Por RUBÉN DARÍO CÁRDENAS*
Comparto las reivindicaciones que llevaron a Fecode a convocar a un paro nacional: el Estado debe garantizar una educación pública gratuita y de calidad, incluyendo la educación preescolar y la educación superior. La aprobación de los llamados “bonos escolares” abriría la puerta para que se favorezca la educación privada en desmedro de la educación pública. No obstante, otros aspectos de la lucha sindical que se han enarbolado en las últimas semanas merecen ser examinados con detenimiento.
Alguna vez pregunté: ¿dónde tienen estudiando a sus hijos los maestros y directivos del sector público? La respuesta es sorprendente: la mayoría de los profesores y directivos tienen inscritos a sus hijos en colegios privados. ¿Cuál es la razón? ¿Desconfían del sistema educativo oficial, desconfían de su propio ejercicio pedagógico? Un análisis sensato de estos interrogantes puede dar pistas sobre el deterioro en la calidad que se percibe en la educación oficial.
Fecode debe enfocar su lucha en fortalecer la calidad de la educación pública. ¿Por qué el sindicato nunca ha mostrado este nivel de beligerancia ante el manoseo de los recursos destinados al PAE? ¿Por qué no ha convocado estas mismas marchas para denunciar los contratos destinados a “elevar la calidad de la educación” que no corresponden a los vergonzosos resultados de los estudiantes de planteles oficiales? ¿Por qué se han quedado callados ante el modelo de “los colegios en concesión” que fortalece la educación privada? ¿Por qué no se han movilizado ante los “elefantes blancos” en materia de infraestructura? ¿Hasta dónde el clientelismo y la corrupción han permeado la dirigencia sindical?
La ministra de educación, Aurora Vergara, no ha cerrado la puerta al diálogo, por el contrario, tiene claro que debe aprovecharse este momento para que se resuelvan asuntos sensibles relacionados con la calidad de la educación. Como profesor y directivo docente de una institución pública, no entiendo por qué el paro tiene, entre sus propósitos, que las evaluaciones censales no sean determinantes en la evaluación general a los maestros.
Siento que pecamos de determinismo social cuando a rajatabla se argumenta que no pueden compararse las condiciones sociales de los sectores populares con las condiciones de los niños de estratos medios y altos. Es cierto que hay distancia respecto a las condiciones de bienestar –alimentación, vivienda y problemas que generan presión emocional-, pero estas diferencias no pueden utilizarse para justificar los pésimos resultados de la educación pública. En los años setenta y ochenta las instituciones oficiales competían a nivel nacional con los altos puntajes de sus egresados. Recuerdo en mi ciudad el Colegio Santa Librada, el Politécnico, el colegio Eustaquio Palacios, el INEM, entre otros. ¿Qué ha pasado con el sistema educativo que ahora hasta las familias de escasos recursos prefieren matricular a sus hijos en los llamados “colegios de garaje” antes que en colegios oficiales?
No nos digamos mentiras: algo grave está pasando con la educación pública para que se nos meta en el mismo costal de lo que piensa y dice la gente: “en las escuelas del gobierno se pierde demasiado tiempo”, “en los colegios públicos los estudiantes salen mal preparados y con esos puntajes tan bajos no pueden entrar en las universidades”. La educación superior es uno de los pocos medios para que los jóvenes de sectores populares logren una real movilidad social y laboral. En Cali, menos de un 12% de la totalidad de estudiantes de las instituciones públicas obtienen los puntajes mínimos para ingresar a la universidad. ¿Con qué autoridad moral Fecode hace suya la reivindicación del derecho al ingreso a la educación superior?
Si la evaluación del docente no está atada a su labor en el salón de clase, ¿de qué otra manera se le puede evaluar? Si un docente, año tras año, muestra un bajo desempeño frente a sus estudiantes y no demuestra planes de mejoramiento que impacten de forma efectiva los grupos a su cargo, no podrá ampararse más en la excusa de decir que se trata de niños “pobres”. Con una evaluación docente, este maestro deberá dar cuenta de su trabajo en el aula, de su función de profesor y de los cambios hechos en sus prácticas de aula. No estoy a favor de que la evaluación sea punitiva e implique el despido del maestro, pero si debe comprometerlo en su formación para que asuma que su acción pedagógica solo puede demostrarse en los procesos educativos de sus estudiantes.
No hay otra manera. Las pruebas censales son un insumo insoslayable, el asunto es que –digámoslo sin rodeos- muchos maestros (los que tienen a cargo estudiantes que una y otra vez obtienen resultados desastrosos) no hacen la tarea y pretenden seguir en su trabajo como si nada. ¿Qué suerte corren los estudiantes que pasan por sus manos?
El gobierno actual ha venido haciendo cambios que pretenden mejorar la calidad educativa, atendiendo los problemas de conectividad e infraestructura. Según los datos del Ministerio de Educación, 600 escuelas han sido mejoradas en 21 meses de gobierno. También se han abordado mejoras en relación a la formación del docente, para ello ha sido puesto en marcha el “Poder pedagógico popular”, un programa que ofrece oportunidades a 25.000 maestros para formarse en licenciaturas, maestrías y doctorados. Los sindicatos no pueden insistir más en el discurso de “las condiciones precarias” de las escuelas públicas, deben unirse a la acción del Estado para que la educación pública contribuya a romper los ciclos de inequidad que se fomentan precisamente desde la escuela, cuando a nuestros niños y jóvenes no se les garantiza una educación de calidad.
Por el contrario, Fecode ha puesto palos en la rueda a los programas de cualificación docente, acreditados y acogidos por los mismos maestros. Programas como el PTA (Programa Todos a Aprender), en el que a nivel nacional se seleccionaron docentes, cualificados con maestrías y doctorados, para trabajar en el aula en el desarrollo de competencias comunicativas y matemáticas -en trabajo de pares, situado y acordado con los profesores de las instituciones públicas-, no fueron respaldados por Fecode, lo que llevó a que los maestros no se comprometieran con el mejoramiento de sus prácticas de aula y a que este programa, como tantos otros, fracasara.
Dignificar la labor docente tiene que ver con mejores salarios, con incentivos direccionados al bienestar de sus familias, con el apoyo irrestricto a sus estudios y su ascenso en el escalafón; con estímulos económicos cuando sean llamados a capacitar y formar a otros maestros. Lo anterior va de la mano con realizar cambios en los procesos formativos de las escuelas normales y en el proceso de selección de los docentes. Nuestros niños y jóvenes merecen estar en las mejores manos.
Esta es una buena oportunidad para mejorar los insumos en la evaluación del desempeño docente. Los maestros tenemos derecho a la protesta, a la defensa de nuestros derechos, y este mismo carácter aguerrido debemos demostrarlo en las aulas de clase, entregando lo mejor de nuestra formación a nuestros estudiantes. ¿Por qué un mismo maestro se comporta de manera distinta en una institución pública y en una institución privada? ¿Por qué cambia su compromiso cuando logra una plaza en una escuela oficial? No logro entenderlo. ¿Dónde queda el compromiso social? ¿Dónde queda el discurso de la lucha por la igualdad si con la mediocridad, en la que caen tantos docentes, se condena a nuestros alumnos a quedar relegados por la dificultad de aspirar a oportunidades técnicas y universitarias?
El sindicato dice que la evaluación sí, pero no así; ¿entonces cómo? Esta es la oportunidad para robustecer y mejorar la educación pública. Estamos formando niños y jóvenes que deben enfrentarse a un mundo cada vez más exigente en competencias comunicativas, investigativas y digitales, cómo no reconocer las ventajas de unos estándares que plantean unos topes mínimos en la formación de cualquier chico. ¿De qué otra forma garantizamos la inserción de nuestros estudiantes en el mercado laboral, sin importar el rincón del mundo en el que sean requeridos sus servicios?
Insisto en este punto: bien por Fecode que defiende la educación pública, sin embargo, debería demostrar la misma beligerancia en garantizar que esta sea una educación de calidad. Ser gobierno, como ahora lo somos, incluye la autocrítica. Está muy bien pararse en la raya ante la calamidad que se iba a aprobar en la ley estatutaria, ese mismo ímpetu debe mantenerse en la lucha por hacer entender al magisterio que el cambio está en nuestras manos: si queremos romper los ciclos de violencia debemos hacer de las escuelas espacios seguros y confiables en los que los estudiantes se beneficien de una formación integral, oportuna, destacada por su excelencia y que puedan llegar con buenos resultados a la educación superior.
Mis maestros en la Escuela Normal repetían: “ser maestro” es como ser un super héroe, los estudiantes deben sentirse orgullosos de gozar de la influencia de un buen maestro, deben querer imitarlo, seguirlo, interiorizar sus principios éticos y dejarse contagiar por su amor al conocimiento. Nuestro trabajo merece los mejores salarios porque es una labor en la que cada día debemos dejar caer el telón para inspirar –a quienes están bajo nuestro cargo- a ser mejores seres humanos, para que sean los transformadores del mañana.
La evaluación nos permite conocer cómo somos percibidos por nuestros jóvenes y por los padres de familia, pero no debe centrarse solo en el profesor: cada componente del sistema debe ser evaluado de manera permanente. ¿Cómo se evalúa el destino de los recursos que manejan las entidades territoriales? ¿De qué manera se evalúa a los contratistas encargados de la capacitación docente?
¿Por qué el sindicato no confronta el impacto de las secretarías de educación en referencia a la calidad educativa? ¿Por qué no revisa los acompañamientos que estas mismas secretarías deben ofrecerle a los maestros para que hagan un mejor uso de los resultados de las pruebas externas y se conviertan en planes de mejoramiento verificables?
Contamos con 70 billones de pesos para la educación. La tarea de la agremiación sindical debe ser la de velar que los recursos se inviertan bien, que se supervisen las elevadas sumas destinadas al fortalecimiento de la capacitación docente, que corresponda con las necesidades y los contextos de las regiones y se sienta su impacto en los resultados de nuestros estudiantes en las Pruebas de Estado.
Romper la enorme brecha entre la educación pública y la educación privada exige brindar educación de calidad. La lucha sindical debe unirse a la tarea del gobierno de desenmascarar los entramados corruptos que muerden del presupuesto destinado a mejorar la calidad de la educación.
Los maestros que, en estos días de paro, acompañan a sus estudiantes en las aulas merecen nuestro aplauso: perseverar en su tarea formativa es la mejor manera de defender la educación pública. Un libro y un buen acompañante en el mundo del saber –el maestro- hacen la diferencia en la vida de un niño.
* Rubén Darío Cárdenas nació en Armenia, Quindío. Licenciado en Ciencias Sociales y Especializado en Derechos Humanos en la Universidad de Santo Tomás. 30 años como profesor y rector rural. Fue elegido mejor rector de Colombia en 2016 por la Fundación Compartir. Su propuesta innovadora en el colegio rural María Auxiliadora de La Cumbre, Valle del Cauca es un referente en Colombia y el mundo.
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