En Colombia la corrupción es un cáncer letal que destruye y desvía, sin atenuantes, ingentes recursos del Estado y sus gobiernos en todos los niveles de la administración pública.
No obstante que en años anteriores se han realizado grandes movilizaciones de la sociedad civil para intentar frenar y erradicar la corrupción con el saqueo de los presupuestos oficiales, como ocurrió con la Consulta anticorrupción adelantado en 2018, que en siete preguntas planteó a los electores distintas cuestiones sobre la corrupción, y contó con el voto aprobatorio de casi 12 millones de ciudadanos; este fenómeno sigue vivo y haciendo daños en la inversión pública priorizada para resolver problemas muy graves como los de agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria, paz, transporte, vías, reforma agraria, vivienda, participación ciudadana, derechos de las mujeres, victimas y grupos étnicos.
Se calcula, según entidades de Transparencia que siguen el paso a paso de la corrupción, que en Colombia se van al año por las alcantarillas de la criminalidad de “cuello blanco” casi 50 billones de pesos –dos reformas tributarias como la que se aprobó el año pasado- en obras que no se ejecutan, en elefantes blancos, en fraudes, en facturas alteradas, en apropiación ilegal de dineros, en comisiones, etc.
La consulta del 2018 no le hizo mella a esta nefasta practica que no hace sino ahondar la pobreza y miseria de millones de colombianos, circunstancia que obliga a retomar las banderas de esta histórica campaña que hoy más que nunca se debe levantar convocando a millones de ciudadanos para superar el escepticismo y la apatía política.
En las nuevas movilizaciones contra la corrupción se deben priorizar los escenarios locales y regionales, denunciando las mafias que operan esta acción depredadora. Por fortuna, las denuncias en los medios de comunicación han permitido identificar los núcleos criminales que protagonizan con descaro la corrupción. Ahí está, por ejemplo, el clan mafioso de Dilian Toro en el Valle del Cauca y el Fondo Mixto del Deporte de ese departamento, que es un parapeto corporativo utilizado para apropiarse de miles de millones de pesos de los dineros del Sistema General de Regalías y del Ocad Paz; están las mafias del departamento de Nariño que encabeza el actual gobernador John Rojas Cabrera y el ex senador Berner Zambrano, del partido de la U, que es un movimiento clientelar de bolsillo de Dilian Toro, quienes aspirar a mantener la gobernación para el próximo cuatrienio, lo que se decidirá en las elecciones del próximo 29 de octubre cometido en el que están canalizando miles de millones de pesos para la compra de votos con el fin de favorecer la candidatura del ex senador Zambrano, la ficha escogida para mantener el monopolio mafioso en ese ente administrativo.
Ya hemos hecho varias denuncias sobre lo que ha ocurrido en el departamento de Nariño en los años recientes, específicamente con los elefantes blancos evaluados por la Contraloría General (obras inconclusas); la peligrosa red de la familia Ramos Jurado operada desde la Alcaldía del municipio de Sotomayor con varios tentáculos en otros municipios de la región en donde se han apropiado de una voluminosa contratación estatal que se encuentra siniestrada; y el desfalco de los dineros del Ocad Paz aprobados para los municipios PDET de Nariño canalizados a través del Fondo Mixto del Deporte del Valle y con el objetivo de implementar los Acuerdos de Paz.
En este artículo queremos referirnos a las recientes denuncias de la Contraloría General de la República sobre los elefantes blancos y obras siniestradas en los municipios de Pasto, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, municipios con una amplia población indígena y afrodescendiente, donde el conflicto social y armado golpea duramente a los campesinos y a las mujeres en las zonas rurales.
Conviene decir previamente que el departamento de Nariño es una entidad administrativa ubicada en el suroccidente de Colombia -frente al Océano Pacifico- con una población superior al Millón 600 mil habitantes ubicados en 64 municipios que están organizados en 13 sub regiones administrativas.
De acuerdo con el contralor Carlos Rodríguez, en esos municipios hay obras paralizadas, siniestradas y en ruinas en sectores como el del agua potable, vivienda popular y la salud indígena por un valor cercano a los 260 mil millones de pesos (50 millones de dólares aprox.), son 66 elefantes blancos como obras inconclusas. (Ver Información).
En Pasto y Tumaco hay proyectos paralizados y en ruinas en salud y agua potable por un valor cercano a los 70 mil millones de pesos (15 millones de dólares). En Tumaco el daño está hecho en la construcción de redes de acueducto y en reubicación de viviendas por parte de la Unidad de Riesgos y desastres.
En Barbacoas y Tumaco, el despilfarro se concentra en las entidades que atienden la salud de las comunidades indígenas azotadas por la violencia de los grupos ilegales. En El Charco están paralizadas las obras del hospital municipal. En Ipiales está paralizada la construcción de la segunda etapa del hospital local.
Adicionalmente, el Contralor ha denunciado que su oficina adelante varios procesos de responsabilidad fiscal -casi 240-, por un valor de 137 mil millones de pesos (45 millones de dólares) en áreas como la salud (Emssanar EPS), distritos de riego (Imues), desayunos escolares y en la expedición de pólizas de garantías que son falsas, en lo que se encuentran comprometidos contratistas y supervisores recomendados por las roscas políticas del gobernador Rojas Cabrera y del flamante candidato Berner Zambrano.
Otro gancho de la corrupción orquestado desde el despacho del gobernador es el convenio firmado con la Universidad del Atlántico (en el Norte de Colombia) y la empresa GEAM Consultores y Asesores SAS, por un valor cercano a los 20 mil millones de pesos (5 millones de dólares) para la implementación de unas iniciativas acuáticas para la conservación de ecosistemas marinos de la costa pacífica. Este contrato es de lo más oscuro, poroso y falto de transparencia en la gestión del gobernador Rojas y su asesora Emith Johana Castillo Romero, sub directora del departamento administrativo de contratación de la gobernación de Pasto (Ver información).
Otro caso protuberante de corrupción se encuentra en el decreto 201 de julio del 2022, firmada por el gobernador de Nariño y su equipo asesor de Regalías, con la que sea autorizan 11 proyectos para invertir en salud, pesqueros, deportivos, de seguridad alimentaria, fitosanitarios y proyectos productivos por un monto de 17 mil millones de pesos para ser ejecutados por la Agencia de Desarrollo Local de Nariño, el Iservi de Ipiales y varios municipios (Ver información).
Los anteriores contratos han sido entregados a dedo y en forma porosa, carente de transparencia entre recomendados de las roscas politiqueras hegemónicas en la gobernación.
Por ultimo –que no de ultimo- hay que resaltar el papel en este entramado criminal del Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca, que es un parapeto corporativo montado por la ex gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisco Toro y la actual gobernadora de ese departamento Clara Luz Roldan.
Al respecto, retomo y sugiero las amplias investigaciones adelantadas sobre esta entidad por el Representante a la Cámara del Partido Verde del Valle del Cauca, Duvalier Sánchez Arango, quien ha encontrado múltiples hallazgos e irregularidades contractuales en el Ocad Paz y los convenios hechos con el Fondo Mixto para la promoción del deporte, el desarrollo integral y la gestión social del Valle del Cauca (Ver información). Hallazgos que le han llevado a plantear una solicitud de auditoría integral a treinta y tres (33) contratos celebrados por parte del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, con ocasión a la ejecución de los recursos de la paz del año 2021 (Ver información).
Todos los anteriores hechos y procesos de corrupción que he descrito deben ser objeto de una amplia campaña de denuncias y acciones de protesta de la sociedad civil nariñense para impedir que la actual rosca criminal que monopoliza la institucionalidad departamental y en los municipios se haga reelegir en las votaciones del próximo 29 de octubre cuando se escogerán nuevas autoridades departamentales y locales.
La ciudadanía de Nariño ha sido ejemplo de resistencia y movilización en el pasado que es necesario levantar nuevamente para colocar en la picota publica estas bandas criminales que han acumulado descomunales fortunas despojadas al Estado y en perjuicio de millones de seres humanos sumiros en la pobreza y la exclusión.
Hay que hacer de las votaciones de octubre una nueva CONSULTA ANTICORRUPCION, con una papeleta especial que contenga un par de preguntas vinculantes para que la acción judicial ponga en su sitio al exsenador Berner Zambrano, al gobernador Rojas y a las hordas criminales movidas desde el Fondo Mixto del Deporte de Cali, artífices y protagonistas del robo a Nariño.
@HoracioDuque8
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