En el engañoso debate entre tecnócratas y políticos aparece la formación académica como un factor de clase que sirve para descalificar los recientes nombramientos del presidente Petro en el Departamento de Prosperidad Social, Planeación Nacional y Gestión del Riesgo (UNGRD).
Durante décadas la derecha colombiana, compuesta por tecnócratas y políticos neoliberales, hizo que profesionales de distintas áreas de formación universitaria asumieran ministerios y departamentos administrativos sin tener experiencia alguna, pues bastaba con hacer parte de cofradías políticas y académicas atadas pertenecientes a universidades privadas -como el Externado, Javeriana y los Andes- atadas a los sempiternos nidos clientelares negociadores de cuotas burocráticas en todos los gobiernos.
La entrega de ministerios a cada colectividad se hacía para que los puestos se entregaran a ‘corbatas’, o sea a políticos inescrupulosos, parásitos y corruptos. Eso en la minucia burocrática. Ya en el marco general de las políticas macroeconómicas, todos los gobiernos de derecha le apuntaron a concentrar más la riqueza en pocas manos, así como la tierra; acabar con la agricultura de subsistencia para premiar el modelo de la gran plantación para monocultivos de caña de azúcar y palma africana. Al final, por más de 30 años de gobiernos uribistas, la extrema pobreza y la desigualdad crecieron exponencialmente.
Volvamos al tema de los perfiles de los ministros. Alejandro Gaviria Uribe es ingeniero civil y fue ministro de Salud durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Además haber defendido a las EPS y de evitar controlarlas en el manejo de las reservas técnicas, Gaviria es responsable políticamente de los desastres financieros de varias de esas entidades, convertidas en nidos de corrupción.
En ese tiempo la prensa que hoy se sorprende por las designaciones del presidente de la República, jamás se preguntó qué hacía un ingeniero civil en la cartera de salud. Ese hecho, hoy, no cuenta para el grupo de periodistas afectos al “viejo” régimen que critica los nombramientos de Petro, en particular el de Alexander López Maya en Planeación Nacional porque es abogado y no economista. Si fuera egresado de los Andes y de derecha, a lo mejor no generaría tanto rechazo.
Pasar por una universidad privada o pública no es garantía de que sus egresados, una vez metidos en la política electoral, exhiban un ejemplar comportamiento ético y moral. Como tampoco es garantía de que serán excelentes profesionales. Por el contrario, hay abundantes casos de egresados de prestigiosas universidades privadas que resultaron condenados por actos de corrupción. Andrés Felipe Arias es un claro ejemplo: fue condenado a 15 años por el manejo irregular de millonarios recursos del programa Agro Ingreso Seguro es economista egresado de la Universidad de los Andes.
Le cabe razón a El Espectador cuando dice en su editorial que “en últimas, un presidente tiene el derecho de armar sus equipos como considere y es algo que, por cierto, han hecho todos los mandatarios. Que alguien no tenga experiencia en el Estado no implica, de por sí, que no pueda ser un buen ministro o director de entidad pública. Los “técnicos” que llevan mucho tiempo en el poder (y aquí no nos estamos refiriendo puntualmente a los exfuncionarios del gobierno Petro, sino en general) han fallado de muchas maneras, por lo que es engañoso presumir que con una sola palabra se puede desacreditar cada nombramiento”. Llama la atención el cuidado del editorialista al evitar hablar de corrupción en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque de la que hicieron parte tecnócratas, por acción u omisión.
La gran prensa bogotana pone el foco en las maneras para no mirar el fondo. Y el problema de fondo es la corrupción público-privada y el ethos mafioso, el mismo que permitió los sobrecostos en la compra de los carrotanques de parte de la UNGRD. Si se examina el asunto, en ese entramado de corrupción hay profesionales universitarios. Ese mismo ethos guio las decisiones de los congresistas que aparecen en la red de corrupción conocida como Las Marionetas. El excongresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático, abogado, con estudios de posgrados en prestigiosas universidades privadas, está imputado y en la cárcel por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que hemos visto por décadas en Colombia es presidentes de la República cómplices de la corrupción; animadores del ethos mafioso y defensores de sus ministros y congresistas, a pesar de estar señalados de cometer delitos graves. Recordemos la frase célebre de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la parapolítica: “les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos”. Y la defensa a rabiar que hizo de su pupilo, Andrés Felipe Arias, a quien el expresidente y expresidiario y los del CD lo consideran una víctima de la justicia.
El problema no es de títulos académicos, el asunto de fondo es que el ethos mafioso se naturalizó de tal forma en el país que pasar por una universidad ya no es garantía de profesionalismo, pulcritud, decencia, probidad y capacidad para gerenciar asuntos del Estado. La realidad es que hay una élite mafiosa que se forma en las mejores universidades privadas de Colombia y del mundo, para hacer parte del Estado y dar rienda suelta a sus mezquinos intereses de clase y a sus vanidades.
@germanayalasor
Sobre el autor o autora
