Por PUNO ARDILA
Seix Barral acaba de publicar “Atrás queda la tierra”, de Arianna de Sousa-García, exiliada en Chile desde 2016, que retrata con algunos testimonios «la historia de millones de venezolanos, pero también de todo quien haya tenido que sufrir el exilio…».
En el libro, esta periodista venezolana muestra las heridas de un pueblo sometido al yugo de la dictadura y abre la discusión sobre la realidad de los periodistas en América Latina. Colombia, en particular, ha sido escenario de múltiples violaciones a la libertad de prensa a lo largo de su historia, muchas de ellas relacionadas con el conflicto armado interno, pero también en espacios urbanos e institucionales, con agresiones físicas y ataques directos mientras cubren manifestaciones, y como blanco de violencia en represalia por sus investigaciones; y esas agresiones vienen de contradictores y del establecimiento mismo.
Aquí se amenaza de muerte a los periodistas, por las redes sociales y de frente, y algunos han terminado capturados por el “delito” de estar cubriendo un hecho. Además de esas capturas injustificadas, de diferentes maneras se frena la información: por ejemplo, se recurre al acoso judicial, a procesos legales para intimidar y silenciar a periodistas a través de demandas infundadas o abuso de las instancias judiciales, y, cuando se tiene manejo de los medios, a la estigmatización, a la difusión de información falsa y a ataques a la reputación de periodistas para desacreditar su trabajo. Desde el establecimiento, se obstruye el trabajo periodístico cuando se le pone talanquera al acceso a fuentes de información, cuando se niegan las acreditaciones o cuando se restringe el cubrimiento de hechos. Además, se presiona a periodistas y a medios para cernir la información o para que se adopte una línea editorial determinada.
Ejemplos hay para ilustrar lo expuesto: En las protestas sociales, durante las manifestaciones de 2021, numerosos periodistas fueron agredidos, detenidos y amenazados mientras cubrían los eventos. Investigadores de temas relacionados con corrupción, narcotráfico y derechos humanos han sido objeto de constantes amenazas. Varios medios de comunicación críticos han sido demandados por funcionarios o por particulares en un intento por silenciarlos. Se han revelado casos de interceptación de comunicaciones de periodistas, lo que vulnera su derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
En el encuadre del conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales y la violencia asociada al conflicto han generado un clima de inseguridad para los periodistas, y, por otro lado, la corrupción y la impunidad que la fortalece permiten que los responsables de las violaciones queden impunes y desalientan a los periodistas a investigar temas sensibles. Encima, el clima político polarizado y la creciente hostilidad desde los medios de comunicación han contribuido a un aumento de las agresiones contra los periodistas.
@PunoArdila
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