Con la reciente noticia del alza en el diésel, que afecta principalmente a los camioneros, se ve venir un paro de transporte que seguramente será aprovechado por la prensa y la oposición para avivar la narrativa que sostiene que «el país está hecho un desastre» por cuenta del primer gobierno de izquierda que ha tenido esta república.
Por supuesto, los paros y movilizaciones son expresiones del descontento de algún sector de la población (estudiantes, maestros, trabajadores del sector salud o justicia, campesinos, en fin) o incluso del grueso de la población, caso en el cual se habla de paros cívicos nacionales. Es decir, son un termómetro para medir a un gobierno.
En este sentido, viene bien hacer una rápida comparación de la protesta social de estos primeros dos años con la de años anteriores, los primeros dos del gobierno Duque o del gobierno Santos, y quizás un poco más allá. Solo en el primer año (a agosto de 2019), Iván Duque acumulaba 103 días de paro: 66 días de los estudiantes, 49 días de paro judicial 26 de paro indígena, 8 de los maestros y un día de paro nacional. Memorables son el paro nacional universitario de 2018, los paros nacionales de noviembre y diciembre de 2019 y de abril de 2021 (este último ya en el tercer año de Duque), que devino en el estallido social que todos conocemos y la represión brutal de que este fue objeto.
Pocos años antes, la transición entre los gobiernos de Uribe y Santos se dio en el fragor de la “Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Segunda y Definitiva Independencia”, que concentró en Bogotá a más de 17 mil representantes de 220 organizaciones indígenas y sociales del país y que tenía como antecedente la minga indígena de 2008. Una de las frases inolvidables que salieron de la boca del presidente Santos fue “Ese tal paro agrario no existe”, y ahí fue Troya; era agosto de 2013, tercer año de su gobierno y en el cual hubo el mayor número de protestas desde 1975.
Toda la protesta social de los años anteriores fue un antecedente para que la izquierda llegara al poder en 2022, un gobierno que también en el sentido de la movilización ha sido el “gobierno del cambio”, pues al filo de los dos años en el poder, y siendo el que mayores garantías ha dado a la protesta, no ha experimentado un paro de considerable magnitud. Ha habido multitudinarias marchas de la oposición y en los días en que escribo esto se adelanta un cese de actividades —paradójicamente— en el Ministerio del Trabajo. Y también con cierto contrasentido, pues este gobierno les ha expresado una solidaridad y comprensión que hasta molesta a algunos sectores, los detenidos por el estallido social adelantaron en abril pasado una huelga de hambre. Sin embargo, paros de aquellos que paralizan el país, como los de transporte o campesinos, que causan desabastecimiento y ejercen alta presión a los gobiernos, no ha habido.
Completar dos años sin paros de gran calado por supuesto puede ser leído como el resultado de un gobierno que ha sabido estar en sintonía con las causas populares: las del estudiantado, las de los trabajadores, las de los taxistas, campesinos, etc.
De lo que sí podemos estar seguros es de que Petro no pasará invicto, y ya hay rumores de paro que vienen, por ejemplo, de Fecode, el sindicato que reúne a los maestros, rumores quizás avivados por la traumática transición de su modelo de salud. O del transporte, con este detonante del alza en el precio del diésel.
De cualquier modo, conviene preguntarse si la ausencia de paros mayúsculos en estos dos años no pone en entredicho la tan cacareada altísima desaprobación del gobierno (65 %). Yo creo que no es tan alta como dicen las encuestas, ni tan baja como el mismo gobierno cree. Por ahora, ni el ‘aplastante’ poder de convocatoria de Polo Polo ha podido fraguar un paro nacional.
Amanecerá y veremos.
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