Por JORGE SENIOR
El 9 de marzo de 1990 se produjo la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y el Movimiento 19 de Abril, M19. Se cumplen tres décadas de este hecho histórico que dejó una huella indeleble, pues generó una fecunda sinergia con el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y creó el clima adecuado con el nuevo gobierno para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y la disolución del desprestigiado Congreso de la República. De esa manera el país logró reemplazar la vetusta constitución de 1886 y darle paso a una nueva institucionalidad. El M19 se transmutó en Alianza Democrática M19 y se convirtió en la lista más votada a la Constituyente, sacando 19 miembros de un total de 70. Una guerrilla que duró 16 años en lucha armada, desde aquel 17 de enero en que un comando recuperó la espada de Bolívar, logró finalmente convertirse en fundadora de las nuevas instituciones colombianas, junto al partido liberal liderado por Horacio Serpa y al Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez, quien pocos años después fue asesinado por la derecha recalcitrante y golpista, como narra el periodista Jorge Gómez Pinilla en el libro que hoy sale a la luz con el título Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.
Esta columna encaja perfectamente como continuación de la anterior que publiqué aquí en El Unicornio, dedicada a los 40 años de la toma de la embajada de la República Dominicana, en cuyo balance concluímos que su significación política trascendente fue la propuesta de paz y democracia que Jaime Bateman lanzó en simultánea con la toma en 1980. Diez años después, los acuerdos firmados y la nueva constitución materializaron dicha propuesta y cerraron un ciclo de la historia colombiana. Es preciso aclarar que la nueva Constitución fue bicéfala, pues tiene dos cabezas ideológicas. Por un lado incluyó la visión socialdemócrata del M19 y algunos sectores progresistas que se expresa en el carácter garantista de la carta magna y el Estado Social de Derecho que impregna su espíritu en gran parte. Pero de otro lado trae también la influencia del proyecto neoliberal del denominado “Consenso de Washington” y que ha sido definitivo para la economía mundial en el período 1980-2020 con un tremendo retroceso del Estado de Bienestar en los países desarrollados y una concomitante avance inmoral y trágico de la desigualdad. Temas bien analizados por textos como El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty (ver reseña), Capital e Ideología del mismo autor e Historia mínima del Neoliberalismo del mexicano Fernando Escalante (ver reseña).
El proceso de paz con el M19 condujo posteriormente a la desmovilización del EPL, el PRT, el Quintín Lame y finalmente un sector del ELN. Se considera que fue un proceso exitoso, altamente beneficioso para la democracia colombiana y resulta interesante compararlo con el proceso reciente de la FARC. Son tres aspectos que debemos tener en cuenta: (1) el respeto a la vida de los desmovilizados (2) la apertura democrática que permite espacio político de participación a nuevas fuerzas o partidos legales (3) el proceso de reinserción de los excombatientes. Pues bien, en estos tres aspectos el balance es favorable para el proceso actual únicamente en el tercer aspecto. Veamos.
Al M19 desmovilizado lo atacaron con guerra sucia en un principio, nada menos que con el asesinato en un avión de su máximo líder, Carlos Pizarro León-gómez, hijo de un Vicealmirante de la Armada Nacional. Pero el Eme persistió en la paz gracias al clamor y el apoyo popular, lo cual fue premiado en votos. Sin embargo, hubo otros asesinatos, como el del alcalde de Aguachica Luis Fernando Rincón y el del dirigente samario Ricardo Villa Salcedo, quien había sido diputado y senador. Pese a todo la fuerzas de la muerte se vieron derrotadas por la alegría de un pueblo que respaldó el proceso con un amplio consenso, que como ya vimos hasta cambió la vieja y obsoleta institucionalidad, en un país conservador que nunca logró realizar a plenitud la revolución liberal, como sí lo hicieron los Estados Unidos y los países europeos. En contraste el número de desmovilizados de las FARC que han sido asesinados en un genocidio sistemático comienza a parecerse al antecedente del período de 1986-1995, el sangriento “baile rojo” que acabó con la vida de miles de militantes de la Unión Patriótica, la inmensa mayoría de los cuales nunca había pertenecido a las FARC. Ya van casi 200 asesinatos en los pocos años que lleva este post-conflicto, agudizado por la polarización que ejerce una fuerza de ultraderecha minoritaria, el denominado “Centro Democrático” que ganó las elecciones de 2018 con apoyo de sectores de derecha moderada y de forma fraudulenta, como se acaba de revelar con las grabaciones del mafioso Ñeñe Hernández. He ahí el primer contraste, el amplio consenso a comienzos de los años 90 versus la polarización actual entre la antidemocracia guerrerista en el gobierno uribista y los sectores democráticos y progresistas que apoyan el proceso de paz y el consiguiente post-conflicto.
El segundo aspecto es la apertura democrática que hace 30 años comenzó con pasos de animal grande, pero que luego se ha ido cerrando gradualmente con más de 30 contrarreformas constitucionales y otras leyes que van en contravía del espíritu garantista de estado social de derecho de la Constitución del 91. El Acuerdo con las FARC, larga y minuciosamente negociado, también contemplaba temas de reforma agraria y cambios políticos liberalizantes, además de espacios de participación para las víctimas del conflicto en los territorios, pero ha tenido el palo en la rueda y el saboteo del uribismo. Fue un error no haber involucrado a este sector recalcitrante en los diálogos de La Habana, como fue un error el plebiscito, donde el No ganó con manipulación demostrada (ver por ejemplo la confesión del gerente de esa campaña, Juan Carlos Vélez Uribe y el libro El triunfo del No del académico Andrei Gómez Suárez). A todo ello se suma que las FARC cosechan el repudio que sembraron por la degradación de la guerra en el período de escalamiento 1995-2005, un gran rechazo que se expresó en la multitudinaria marcha del 4F de 2008. Este rechazo contrasta con la simpatía que generaba el recién desmovilizado M19 a comienzos de los 90. Como decía el constituyente Germán Rojas Niño: “el M19 tenía mucho que ganar y poco que perder al pasar a la legalidad”.
A pesar de los contrastes negativos anteriores, el tercer aspecto arroja un balance mucho mejor para el proceso actual, mostrando el aprendizaje en los procesos de reinserción. Es así como hoy vemos numerosos proyectos productivos, educativos, creativos y deportivos, realmente exitosos en los territorios, algo que los colombianos debemos apreciar en toda su dimensión, pues está en juego la precaria paz que sigue siendo comprometida por el bandidaje mafioso en zonas como el Catatumbo o el Pacífico (qué triste ironía ese nombre), pero sobre todo por la actitud indolente y complaciente del gobierno actual. A medida que se revelan los enlaces entre el uribismo y otros sectores de la clase política con las mafias del narcotráfico, la contratocracia y el clientelismo queda claro que el problema de fondo no es lo que pasa en territorios como el Cauca, Nariño, Norte de Santander, sino lo que sucede en el centro del poder y de la clase política corrupta en Bogotá y las grandes capitales. Vivimos literalmente en una narcodemocracia excluyente y extractiva. La normopatía no puede ser la respuesta ciudadana. La movilización en las calles y el voto inteligente deben ser la expresión de la participación ciudadana para recuperar los espacios democráticos y, más allá, para profundizar el Estado Social de Derecho con políticas sociales y ambientales, transición energética y defensa de lo público. No se trata de resistir sino de impulsar la contraofensiva democrática y reformista.
Otros aspectos de este balance de los Acuerdos de 1990 y sus antecedentes y consecuencias pueden escucharse en la entrevista que me hizo el profesor Luis Fernando Trejos en el programa Todos cuentan de la Emisora Uninorte FM Stereo, reproducible aquí
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