La violencia originada por movimientos subversivos, bandas criminales y delincuencia común, tiene profundos efectos en la vida social e impactos muy negativos en la actividad económica.
El crimen es un factor que debilita sustancialmente a la sociedad y crea un escenario adverso para la tranquilidad personal y la seguridad ciudadana, arrastrando consigo las posibilidades de un avance más efectivo del dinamismo económico.
A finales de 2024 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe sobre “Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de estimaciones para América Latina y el Caribe”, en el cual señala que el impacto en esta fracción del Continente por efectos de la inseguridad, alcanza el 3,4% de su Producto Interno Bruto, un indicador realmente aterrador por lo que representa en términos de desarrollo económico y el impacto que tiene sobre la inversión pública y privada, lo cual evidentemente debilita el crecimiento, perjudicando a amplias capas de la sociedad y creando expectativas poco halagüeñas entre los inversionistas.
Y es que no nos podemos llamar a engaños sobre el efecto negativo que tiene la divulgación nacional e internacional de noticias, en las que se relata la crueldad de los actos criminales en ciudades tradicionalmente tranquilas, y que ahora son emblemáticas en términos de violencia.
La primera reacción local es la del miedo ciudadano, así las muertes violentas se den en el marco de enfrentamientos entre grupos ilegales. El segundo efecto es la disminución de las actividades sociales, especialmente en sectores del entretenimiento y el turismo. Un tercer aspecto, es la pérdida de credibilidad y confianza en la institucionalidad pública. Un cuarto elemento es el aplazamiento de la inversión privada tanto local como foránea. Al final, el resultado es un proceso recesivo, con efectos en la calidad de vida de las personas de aquellos territorios en los cuales se concentra el crimen.
Frente a este panorama, es claro que las autoridades locales deben actuar con decisión para frenar la escalada de violencia, crear un ambiente de tranquilidad y seguridad y disipar los temores del empresariado. Para ello es necesario un proceso continuo de concertación, no sólo con las autoridades judiciales y de policía, sino también con diferentes actores sociales y económicos.
La violencia se combate obviamente con una acción decidida por parte del Estado en materia de seguridad, pero ese no es el único camino; también se requiere de una mayor inversión social, reducción de las brechas económicas e inclusión de amplios grupos poblacionales, que hoy están marginados y enfrentan graves problemas originados por la pobreza extrema.
@humbertotobon
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