El director de El Unicornio entrevistó a Ramiro Bejarano Guzmán, abogado, jurista y columnista de El Espectador, quien expresó sus puntos de vista sobre la persecución a la que fue sometido por la Fiscalía, la demora en la elección del fiscal general y su teoría sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.
JGP: La Fiscalía ha justificado la persecución que montó contra usted alegando que como fue director de DAS y ellos investigaban el crimen de Álvaro Gómez, estaría permitido que lo investigaran a usted. ¿Me equivoco en la apreciación?
RBG: Eso dijo en un comunicado el saliente fiscal el mismo día que concluyó su desastroso periodo. Sin decirlo claramente, insinuó que como estaban en una línea de investigación que comprometía a la Policía y al DAS, se justificaba haber hecho labores de policía judicial encaminadas a averiguar cosas mías. A eso respondí que era una excusa increíble, porque el hecho de yo hubiera sido director del DAS no les daba la prerrogativa ni a la Fiscalía ni a nadie de investigarme, menos sin notificarme de un crimen en el que nada tengo que ver. Además, es tan torpe y grave la excusa que dio, que se le olvidó algo elemental: si en verdad estaban haciendo averiguaciones que involucraban a la Policía y al DAS, por qué no hicieron lo mismo con el director de la Policía de la época, Rosso José Serrano, y con el ministro de Defensa de la época, Juan Carlos Esguerra. Sobre ellos no aparece ninguna labor de policía judicial. Pese a que los tres teníamos esa responsabilidad en su momento, me investigan a mí porque solo yo me convertí en columnista de opinión y crítico del gobierno de Álvaro Uribe, crítico del fiscal general de la Nación y una persona incómoda para la fiscalía y para el Centro Democrático. A mí no me cabe la menor duda de que la excusa que dio la Fiscalía es absolutamente equivocada.
JGP: ¿Le están cobrando a usted sus opiniones del mismo modo que el abogado Abelardo de la Espriella está demandando a cualquier persona que se atreve a mencionar su nombre o a decir algo contra Álvaro Uribe?
RBG: Algo hay de eso. Pero es que yo hago parte del equipo de abogados que asesoran al doctor Iván Cepeda en su pleito contra Álvaro Uribe. A mí no me cabe la menor duda de que esta es una conspiración, de la que es muy difícil que no hubiera estado enterado el fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera, el señor Ramón Jaimes, y que eso no hubiera tenido un conocimiento en la más alta esfera del uribismo. No se le olvide que en 2016 o 2017, un buen día se presentó Álvaro Uribe con el abogado Diego Cadena a la fiscalía y dieron una rueda de prensa en las escalinatas, donde Uribe dijo que iba allí a entregarle al fiscal una información que había conseguido Andrés Felipe Arias en una de las cárceles, según la cual unos mafiosos colombianos extraditados estaban dispuestos a declarar que el pleito contra el hermano de Álvaro Uribe era un montaje. Que además de eso tenían pruebas de quién había sido el asesino de Álvaro Gómez Hurtado. A mí me sonaron muy sospechosa ambas cosas y más cuando por primera vez en la vida Álvaro Uribe se preocupó del crimen de Álvaro Gómez, pues siendo presidente durante dos periodos jamás se preocupó por investigar nada. Es decir, yo creo que ahí había un propósito insano, para decirlo de esa manera.
JGP: ¿Usted podría entablar una denuncia penal para que quienes le montaron esa investigación ilegal paguen por su culpa o vayan a la cárcel?
RBG: Vamos a tomar las acciones judiciales. Yo tiempo atrás había tomado unas decisiones judiciales que están en camino, pero usted comprenderá que mientras en la Fiscalía siga mandando el personal de Barbosa, eso es tiempo perdido. Pero sí se van a ejercer acciones, aquí y en el exterior.
JGP: En entrevista con Daniel Coronell, a propósito del crimen de Álvaro Gómez usted afirmó que seguía creyendo en la hipótesis de los militares a pesar de que las Farc sigan diciendo que fueron ellos. Le confieso que me alegra mucho que usted diga eso porque parece coincidir con la tesis de mi libro (Los secretos del asesinato de AGH). ¿Eso daría para concluir que usted cree que las Farc mienten?
RBG: Yo sigo pensando que un grupo de militares estuvo detrás del crimen de Álvaro Gómez. Para mí no es una coincidencia menor que el día del crimen un oficial del Ejército hubiera aparecido en el ministerio de Transportes a pedir los papeles de un carro que había sido avistado en el sector y que resultó que estaba asignado a labores de inteligencia del Ejército, donde iban cuatro uniformados. Y pretendieron desaparecer los papeles de ese carro para que desapareciera constancia de que era un vehículo vinculado al Ejército. Ese es un detalle muy revelador y comprometedor, porque sucedió unas horas después de haberse presentado el crimen de Álvaro Gómez. Por eso creo que la personas que ejecutaron este crimen eran militares. Pero también creo que pudo haber una asociación entre esos militares con gente de la guerrilla, esa es una posibilidad que hay que explorar y me parece que no es del todo descabellada.
JGP: ¿Si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegara a comprobar que las FARC mintieron al adjudicarse un crimen que no cometieron, qué consecuencias les podría acarrear?
RBG: Si estuvieran mintiendo no tendrían derecho a los beneficios que ofrece la JEP, como estar condenados solamente a un término de ocho años. Entonces, si se establece que hubo una mentira, la condena no sería por la JEP sino por la justicia ordinaria y a unas penas excesivas, ya no a las penas previstas por la JEP.
JGP: Pasando a otro tema, usted en el Reporte Coronell planteó una discrepancia con un editorial de El Espectador, que sostiene que la Corte Suprema de Justicia tendría una prerrogativa para demorarse en la elección del fiscal; mientras que usted dice que la CSJ tiene una misión constitucional, la de proveerle al país un fiscal en propiedad. ¿A qué puede obedecer que la Corte esté tan morronga en esta elección?
RBG: Es muy difícil vaticinar qué sucede. Yo me imagino que la Corte no es ajena a los sucesos políticos que se están presentando. El presidente Petro mantiene un discurso encendido y fuerte, entre otros casos contra las cortes, y eso debió haber incidido en el ánimo de algunos magistrados de mirar con detenimiento el tema de la terna. El problema es cuando El Espectador dice que la Corte tiene una prerrogativa (y muchos han dicho que tiene tiempo ilimitado para nombrar el fiscal), pero eso no es así. El periodo del fiscal es de cuatro años y quien nombra es la Corte Suprema de Justicia. Por eso el presidente le mandó una terna hace seis meses, para que se pudiera tener un reemplazo antes de que se cumpliera el periodo de Barbosa. Los tiempos de la Corte son sagrados, dicen, pero los tiempos de los periodos también son sagrados y están previstos en la Constitución. La excusa que ha dado la Corte es que llegaron dos nuevos magistrados y que entonces hubo que enterarlos. Yo pregunto cuánto tiempo necesitan esos dos magistrados para revisar tres hojas de vida. Creo que allí hay unos magistrados que están molestos con el Gobierno, y yo no me atrevo a decir que no tengan la razón, porque yo creo que el Gobierno ha creado unas condiciones de tensión con las Cortes y eso se puede estar reflejando en la decisión.
JGP: ¿La famosa “ruptura institucional” la está provocando el gobierno de Petro… o más bien la demora al parecer injustificada de la Corte para elegir?
RBG: Yo no hablaría de ruptura institucional. Hay unas dificultades en el firmamento político y jurídico, pero el país no ha perdido su rumbo. Yo no creo en el “golpe blando” del que habla el presidente Petro, tampoco creo que haya una cosa disruptiva, que el país esté desmoronado, no. Tenemos dificultades, y es claro que el tema de no elegir un fiscal a tiempo es muy grave. Pero aún más grave es que la fiscalía quede en poder de esta señora Mancera que ha sido tan criticada y que obviamente no tiene credibilidad, y que pertenece a ese mundillo de Barbosa y toda esa gente que se apoderó de la fiscalía para politizarla.
JGP: ¿No será que la Corte Suprema también está politizada?
RBG: Yo no creo. Lo que sí creo es que los magistrados, que también leen la prensa y se empapan de lo que está ocurriendo, sienten ese maltrato del Gobierno, y entonces debió haber lesionado el proceder de algunos magistrados.
JGP: Un artículo de El País de España afirma que la Corte Suprema ya alcanzó la mayoría para elegir fiscal y se fundamenta en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la 270 de 1996, que en su artículo 524 establece que “todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno deban tomar requerirán para su deliberación de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación”. ¿Usted qué piensa?
RBG: La decisión de la Corte de nombrar fiscal no es una decisión jurisdiccional, que es a lo que se refiere esa disposición que usted menciona. Esa norma protege la autonomía y la independencia de un órgano colegiado de administración de justicia. Es cierto que las decisiones judiciales en los organismos colegiados se toman por mayoría, pero las decisiones administrativas están sujetas a otras eventualidades. Esta es una decisión administrativa, que no está sujeta a ese artículo de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que nada tiene que ver con el ejercicio de la función constitucional de nombrar fiscal.
JGP: ¿Qué opinión le merece a usted el Gobierno de Gustavo Petro y qué consejo le daría usted para mejorar la buena marcha del Gobierno?
RBG: Lo más importante del Gobierno de Gustavo Petro es que le ha mostrado a este país la necesidad real de un cambio. Eso me parece positivo. El país no puede seguir privilegiando las mismas castas, los mismos negocios, sino que debe haber un cambio. El problema es que el doctor Petro no sabe trabajar en equipo y no ha sabido interpretar esa necesidad de que muchas personas estamos de acuerdo con que haya un cambio, pero el cambio que él propone no lo ha podido articular, sus ministros no se hablan entre sí, él no habla con sus ministros, su gabinete es absolutamente gris. Sumado a que él vive peleando con todo el mundo. Y yo me pregunto: ¿a qué horas gobierna? Un presidente debe tener gente que lo defienda, para eso en el gobierno de Ernesto Samper existían personas como Horacio Serpa, gente que sea capaz de salir y dar la cara por el presidente. Pero Petro se la pasa agarrado con María Fernanda Cabal, con Vicky Dávila, después con Efraín Cepeda, ¿y el gobierno en qué va?
El arte de gobernar es deliberar, es tomar decisiones pensadas. Un trino reciente que puso sobre el secretario general de la Cancillería, diciendo que era un traidor, esa es una acusación muy fuerte de un presidente a un subalterno. Esas cosas no deben ocurrir en un Estado de Derecho. Pero se desgasta inútilmente en eso, cuando la tarea de un gobierno es mucho más importante que esos insultos y esas reyertas personales.
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