A propósito de la revelación que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a que fueron 6.402 las víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, el coronel (r) y sociólogo Omar Rojas, quien trabajó durante 32 años en las Fuerzas Armadas y en la actualidad es refugiado político en Europa (debido precisamente a una investigación que hizo sobre los ‘falsos positivos’), escribió el siguiente artículo en el portal kavilando.org, titulado «Cuando los muertos logran hablar. Los 10.000 falsos positivos militares de la política de seguridad democrática».
«El trabajo estatal y militar para desacreditar las investigaciones sobre falsos positivos está quedando al descubierto gracias a la labor de la Justicia Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga, en el marco del conflicto armado, a integrantes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros que realizaron actividades criminales antes del 1 de diciembre de 2016.
Medios de comunicación, entre estos los que sin investigar a profundidad magnificaban la información sobre cada “terrorista” dado de baja en campos de batalla reales o ficticios durante el periodo 2002 – 2010, se encuentran escandalizados por lo hallado en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Semana, 2019).
Otras necrópolis en el país, no reveladas hasta el momento, son más tenebrosas y guardan mayores secretos militares. Cerca de 75 cuerpos de personas no combatientes, ni activistas políticos, se encuentran esparcidos por el lugar y en fosas comunes. Estos fueron asesinados por integrantes de las Fuerzas Militares durante los años 2006 y 2007 obedeciendo a la estrategia del falso positivo militar.
Soldados eran comisionados al área metropolitana del Valle de Aburrá para que reclutaran, ilusionaran o secuestraran jóvenes, habitantes de la calle y drogadictos, entre otros, quienes servirían de insumo para ser asesinados en supuestos combates militares. “Los soldados, aquellos que se dejaron seducir y manipular como títeres, no en palacios de gobierno o de justicia, sino en campos de batalla, quieren dar a conocer la verdad” (Rojas, 2019).
Hay más cuerpos en el lugar. “Buitrago”, el soldado que decidió contar la verdad, desconoce los eventos que se registraron en la región antes de que él llegara puesto que la estrategia de “ejecuciones extrajudiciales” se dinamizó a partir del 2002, año en que fueron reportados por las Fuerzas Armadas 1.775 muertos en combate, de los que se investiga 167 casos de falsos positivos militares (OHCHR, 2014).
En el cementerio de Dabeiba algunos cuerpos han sido removidos del lugar con el propósito de impedir la verdad y entorpecer la investigación. Militares se han encargado de trasladar los cuerpos de lugar, sin embargo, evidencias siguen en el lugar de igual manera como testigos rondan la región. El hallazgo de la JEP conduce a interrogantes no solamente de índole sociológico sino de orden judicial. ¿Cómo se podía enterrar en un camposanto cuerpos sin alertar a las autoridades judiciales y policiales dado que éstas, al igual que la alcaldía del municipio, se encuentran ubicadas a una cuadra del cementerio?
La complejidad de planeación del falso positivo militar requiere no solamente del concurso de soldados o policías, en ellos se ha evidenciado la participación de funcionarios de medicina legal, del cuerpo técnico de investigaciones y de operadores de la justicia.
Mientras el país se escandaliza, quienes dieron las órdenes y ejecutaron a las víctimas se encuentran desarrollando estrategias para impedir que la verdad salga a flote, puesto que hasta la fecha nadie se había atrevido a investigar los falsos positivos militares realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas en la puerta del Urabá antioqueño. El atentado que sufrió a comienzos de noviembre del 2019 la encargada de arreglar los muertos en Dabeiba, como se refiere de ella la población, es prueba de ello.
Estos no hacen parte de los 3.925 casos que investigaba la Fiscalía General de la Nación para el año 2013 (Rojas, 2019). De igual manera como no hacen parte los cerca de 170 casos que involucran al grupo Zarpazo y al coronel Publio Hernán Gutiérrez, excomandante del batallón La Popa de la Décima Brigada del Ejército de la ciudad de Valledupar, declarados por compañeros, subalternos, conductor, escolta y paramilitares (Rojas, 2019); tampoco los 40 casos declarados de más por un coronel acosado por contrainteligencia militar (Semana, 2019); o los otros 40 casos declarados, también de más, por el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, ex comandante del Gaula de Casanare (El Espectador, 2019). En tan sólo cuatro casos de declaraciones ante la JEP se evidencian 325 casos que no se encontraban siendo investigados.
El estudio Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 – 2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Rojas B., y Benavides, F, 2017), desarrollado por la Universidad Santo Tomas, Instituto Socio-histórico Fray Alonso de Zamora, proyectó 10.000 casos de Falsos Positivos Militares registrados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La proyección obedeció tanto al análisis de informes oficiales como a las declaraciones de victimarios y víctimas llevadas a cabo durante el trabajo de campo. En su momento no hubo una reflexión por parte del Estado, las autoridades judiciales ni la academia, sobre el número de víctimas de Falsos Positivos Militares como tampoco del hecho que, dentro de los planes de acción de las Fuerzas Armadas, obedeciendo al plan estratégico del sector defensa, se contemplara como meta la proyección de terroristas a dar de baja durante el año. Los militares obedecieron la orden impartida desde el ministerio de Defensa Nacional.
Al término de los ocho años del gobierno Uribe la Presidencia de la República reportó la cifra de 19.405 combatientes abatidos, 63.747 capturados y 44.954 desmovilizados (El País, 2014). Sin embargo, en el informe presentado por el Ministerio de Defensa Nacional al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 16.331 muertos en combates durante el periodo 2002 – 2011, cerca de 3.000 casos menos que el reportado al final del gobierno (Rojas y Benavides, 2017). Aunque la JEP investiga solamente un tercio de los falsos positivos del periodo de la seguridad democrática, al término de sus investigaciones sus hallazgos generarán rabia, dolor y desconsuelo. El país sentirá una mayor vergüenza por el actuar de los héroes de la patria si los más de 2.000 militares que se acogieron a la JEP se atreven a contar la verdad».
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