Por CAMILO GONZÁLEZ POSSO*
El trasfondo que presentan las declaraciones de Mancuso ante la JEP corresponde a la versión del héroe criminal que salva a la sociedad, viéndose obligado por las circunstancias a cometer crímenes atroces.
Toda la empresa criminal del paramilitarismo y la responsabilidad del Estado y de los múltiples aliados se quiere presentar como una obligada operación de salvamento, en la cual los errores y excesos son de buena fe, o son la única opción impuesta por el enemigo.
El excomandante de las ACCU y de las AUC no arma su defensa para negar los crímenes cometidos, por el contrario, reconoce de manera selectiva los que le sirven a su relato heroico y omite referirse a aquellos que comprometen a los más poderosos entre sus aliados.
No obstante la desmemoria de Salvatore Mancuso, sus declaraciones permiten mirar hacia otras dimensiones de lo que estaba en juego con las operaciones de expansión del paramilitarismo en los años 90.
Esas dimensiones ocultas del paramilitarismo dirigen la atención al componente de impunidad que los aliados de la empresa criminal necesitaron construir para que la atención de la justicia y la responsabilidad histórica recayera unilateralmente sobre las estructuras armadas ilegales que se encargaron de hacer a la luz pública el trabajo sucio con todo el repertorio del horror y la degradación humana.
Las versiones de los jefes paramilitares en los procesos de justicia y paz coinciden en mostrar el contubernio con miembros de las Fuerzas Armadas, y con muchos otros, para las campañas militares, pero dan solo señales, o dejan en la dimensión oculta, la utilización de operaciones de guerra para crear condiciones o fortalecer grandes proyectos que requerían pasar del control territorial y militar a la seguridad inversionista y a la concentración de tierras o de títulos mineros o para proyectos agroindustriales y forestales. Salvatore Mancuso, Helber Velosa, Fredy Rendón, Ramiro “Cuco” Vanoy, Iván Duque Gaviria, entre otros que pasaron por los tribunales de justicia y paz, lo insinúan en sus declaraciones, pero no es el centro de su defensa ni de sus verdades a medias.
Expedientes como el del Parqueadero Padilla y más de 16.000 compulsas de Justicia y Paz entregadas a la fiscalía general de la Nación en la última década, contienen material suficiente para relacionar las operaciones de expansión paramilitar con los intereses implícitos en megaproyectos en Urabá, Ituango, Valle y Norte del Cauca, Costa Caribe, Norte de Santander, Orinoquía, Putumayo, Nariño y otros.
Está por investigar a fondo la economía política del complejo paramilitar que no se reduce a los negocios de tierras, minería, ganadería o narcotráfico de los jefes de las AUC, Bloque Central Bolívar y otras estructuras armadas ilegales al servicio del enriquecimiento ilícito de los comandantes, de narcos menos visibles y mafiosos de varios calibres. El núcleo de esa empresa criminal es una forma de acumulación capitalista violenta que pone las armas propias, ajenas o cómplices, al servicio de proyectos de inversión y de captura y cooptación del Estado para retroalimentar intereses privados.
* Camilo González Posso fue ministro de Salud y es director de Indepaz.
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