Por GERMÁN AYALA OSORIO
Parece haber consenso en que el mayor problema de Colombia es la corrupción público-privada. De ahí se desprenden el miedo y la desconfianza en el Estado, fruto de una representación negativa de instituciones como el Congreso y organismos como la Procuraduría o la Contraloría, convertidas en nidos clientelares y, por esa vía, en focos de espantosa corrupción e inmoralidad.
La elección del Contralor General es un ejercicio político (politiquero) en el que las élites comprometidas en desfalcos y en la activación de proyectos de infraestructura buscan, bajo la intermediación de los congresistas, tener un Contralor amigo o “de bolsillo”, que viene siendo lo mismo.
El Congreso de la República, en su perversa función electoral, acaba de investir como nuevo Contralor a Carlos Hernán Rodríguez, quien se desempeñó como Auditor General de la República. Esta elección, como las anteriores, resultó vergonzante. En esta ocasión los dos más opcionados llegaron con buenos puntajes, obtenidos después de haberse presentado a una convocatoria pública. Hasta aquí la meritocracia parecía la gran vencedora, pero al final no fue así. Pudieron más las componendas políticas y los intereses partidistas. A la candidata María Fernanda Rangel, ficha del saliente Contralor, se le reclamó además de su cercanía con Carlos Felipe Córdoba, el silencio que guardó desde su cargo en la Contraloría, frente al saqueo de los recursos de la paz que hizo el gobierno de Iván Duque. Es decir, no ofrecía garantías, pese a tener un buen puntaje en la prueba que evaluó su idoneidad para ocupar el cargo. Ante la pérdida de apoyo de las bancadas que inicialmente venían acompañándola, declinó en su aspiración.
Periodistas independientes y algunos políticos dijeron que Carlos Hernán Rodríguez es ficha del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía y según La Nueva Prensa, tiene o tuvo vínculos con el Cartel del norte del Valle.
Lo cuestionable es que la selección estuvo contaminada por componendas e intereses clientelares. Esto le restó legitimidad al mecanismo meritocrático diseñado, pues terminó imponiéndose el único criterio que de verdad opera: el de tener conexiones con grupos de poder político. De esa forma se desestimó el pasado de los aspirantes y sus cercanías, lo que terminó deslegitimando las pruebas presentadas. ¿Por qué las bancadas en el Congreso no desestimaron a los dos más opcionados, por tener las relaciones y las amistades que el país señaló?
En el fondo de esta elección veo dos problemas: el primero, que por diseño constitucional la tarea electora del Congreso le quita legitimidad al cargo de Contralor General. Y el segundo, que el ethos mafioso seguirá presente hasta tanto la sociedad empiece a tener claridad entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal.
Adenda: el Tribunal de Cuentas que propone Roy Barreras como remplazo de la Contraloría suena bien, siempre y cuando quienes hagan parte de este no sean elegidos por los congresistas. Habría que afinar el mecanismo.
@germanayalaosor
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