La ONG Robert F. Kennedy Human Rights se unió en el pedido a Human Rights Watch y exigió a las autoridades colombianas respetar el derecho a la asamblea pacífica y garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre el uso de la fuerza policial contra los manifestantes.
El mensaje fue presentado por las dos organizaciones ante la Corte Constitucional, para que el caso de la muerte del joven Dilan Cruz se transfiera de la justicia penal militar al sistema ordinario y de esta forma asegurar un «juicio independiente y parcial».
Cruz, de 18 años de edad, fue alcanzado en la cabeza por una granada aturdidora lanzada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante la jornada de paro nacional del pasado 23 de noviembre de 2019 en Bogotá, en el marco de la ola de protestas contra Duque.
Las autoridades concluyeron que Cruz había sido impactado por una munición conocida como “bean bag”, consistente en una pequeña bolsa de tela que contiene perdigones de plomo. Estas municiones están diseñadas para ser disparadas hacia las extremidades del cuerpo a fin de limitar el daño que provocan.
Desde diciembre de 2019 el Consejo Superior de la Judicatura remitió el caso a la justicia penal militar, pese a que la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar esta decisión judicial. HRW ha considerado que desde entonces «no ha habido ningún progreso» y que «ningún oficial ha sido imputado en relación con la muerte de Cruz».
El documento también especifica las obligaciones que tiene Colombia de proteger y respetar el derecho a la asamblea pacífica, así como de garantizar los derechos de las víctimas a obtener justicia y reparación.
“La justicia penal militar en Colombia no garantiza investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y no debería tratar el caso de Dilan Cruz”, señaló Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “Las autoridades colombianas deben transferir el proceso a la justicia ordinaria y garantizar que la familia de Cruz obtenga la justicia que merece”.
Human Rights Watch determinó que en varios casos la Policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y detenciones arbitrarias.
Los abusos policiales continuaron en 2020. En septiembre el abogado Javier Ordoñez murió a manos de policías que le aplicaron descargas eléctricas con una pistola paralizante y luego le propinaron una paliza. Esta muerte movilizó a cientos de colombianos a salir a las calles y realizar manifestaciones mayormente pacíficas. La policía respondió con un uso excesivo de la fuerza, dejando 13 personas muertas y cientos de heridos.
“La Corte Constitucional de Colombia debe enviar un mensaje claro respecto a que los oficiales que participen en violaciones de derechos humanos serán investigados, procesados y castigados”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En la práctica, la impunidad en estos abusos permite que las violaciones de Derechos Humanos continúen”.
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