiente para atender a cada uno de los pacientes. El gobierno se defiende diciendo que los recursos se giran a tiempo y que le pedirá a la Superintendencia del ramo que revise con lupa a dichas entidades. Lo que no se puede dejar de decir que varias EPS usaron recursos para financiar campañas políticas e incluso, para apoyar estructuras paramilitares.
En medio de la tensión entre el gobierno y las EPS, vuelve entonces la narrativa a circular: “es que, con la reforma a la salud, se estatizará el sistema y ello sería perjudicial porque volveríamos a los tiempos del ISS”. Y vuelve a desconocerse el factor clave que llevó al colapso al sistema de aseguramiento del Seguro Social: la corrupción política y administrativa que incluso tocó a médicos que no atendían a los pacientes, porque estaban atendiendo sus consultorios privados. Hay que aclarar que recibían el salario estatal mientras cobraban las consultas particulares.
Lo cierto es que ni un sistema estatizado, ni un sistema mixto servirá en Colombia hasta tanto no proscribamos el ethos mafioso que guía la vida de congresistas, empresarios, banqueros, presidentes y miembros de sindicatos que negocian sus pliegos con sus patronos, por debajo de la mesa; contratistas y empleados oficiales y públicos y ciudadanos del común.
Mientras no tomemos conciencia sobre la necesidad de proscribir ese ethos mafioso que ya naturalizamos, seguiremos escuchando la señalada narrativa que pone a lo privado como lo puro, legítimo, lo limpio, cuando lo que a diario ve el país es todo lo contrario: seguirán cayéndose puentes y viaductos; apareciendo “elefantes blancos” y claro, escándalos por corrupción, como los carteles de la hemofilia, de la toga. Solo falta que aparezca el Cartel de la Halitosis. Lo curioso de todo es que dichos escándalos poco les preocupan a sus protagonistas porque estos hace rato hicieron sus análisis desde las lógicas de la economía del crimen: pagan dos años de “cárcel” en la casa, devuelven algo de dinero y con sus fortunas guardadas, siguen en la vida pública listos para seguir contratando con el Estado.
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