Colombia vive hoy una situación particular, consistente en que el poder Constituyente de la sociedad se expresa de manera espontánea para romper poderes retardatarios que bloquean la transformación de viejas formas de dominación asentadas en instituciones como el poder legislativo, las cortes, la Procuraduría, las gobernaciones, las alcaldías y los aparatos involucrados en un sangriento paramilitarismo que sigue cobrando la vida de líderes sociales y de comunidades agrarias, indígenas y afrodescendientes.
Asociado al realce del poder Constituyente convocado por el presidente Petro, asistimos a una reactivación de los movimientos populares, como expresión de la participación política democrática.
En este contexto, hace algunas semanas hubo una concurrida movilización ante la Corte Suprema de Justicia en favor de la elección de un nuevo fiscal general que permitió por fin la salida del señor Francisco Barbosa, involucrado en una conspiración contra el presidente Petro.
Y en el mismo contexto se acaba de registrar un proceso constituyente dentro de la Universidad Nacional, para desmontar la imposición de un rector asociado a corrupción enquistada en los sectores administrativo y académico de esa entidad, que incluía tráfico de influencias en el área de la investigación científica. Resultado de tal acción fue la escogencia de Leopoldo Múnera como nuevo rector, por quien había votado la mayoría de los estudiantes.
Hoy hay movilizaciones agrarias, indígenas y afros por la tierra y por la reforma rural democrática e integral, acompañadas por bloqueos de vías y nutridas manifestaciones en regiones como el Cauca, Putumayo, Magdalena Medio, Catatumbo, Meta, Caquetá y el sur de Bolívar.
El Congreso de los Pueblos, organización popular, ha realizado manifestaciones en Bogotá y en vías nacionales para pedir garantías del derecho a la vida, pues las organizaciones sucesoras del paramilitarismo –que crecen como espuma- siguen asesinando a líderes comunitarios.
Para este miércoles 12 de junio la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) que agrupa a casi 300 mil educadores del Estado, ha convocado a un paro nacional para rechazar un proyecto de Ley que regula el derecho fundamental a la educación y en el que se incluyeron –al parecer con el aval de funcionarios del ministerio de Educación- cambios y artículos de iniciativa del uribismo asociados con el modelo neoliberal que ha hecho de la educación una mercancía.
El propósito de esta acción de masas de Fecode es realizar una toma a Bogotá, desde el 17 de junio hasta el 20 de julio. El jueves 13 de junio realizarían asambleas en localidades y municipios, y el viernes 14 de junio trabajo en territorios para organizar a los delegados que asistirán a la gran toma de Bogotá.
La contundente convocatoria de Fecode plantea un llamamiento al Congreso, a los sectores sociales y populares para cerrar filas defender la educación pública como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado.
Fecode insiste en que el proyecto de ley estatutaria de la Educación –que incluye reformas neoliberales del uribismo, de Cambio Radical y de toda la ultraderecha-, constituye un riesgo para la educación pública, pues promueve la mercantilización, la privatización y da viabilidad a la corrupción.
Ese proyecto incluye aspectos regresivos como:
1. La creación de bonos escolares que habilitan la privación y mercantilización de la educación bajo el pretexto de mejor acción de calidad y balance de la participación.
2. La reducción de la educación a un servicio público esencial como trasfondo para “quebrar y destruir el espinazo de Fecode”, y estigmatizar a la organización sindical, sepultando derecho a la movilización pacífica amparada constitucionalmente.
3. Crea aparatos burocráticos innecesarios para la vigilancia y control, como la Superintendencia de Educación, siendo que el ministerio de Educación Nacional posee esas facultades.
4. Imponer un sistema de evaluación empresarial a la labor docente, desconociendo los contextos pedagógicos correspondientes.
5. Eliminar los tres años de educación preescolar gratuita.
6. Crear bonos públicos para financiar matrículas en colegios privados tal como lo promueve la ultraderechista senadora Paloma Valencia, representante de los latifundistas del Cauca.
7. Cercenar derechos históricos alcanzados por los educadores y su organización sindical.
Resulta extraño que este paquete tenga el consenso de la ministra de Educación y de algunos parlamentarios del Pacto histórico; tendrán que vérselas con el Poder constituyente de los educadores en los próximos días, para que asuman su responsabilidad políticas.
ADENDA: El ascenso de la ultraderecha fascista en Europa muestra que las clases medias europeas asustadas votan en masa por candidatos retardatarios que les prometen de todo, como ocurrió en la Alemania de Hitler en 1933, antes de la II Guerra Mundial. Amanecerá y veremos qué resulta todo esto. Ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha clausurado la Asamblea y convocado a nuevas votaciones al parlamento, a ver si la neofascista Marine Le Pen confirma sus mayorías electorales.
@HoracioDuque8
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