Por GERMÁN AYALA OSORIO
La lucha por la tierra en Colombia no cesa. Ahora se suman a los factores de acaparamiento los Menonitas, una comunidad religiosa que ampara su derecho a la tierra tomando como justificación la lectura -o más bien su interpretación- de la Biblia.
La concentración de la tierra en pocas manos obedece en gran medida a factores agroindustriales, asociados a procesos de extranjerización o bancarización que, junto al fenómeno paramilitar, vienen dejando al Estado sin tierra disponible para cumplir con la promesa de Gustavo Petro de hacer la reforma agraria con la que el país asegure la soberanía alimentaria, la misma que las políticas neoliberales y la violencia en los campos pusieron en crisis.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para frenar la deforestación, el Estado sigue siendo un testigo inmóvil de la depredación de estratégicos ecosistemas naturales-históricos, por vía de la potrerización y la avanzada de monocultivos diseñados para producir “comida para los carros”: etanol.
Sabíamos de la acumulación irregular de baldíos en la altillanura por parte de empresas nacionales y extranjeras, dedicadas a la siembra de agrocombustibles (palma africana y caña de azúcar). Sobre esos procesos la Contraloría General de la Nación en cabeza de Sandra Morelli publicó un informe donde comprometía a empresas como Mónica Semillas, la familia Sarmiento Angulo y los ingenios Manuelita y Rio Paila. Ahora se suma la presencia de los Menonitas. De acuerdo con las pesquisas hechas por el senador Wilson Arias Castillo, estos Menonitas no hacen parte de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia. Por lo anterior, en esta columna se hace referencia en particular a la comunidad Menonita de Puerto Gaitán (Meta).
En un debate al interior del Congreso, el senador Arias Castillo señaló que “la mayoría de los menonitas que habitan las colonias en Colombia tienen pasaporte mexicano. Las primeras denuncias por adquisición de tierras se dieron desde 2016, pero conocemos registros de compras de predios de 2017 a 2022. Se dedicaron al cultivo de soya y maíz, principalmente, con inversiones iniciales cercanas a 20 millones de dólares. Entre por lo menos 27 empresas que constituyeron y 177 personas de la comunidad han adquirido 53 predios. Se resalta que la UAF en Puerto Gaitán está entre 1.360 a 1.840 has.
Un dato importante a tener en cuenta es que el 75% de las escrituras públicas mediante las cuales adquirieron los predios, fueron realizadas en la notaría de Puerto López. El restante 25% se hicieron en varias notarías de Bogotá, por más de 15.000 millones de pesos. Todos estos notarios fueron nombrados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez junto con el entonces ministro Fabio Valencia Cossio, quien ha sido señalado por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Varios de estos notarios ostentan numerosos predios a su nombre y realizaron inscripciones de bienes en Puerto Gaitán por valores superiores a los 4.000 millones de pesos”.
Le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, al ministerio del Medio Ambiente, la Contraloría General e incluso la DIAN y a Migración Colombia revisar lo que a cada entidad le compete, sobre la presencia de estas comunidades en el sur del país. De igual manera, a la Superintendencia de Notariado y Registro revisar con lupa los procesos de registro de los predios.
El acaparamiento de tierra en Colombia se hace en función de un modelo económico extractivista y por tanto insostenible, lo que deja como resultado la pérdida de biodiversidad y salinización de millones de hectáreas, por cuenta de los procesos productivos asociados a monocultivos, en particular a la caña de azúcar; desplazamiento forzado de pueblos ancestrales, la potrerización de selvas y llanuras. Permitir que a esos procesos se una la dimensión religiosa que exponen los Menonitas al justificar su presencia gracias a una relación “consustancial” con la tierra, es hacer más compleja la tarea de lograr la reforma agraria que el país reclama.
@germanayalaosor
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