Mientras una parte del país se indigna en las redes sociales por la ola de violencia que enluta a familias asentadas en territorios rurales y urbanos, hay otra que disfruta o aplaude las masacres consecutivas presentadas en los últimos días en Colombia. Estos últimos son los que apelan al eufemismo «homicidios colectivos» para minimizar la gravedad de las horrendas masacres perpetradas por sicarios paramilitares en contubernio con agentes estatales.
Las hipótesis oficiales siempre indicarán que se trata de ajustes de cuentas o retaliaciones entre bandas de narcotraficantes, o de “limpieza social”, sin son hechos acaecidos en territorios urbanos; o luchas territoriales entre grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las antiguas Farc-Ep. O incluso, recogerán la “justificación” de un periodista de Noticias Caracol, que indicó que los muchachos masacrados en Samaniego estaban incumpliendo las normas sanitarias y de confinamiento vigentes en el marco de la pandemia.
En esta columna lanzo dos hipótesis para tratar de explicar lo que viene sucediendo en Colombia en los últimos días. La primera dice así: las masacres perpetradas en las zonas rurales hacen parte de un plan para generar masivos desplazamientos de familias campesinas, cuyas tierras interesan a terratenientes, narcotraficantes, ganaderos y empresarios del campo; esto ocurre gracias a la decisión del actual Gobierno de no hacer presencia institucional en esas zonas, más allá de destacamentos militares desplegados no para perseguir a los bandidos y evitar las masacres, sino para hacer presencia una vez estas se cometen. Es decir, allí la presencia armada del Estado solo tendría fines ornamentales.
Segunda hipótesis: los sicarios narco-paramilitares que deambulan por esos territorios rurales donde el Estado brilla por su ausencia, estarían haciéndole la tarea a una parte del Establecimiento que apoya los intereses del llamado “uribismo”, generando un ambiente de terror colectivo que precipite la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así las cosas, las masacres perpetradas en los últimos días estarían pensadas para preparar una reacción del gobierno central, con miras a decretar un estado de conmoción interior que, sustentado en la ocurrencia de estos y otros crímenes o atentados por venir, conduzca a dicha convocatoria. Una vez instalados sobre este escenario, el “uribismo” buscaría reformar la Justicia y reducir las Cortes, para impedir el juzgamiento del mesías de Salgar.
La bisagra que articula a esas dos hipótesis nace de la situación jurídica en la que está Álvaro Uribe Vélez y la consecuente crisis de dirección que hoy vive el Centro Democrático (CD).
Los hechos de violencia permiten pensar que un sector poderoso del actual régimen está empecinado en “hacer invivible la República”, consigna practica por el dirigente ultraconservador Laureano Gómez, de ingrata recordación.
No podemos descartar que existan conexiones entre quienes apoyan sentencias guerreristas (como “bala es lo que hay», «plomo es lo que viene”, “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo final”, “si meten preso a Uribe incendiamos el país”, o “si meten preso a Uribe aténganse a las consecuencias”) y los agentes armados ilegales que ejecutaron las masacres recientes de niños, jóvenes y campesinos colombianos.
@germanayalaosor
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