Por GERMÁN AYALA OSORIO
En las discusiones sobre si el Metro de Bogotá debe ser elevado o subterráneo aparecen asuntos técnicos, presupuestales y políticos que no se reducen exclusivamente a un conflicto de egos, aunque ahí sí está la disputa entre la alcaldesa Claudia López Hernández y el presidente Gustavo Petro. En lo que corresponde al ámbito de la política, los medios se encargan de soslayar un factor de fondo que no contemplan quienes le siguen apostando a someter el Metro a las lógicas y dinámicas de Transmilenio: el sentido de lo colectivo, del bien común.
Este factor de lo colectivo deviene problemático para los interesados en hacer operar el Estado (local, distrital, regional o nacional) desde los intereses privados y corporativos. Es decir, favorecer económicamente a unos cuantos, en detrimento de las aspiraciones de millones de habitantes y del sentido del bien que debería arropar el funcionamiento del Estado.
Con la llegada de Petro al poder, este y sus más cercanos colaboradores tienen la idea de que es posible revertir más de 30 años de operación de un Estado privatizado, en particular frente a grandes obras de infraestructura. Es posible hacer un breve listado de las obras civiles y de negocios que en lugar de beneficiar a las grandes mayorías han favorecido los intereses de unas cuantas familias: la Ruta del Sol, las concesiones viales y los peajes, el manejo de las basuras en Bogotá antes de que llegara Petro como alcalde a afectar esos intereses.
Mientras se siga asumiendo que lo mejor para el país es mantener los mismos niveles de privatización del Estado, las actuales obras y las futuras seguirán beneficiando a unos pocos, aunque parezca que mejorarán la calidad de vida de los colombianos. El caso de Transmilenio entra en esa condición. Haber condenado a los bogotanos a los buses articulados, por el capricho y los intereses, individuales y corporativos de Enrique Peñalosa, sirve de ejemplo para explicar la negativa concepción del Estado que tuvo y que defiende aún este ladino vendedor de buses.
Así las cosas, las diferencias técnicas y presupuestales alrededor de obras civiles de gran calado como la construcción del Metro para Bogotá o de vías 4 y 5G tienen en dicha visión mercantilista a su fuente principal y tema de discusión, porque no les permite reconocer en el Estado a un actor político definitivo para generar condiciones de bienestar para todos, incluidos los particulares, siempre y cuando se dejen de lado la mezquindad y los acuerdos establecidos entre mafias políticas y firmas constructoras.
Quizás esté lejano el día aquel en que todos los colombianos entendamos que continuar operando el Estado colombiano de la manera como se viene haciendo, solo sirve para consolidar el individualismo, el CVY (Cómo voy yo), el ethos mafioso y. por supuesto, los altos niveles de insatisfacción social.
Adenda: no está bien el chantaje del ministro de Transporte. Es tiempo de que se destapen las cartas alrededor del manejo que se planea dar al espacio público que se abrirá con la construcción del Metro elevado.
@germanayalaosor
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