Por GERMÁN AYALA OSORIO
Basta que el presidente Petro haga propuestas asociadas a la paz y la reconciliación para que la derecha salte a despreciarlas, anclando sus alcances en la impunidad, usada como caballito de batalla por quienes durante años se han beneficiado de las dinámicas del conflicto armado interno, incluidas actividades propias de las economías ilegales: ganaderos, latifundistas, clanes políticos, comerciantes de armas y fabricantes de pertrechos militares; militares y policías que les venden armas a las guerrillas y a los paramilitares; importadores de precursores químicos cercanos a los mafiosos; familias “de bien” que lavan recursos de narcos; esmeralderos amigos de mafiosos y despojadores de tierra; gerentes de banco y banqueros que se hacen los “pendejos” ante el lavado de dinero, entre tantas otras realidades que tocan incluso a entidades como la DEA, las relaciones y el orden internacional.
Algunos de quienes se oponen a leyes de punto final y de sometimiento de narcotraficantes lo hacen porque de manera directa o indirecta se benefician de economías ilícitas. Un país como Colombia, con un débil aparato productivo, fruto de la avaricia y la pobreza de criterio de sus élites, es el escenario propicio para actividades ilegales. Es claro que dineros mal habidos permean la economía y el sistema financiero, así que muchos de los que se oponen a políticas de sometimiento de narcos no lo hacen necesariamente por una genuina preocupación moral. Quizás lo hagan porque ese es el juego de la oposición: decir no a todo lo que provenga del gobierno de Petro, para evitar que bajo un gobierno progresista se alcance la esquiva y quimérica paz de la que tanto se habla. O también porque al asumir una actitud hipócrita y cínica, ocultan sus verdaderos intereses.
Lo cierto es que la Paz Total y la “reconciliación nacional” conllevan un carácter totalizante, que hace pensar en que el gobierno quizás olvida las circunstancias contextuales que permitieron la consolidación, desde los años 80 en Colombia, de un régimen criminal y mafioso del que se benefician clanes políticos, familias y líderes políticos, y que no están dispuestos a jugársela por la paz y la reconciliación.
Jamás habrá reconciliación en el país mientras siga vigente el régimen criminal que se instaló en el país desde los años 80, el mismo que cooptó al Estado. Antes de proponer salidas jurídico-políticas a expresiones de violencia o a actores violentos, al gobierno de Petro le corresponde recuperar para el Estado y la sociedad aquellas instituciones que de tiempo atrás están al servicio de bandas criminales. La fiscalía general de la Nación es una de esas instituciones permeadas por organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Hasta tanto no se desmonten las relaciones ‘por debajo de la mesa’ entre fiscales e investigadores con grupos criminales, no será posible hablar de paz y de reconciliación. De igual manera, es urgente que aquellos miembros de clanes políticos en todas las regiones del país sean procesados en juicios justos, pero con penas ejemplarizantes: deben pagar en cárceles y no burlarse del país y de la justicia, “veraneando” en batallones. Para ello hay que depurar también a la Corte Suprema de Justicia, corporación que actúa con lentitud frente a casos públicos de operadores políticos que han tenido y tienen relaciones mafiosas con organizaciones delincuenciales. Todos saben de quién en particular estoy hablando aquí.
Por supuesto, hay que limpiar además a las fuerzas armadas, permeadas por prácticas dolosas que en particular se naturalizaron desde el 2002, comenzando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El país está en una profunda crisis moral y ética. Baste con señalar que el banquero Luis Carlos Sarmiento reconoció ante autoridades americanas el pago de millonarios sobornos (coimas) para hacerse a los contratos de la Ruta del Sol II. La penetración mafiosa que gobiernos anteriores permitieron en la SAE y en la UNP hacen posible pensar que no se trata solamente de proponer salidas jurídico-políticas, cuando la putrefacción viene atada a “gente de bien” que lleva años privatizando el Estado, para acrecentar sus fortunas y de esa forma ocultar su inmoralidad.
A lo mejor, por estar inmersos en una sociedad moralmente confundida, que aún no toca fondo, cualquier propuesta de paz y reconciliación será imposible de discutir y tramitar. Quizás debamos aceptar que el ethos mafioso guía la vida de encopetados banqueros y empresarios; de generales y almirantes; de rectores de universidades públicas y privadas; de gremios de profesores; de congresistas clientelistas y de gremios de la producción; curas y jerarcas de las iglesias; ciudadanos del común; de periodistas-estafetas que vendieron su dignidad.
En fin…
@germanayalaosor
* Imagen de portada, tomada de revista Cambio.
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