Por HUMBERTO TOBÓN*
Una de las grandes barreras para el desarrollo del país, es el pensamiento inmediatista y la ejecución de acciones improvisadas. Una prueba fehaciente de esto, se observa en la Ley Orgánica del Plan, que ordena que los planes de desarrollo nacionales, territoriales y locales deben tener una vigencia de cuatro años. Craso error.
Cuatro años es un tiempo muy corto para pensar, planear y ejecutar proyectos estratégicos, razón por la cual muchos de ellos quedan a medio hacer durante el periodo de gobierno. Luego aparece la infortunada decisión de algunos nuevos gobernantes de dejarlos de lado y proceder a embarcarse en otros distintos, que sufrirán la misma suerte de los anteriores, en un ocioso juego sin fin, que afecta las finanzas públicas, detiene el desarrollo y perjudica a las comunidades.
Tuve la ocasión de trabajar con el senador Horacio Serpa Uribe (q.d.e.p.) un proyecto que modificaba la Ley 152 de 1994, buscando que los planes de desarrollo tuvieran una vigencia de veinte años. El rechazo de la burocracia central y de ciertos sectores políticos frustró la posibilidad de una planeación de largo plazo.
El argumento de los opositores era que este modelo de planeación interfería con las iniciativas propias de los nuevos gobiernos y se les ponía una camisa de fuerza antidemocrática, que acababa con el voto programático. Nada más alejado de la realidad.
Los países que se nos han adelantado en términos de desarrollo en los últimos setenta años, lo han logrado porque se pusieron en la tarea de concertar ampliamente sus objetivos para varias décadas y cada gobierno asume la responsabilidad de diseñar la estrategia para alcanzar más rápidamente los mejores resultados.
Por fortuna, empezaron a aparecer instrumentos de planeación que logran sortear la camisa de fuerza legal de los planes cuatrienales. Son las políticas públicas, que normalmente son decenales, y permiten que se fijen metas más ambiciosas y con un lapso de tiempo suficiente para lograr palpar realizaciones.
Estas políticas públicas tienen la ventaja de que son formuladas participativamente con objetivos consensuados y mensurables, y en la mayoría de los casos aprobadas mediante acuerdos u ordenanzas, lo que garantiza su obligatorio cumplimiento.
Los planes decenales de educación, salud y ambiente, por ejemplo, han contribuido en los territorios a mejorar la calidad de los servicios, la modernización de los procesos, el compromiso de las autoridades y la ciudadanía, la socialización de resultados y el control de la gestión.
Tener una mirada con mayor perspectiva es muy conveniente para el país, que con acierto ha empezado a construir la Visión de Colombia 2050. Un instrumento como este aportará a la productividad, competitividad, innovación, avance científico, desarrollo tecnológico, mejoramiento de las condiciones sociales e inserción en las cadenas de valor en el mundo. Este es un buen momento para pensar en el futuro.
@humbertotobon
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, entidad de la que soy Subgerente de Planeación Regional
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