«El gobierno se niega a reconocer la protesta social y se concentra solamente en estigmatizarla por todos los medios». Así lo expresa en un comunicado la Asociación Colombiana de Economía Crítica (Acecri), sobre el estallido social que ha vivido el país en los últimos días.
En el texto se afirma que la insurrección popular que se inició el pasado 28 de abril es la continuación de las protestas de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, cuyos detonantes nunca fueron tenidos en cuenta por el gobierno. «Hoy como antes, no fueron oídas las voces de los millones de ciudadanos que claman por justicia. La respuesta ha sido la dilación de las soluciones, la negación a una verdadera negociación y la solución de tipo militarista para contener las protestas».
Y agrega que la gran mayoría de todos estos atropellos han sido perpetrados por la policía y el Esmad, en contra de los jóvenes manifestantes. La participación de civiles armados y de grupos de pistoleros y paramilitares fue cada vez más notoria.
Ante lo cual Acecri exige que «pare la militarización y que las protestas no se manejen como si se estuviera ante un enemigo interno, lo que parecería una vuelta del gobierno a la teoría de la seguridad nacional de las décadas tenebrosas en Latinoamérica de los decenios de los sesenta, setenta
y ochenta».
Al mismo tiempo, se señala que la asociación está con los jóvenes, las mujeres, los desempleados, los pobres y la clase media, los indígenas, los artesanos, los artistas, los obreros y las minorías sexuales que sufren por sus distintas necesidades y por ser objeto de injusticias de todo tipo.
Y subraya que igualmente está con los policías y soldados que la clase dirigente elitista coloca como enemigos del pueblo, quienes se encuentran en una Institución en la que urge una profunda reforma que garantice el respeto de los derechos humanos ante cualquier situación.
Para Acecri «es mucho lo que hay que resolver después de más de 200 años de una independencia muy relativa, pues la división internacional del trabajo nos asigna el rol de proveedores de materias primas y nuestras clases dirigentes se contentan con explotar a la mayoría de los colombianos y extraer y destruir, sin consideración alguna, la sostenibilidad de nuestros ecosistemas».
Por eso ellos están dispuestos a contribuir con el planteamiento de soluciones desde una perspectiva económica heterodoxa, y en ese sentido, una primera propuesta consiste en el diseño e implementación de un plan de empleo financiado por el gobierno para los desempleados, especialmente para los jóvenes que en abril de 2021 ascendían a 1.600.000,con un salario mínimo y sus prestaciones, que se puede realizar inmediatamente porque no da espera la crisis humanitaria de este sector de la población.
«Este plan sería descentralizado a nivel de los municipios, administrado por las comunidades organizadas que definirían el tipo de trabajo a realizar por los jóvenes para beneficio de la comunidad. Actividades como la reforestación, el mantenimiento de vías, cuidado y limpieza de espacios públicos, y el cuidado de personas en situación de dependencia, podrían ser entre otras, objeto del plan de
empleo propuesto. Los recursos existen y no se necesita para esto ninguna reforma tributaria», concluye el texto de Acecri.
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