Por HUMBERTO TOBÓN
La CEPAL dice que la pobreza rural en Colombia en 2020 fue 46,3%, pero el DANE reacciona y asegura que fue 42,9%. El primero manifiesta que son 5.1 millones de personas en condición de pobreza en el campo, y el segundo lo desmiente y afirma que son 4.7 millones de personas.
La FAO reiteró en un informe de enero de 2022 lo que afirmó en julio de 2021, que Colombia es una de las naciones en mayor riesgo de hambruna en el mundo, junto con los países africanos y Nicaragua, Honduras, Guatemala y Haití en América, asegurando que 7,3 millones de colombianos tienen inseguridad alimentaria. La Cancillería exigió que se rectificara la información y el Ministerio de Agricultura afirmó que sí hay comida en el país. A renglón seguido, el Banco de Alimentos reveló que 16 millones de connacionales sólo pueden tomar dos o menos comidas diarias, cifra que es avalada por la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI.
La pelea por los datos no cambia la cruda realidad de hambre y pobreza en Colombia. Lo cierto es que hay cerca de 700 mil niños con desnutrición crónica y alrededor de 30 mil con desnutrición aguda severa. Una verdadera tragedia en términos humanitarios, en un país en el que se pierde alrededor del 18% del total de la comida que se produce y comercializa.
Las cifras de organizaciones y entidades nacionales como Dane, Andi y Abaco muestran que el número de personas que tienen inseguridad alimentaria en el país, es igual a la cantidad de habitantes de la región central, conformada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila. Así de crítico es el problema.
Incluso, el número de personas que toman una o ninguna comida el día es igual a la población de Barranquilla y Sincelejo. Frente a esto, que pongan o no a Colombia en el mapa del hambre publicado por la agencia para la agricultura y la alimentación de Naciones Unidas, es irrelevante, pues no cambia para nada nuestra realidad.
La tarea que debe enfrentar el país no es pelear con las estadísticas o los mapas, sino diseñar un plan de emergencia para hacerle frente a la pobreza, que es la causa que explica el alto nivel de hambre y que perjudica especialmente a los habitantes rurales y a las comunidades étnicas.
Y en ese propósito, una de las acciones urgentes es intervenir el precio de los alimentos, evitar el acaparamiento, eliminar los intermediarios y aplicar subsidios en favor de los productores. Los niveles que está alcanzando la inflación, especialmente la de los productos básicos de la canasta familiar, implica la urgente necesidad de la intervención estatal, especialmente cuando los voceros gremiales aseguran que este es un fenómeno que se acrecentará en los próximos meses. Incluso, analistas de los mercados mundiales, advierten que la crisis de abastecimiento de materias primas e insumos podría durar hasta 2023.
*Estos comentarios no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.
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