En el Senado de la República se socializó el informe de los espacios de participación realizados por la Comisión accidental del Congreso para examinar y actualizar la política minera del país. El evento contó con la participación de congresistas, gobierno e instituciones comprometidas en el tema, así como de mineros y empresarios.
El informe recoge el trabajo realizado desde el segundo semestre del 2022 y el primer trimestre del 2023, que constó de 28 audiencias públicas en 19 departamentos, con la participación de más de 10 mil personas. En este despliegue de los congresistas a lo largo y ancho del país se realizaron 4 foros temáticos con la academia, ONGs, sindicatos y asociaciones; 10 mesas técnicas sobre los temas que requieren una comprensión especializada; y 8 reuniones sectoriales que examinaron perspectivas específicas de grandes, medianos y pequeños empresarios, iglesias, mujeres y expertos internacionales.
Sobre la comisión accidental para examinar y actualizar la política minera en Colombia: es una comisión bicameral, del Senado y la Cámara de Representantes, creada en 2022 para analizar la política minera adelantada en el país, su normativa, impactos, pronunciamientos jurisprudenciales, compromisos internacionales y la conflictividad socioambiental relacionada. Su propósito es presentar diagnósticos, conclusiones y propuestas de reformas que se estimen necesarias para garantizar la soberanía de Colombia sobre los minerales, el cuidado del agua, la vida, el ambiente y el bienestar de las personas y comunidades.
Gilberto Terán, miembro de la delegación de víctimas del sur de Bolívar, calificó este hecho como histórico, precisamente por legislar para recuperar los recursos mineros despojados durante el conflicto.
“Nuestra voz trae la angustia y el profundo dolor de las víctimas del Bloque Central Bolívar en el sur de Bolívar, que despojó mediante acciones criminales más de 200 títulos mineros a 40 mil víctimas que estaban en proceso de legalización de la minería de hecho bajo la Ley 141 artículo 58”, indicó.
Luego agregó que “nuestra propuesta es que en la nueva legislación se incluya un capítulo especial para el reconocimiento de los derechos a la reversión y restitución de los derechos mineros en el Sur de Bolívar y a toda la comunidad nacional que estaba conformada por más de 70 mil familias en el caso del Sur de Bolívar, Chocó 15 mil, Boyacá 12 mil y 5 mil de Caldas”.
Por último, expresó que “esta propuesta de inclusión de un capítulo especial para las víctimas del despojo tiene soporte y fundamento de derecho en la favorabilidad de la Ley, porque la posterior Ley 685 fue la ley criminal que configuró el despojo. Por eso hacemos un llamado a la comunidad nacional para que nos acompañe”.
Alirio Rojas Villegas, representante del consejos comunitarios del Alto Caribona, del municipio de Montecristo manifestó que como comunidad étnica afrodescendiente del Sur de Bolívar «fuimos borrados de la historia de nuestra comunidad afrodescendiente, al igual que en muchas otras partes del país».
«Nuestra historia en el país dice que trajeron los negros encadenados a Cartagena y nos esclavizaron a trabajar la minería en el Sur de Bolívar y también para hacer las murallas que en la actualidad admiran. Repito, nos han borrado de la historia».
“Actualmente hay una cooperativa en nuestro territorio que la catalogamos de criminal y asesina, pues ha desplazado a más de 1.400 personas en nuestro territorio. Debido a eso, hoy en día lastimosamente nuestros jóvenes están en las calles, en la prostitución, en la drogadicción y, lo más triste, al lado de muchos grupos al margen de la ley”, finalizó.
Según Albert Ospina, representante legal de la Asociación de Mineros Mina Walter Asomiwa, han sido víctimas de las empresas transnacionales con montajes judiciales, mediante los cuales los han criminalizado. «Venimos sufriendo este episodio desde hace muchos años, desde 1996, cuando mataron al líder social Antonio Cabrera, en la región del Caribona alto, medio y bajo».
Agradecemos a Dios y a este nuevo Gobierno por darnos la oportunidad de que llegara lo que tanto hemos anhelado: que se legalice nuestro territorio para así ser unos mineros tradicionales legales, que es lo que más hemos querido. Los gobiernos anteriores no le han dado viabilidad a los acuerdos nacionales que fueron pactados en 1995”.
Elexi Sierra, representante del Consejo Comunitario Afrodescendiente Alto Caribona, señaló que “me caracterizo como una mujer valiente y guerrera en el territorio del Sur de Bolívar. Hemos sido unas personas vulnerables y víctimas del conflicto armado desde hace décadas”.
“En estos momentos todavía están dentro de nuestro territorio, aún teniendo nosotros un reconocimiento de comunidades étnicas en nuestra región Guamocó del Sur de Bolívar”, subrayó la líder regional.
“Nos sentimos agradecidos porque el Gobierno nos está dando la oportunidad de estar en estos escenarios presentándonos como lo que somos y no como nos han catalogado, como asesinos de la naturaleza, cuando siempre la hemos preservado. Los asesinos que han llegado han sido esas cooperativas, ladronas y criminales de la naturaleza. No hemos tenido la retroalimentación por la contaminación de estos títulos que ha otorgado la Agencia Minera en estos territorios”, destacó Sierra.
De otra parte, la senadora de Colombia Humana, Isabel Zuleta, expresó que la política minera en Colombia no puede ser vista desde una perspectiva. Necesita múltiples perspectivas.
Al mismo tiempo, concluyó que “si las empresas buscaban ese favoritismo que lograron con la Ley 685, se equivocaron, porque lo único que lograron fue un profundo desprecio de la sociedad colombiana. Y ese desprecio hay que corregirlo, pues no somos enemigos la sociedad y las empresas, esa enemistad creada por un error en la concepción de tener un Estado doblegado a las operaciones empresariales, de un Estado que no responde, que le falta el cariño hacia la gente humilde de nuestros territorios, porque es la base de los conflictos que hemos tenido”.
Y agrega: “si hoy no se reconoce a nuestros esmeralderos, a nuestros comuneros y a las comunidades campesinas, si no se reconoce a esa maravilla de la Serranía de Ayapel que debe ser motivo de orgullo en nuestra nación, es por un error en la concepción y en el cariño que debemos tener hacia nosotros mismos”.
“Si privilegiamos a los de afuera, no vamos a resolver el problema de la minería, que debe ser resuelto cuando tengamos cariño por nuestro territorio y por nuestros connacionales. Escuchar a los sindicatos hablar de esclavitud minera no puede sino llenarnos de horror y vergüenza”, estableció la congresista.
Según Zuleta, dentro del contenido de la Política Minera se debe abordar entre otros puntos la armonización e integración normativa con incorporación de órdenes judiciales y estándares internacionales.
Igualmente debe haber una articulación institucional y la descentralización de la autoridad minera y el fortalecimiento de la capacidad en las autoridades territoriales como las gobernaciones, alcaldías y CAR.
Otro punto que se destaca es el de la adopción de un enfoque diferencial (étnico, territorial, de género, por escala y tipo de mineral) que priorice la minería tradicional y ancestral en procesos de titulación colectiva de economía solidaria y comunitaria.
Por último, señaló la importancia de la recuperación de áreas, bien sea por caducidad o devolución, que posibiliten la formalización y el acceso al mercado.
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