Pocas horas después de que el presidente Petro anunciara la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, se activó el bloque político-mediático con el que se rechaza la decisión presidencial. El fiscal Barbosa y Caracol Noticias lideraron la andanada contra la designación. Barbosa, declarado enemigo de la paz y principal opositor del gobierno, dejó entrever que se opondría a que Mancuso una vez en el país pudiera cumplir en libertad las tareas propias de un gestor de paz: viajar por los territorios llevando un mensaje de reconciliación. Mancuso aceptó el llamado del presidente, pero hay circunstancias contextuales que podrían hacerlo retroceder o impedirle que cumpla con un encargo del que aún hay muchas dudas sobre sus objetivos políticos y sociales.
Por las huestes del uribismo, el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez tildó a Mancuso de mentiroso cuando ha dicho que las AUC fueron determinantes en su elección y reelección. Y sugirió tener en cuenta a Jorge 40, paramilitar cuyo hijo fue elegido en 2022 representante a la Cámara por el Cesar, La Guajira y Magdalena. Aunque Uribe aclaró que no es amigo de Jorge 40, el país sabe qué hay detrás de su propuesta, nada inocente.
Así, en medio de un rechazo generalizado de la derecha al nombramiento de Mancuso como gestor de paz, el presidente Petro presiona a la JEP para que decida si acepta o no al exlíder paramilitar como compareciente. Sería en ese momento cuando Barbosa y la Corte Suprema de Justicia podrían hacer un bloque jurídico-político para evitar que Mancuso quede libre una vez llegue a Colombia a cumplir las penas pendientes, siendo gestor de paz.
Las amenazas en su contra, que bien pueden provenir de la élite política y económica sobre la que Mancuso ha entregado información de manera privada a la JEP, o de los mismos militares a los que señaló en su reciente declaración ante los magistrados de la JEP, son un factor que podría echar al traste la designación presidencial.
Mancuso le debe al país información sobre la paraeconomía, o sea sobre los agentes que se aliaron a la causa paramilitar mediante el lavado de activos, el tráfico de armas y narcóticos y, por supuesto, la financiación de sus actividades. Quizá quienes tempranamente se oponen a su nominación como gestor de paz, le están haciendo un favor a los agentes económicos de la sociedad civil que patrocinaron el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y los delitos de lesa humanidad que cometieron las AUC.
Lo cierto es que el programa “Justicia y Paz” de Uribe resultó todo un fracaso como política de sometimiento y esclarecimiento de los hechos relacionados con la violencia paramilitar. Le corresponderá al nuevo fiscal que elija la Corte Suprema, asumir la inaplazable tarea de revivir los procesos que varios fiscales generales archivaron o ayudaron a que marcharan a paso de tortuga. Hay que tener en cuenta que esa misma Corte puede rechazarle varias veces las ternas que presente Petro, con el propósito de garantizar la continuidad, en cuerpo ajeno y en franca interinidad, de la nefasta administración de Francisco Barbosa.
ADENDA: Los mismos que hoy arrancan sus cabellos en agonía porque Petro nombró gestor de paz a “un bandido, un asesino”, olvidan que fue él quien presidió el grupo de paramilitares que en 2004 fueron recibidos a manteles y aplaudidos en el Congreso de la República, durante la primera presidencia de Álvaro Uribe.
@germanayalaosor
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