Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con el estallido social y la represiva respuesta del Estado por un lado, y por otro el carácter contestario y democrático de las redes sociales, así como la consolidación del Pacto Histórico como proyecto político, la opinión pública sufrió cambios sustanciales en las maneras de entender los asuntos públicos.
De manera concomitante, el desprestigio de los medios de comunicación tradicionales creció exponencialmente, hasta el punto de que la hegemonía informativa de los canales privados RCN y Caracol se ha ido erosionando. La emergencia de medios alternativos, el cansancio de los jóvenes y de sectores de clase media de la corrupción público-privada, se suman al desprestigio del uribismo y de todos sus órganos propagandísticos.
Desde antes que entraran en operación los canales de televisión privados en 1998, el ejercicio periodístico en Colombia gozaba en términos generales de buen recibo por parte de una opinión pública que creía en la independencia y la objetividad de los periodistas.
Al cerrar filas alrededor del proyecto neoliberal que impulsó Álvaro Uribe Vélez, empresas mediáticas como RCN, Caracol, La FM, La W y Blu Radio, y medios impresos como El Tiempo, El País y El Colombiano, entre otros, se convirtieron en “aparatos ideológicos de Estado”. Esto en buena medida coadyuvó a la consolidación de lo que se conoce como el unanimismo ideológico, derivación clara del Pensamiento Único traído del fascismo.
Aunque lentos, los cambios en la manera como la opinión pública ha ido entendiendo los problemas del país han permitido que emerjan discursos contrarios, erosionando así ese unanimismo ideológico y mediático y debilitando a medios como RCN, hasta el punto de poner en riesgo su permanencia al aire por el bajo consumo de su noticiero y en general de su oferta televisiva.
Hoy existe en Colombia una opinión pública más crítica, que no traga entero. En este cambio acelerado las redes sociales han aportado mucho a las nuevas tomas de conciencia ciudadana. Lo anterior terminó de potenciarse con la llegada de la pandemia por el covid-19 y el desastroso manejo del gobierno de Iván Duque Márquez. El estallido social en las principales ciudades del país y en particular en Cali, se explica no solo por el hambre y el desempleo, sino por el proceso comprensivo que las audiencias adelantaron, de las maneras como el Estado venía operando para solo satisfacer a una élite retardataria, premoderna, feudal y precapitalista.
Con la consolidación del Pacto Histórico (PH) como proyecto político, aquellas debilitadas empresas mediáticas intentan recuperar el lugar dominante que tuvieron entre 2002 y 2010. Ante el miedo de perder los privilegios ganados por defender el régimen mafioso y la operación de un Estado capturado e interesadamente débil, las empresas periodísticas arriba señaladas han emprendido una furiosa arremetida contra las dos figuras políticas del PH, Francia Márquez y Gustavo Petro.
Con muestras claras de racismo y animadversión política, dichos medios actúan más como aparatos ideológicos de Estado -en el sentido planteado por Louis Althusser- que como informadores o generadores de opinión pública crítica. Por el contrario, estos medios masivos pasaron de informar, a hacer propaganda política.
En el actual escenario electoral, en el que es probable el triunfo del proyecto político que representa Petro, abandonaron el ejercicio riguroso y responsable del periodismo para adentrarse en la defensa del régimen que hace posible su operación.
Así las cosas, por estos días el noble y bello oficio del periodismo deviene en una profunda crisis de credibilidad y legitimidad, lo que convierte a muchos de los periodistas, con notables excepciones, en estafetas y amanuenses del régimen criminal y mafioso que opera en Colombia en nombre del Estado. Con un periodismo así, pierde la democracia y triunfa el autoritarismo.
Adenda: Convendría que el candidato presidencial Gustavo Petro morigere sus reacciones ante las provocaciones de agentes propagandísticos y bodegueros de las redes sociales. El asunto no está en si tiene razón en calificar como neonazi a un “periodista” o a un medio. El problema está en que como figura política y primer opcionado a llegar a la Casa de Nariño, debe garantizar la operación de ese tipo de empresas mediáticas y, con ellas, las libertades de prensa y expresión.
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