Por JORGE SENIOR
Por fin el presidente Gustavo Petro se decidió a intervenir la CREG, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas. La CREG fue la instancia que tomó la decisión, durante el gobierno Duque, de crear el Régimen Tarifario Especial para el Caribe colombiano, estrangulando la economía de los hogares y las empresas en esta región. Tal intervención la anunció a mediados de septiembre en el congreso de Andesco en Cartagena, pero pasaron cuatro meses sin que sucediera nada, salvo el esperpéntico “pacto por la justicia tarifaria” que la ministra de minas y energía anunció con bombos y platillos y que todos sabíamos que de nada serviría.
Esta decisión de retomar el control delegado por la Presidencia de la República desde 1994 la anunció el presidente Petro en la noche del jueves 26 de enero en un trino, pero aún está por verse qué medidas tomará para solucionar la problemática de tarifas que no sólo impacta a la Costa sino a todo el país, aunque sea el Caribe el caso más crítico. El presidente también hará lo propio con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Por aquellos días del congreso de Andesco en septiembre el primer mandatario designó a Dagoberto Quiroga, el máximo dirigente del partido Colombia Humana, como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, de quien esperamos desenrede todo ese entramado del negociado de la Triple A y asimismo aplique estricta vigilancia sobre las comercializadoras de energía Air-e y Afinia que abusan de los usuarios.
Lo que sorprende es que Petro no ha cambiado al Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Juan Camilo Durán Téllez, quien fue encargado por Duque al final de su mandato. Cumplidos tres meses del encargo (29 de julio), el gobierno Petro le prorrogó su estadía, algo inexplicable. Están próximos a cumplirse los otros tres meses y urge que Petro ponga a alguien de su confianza, pues esta superintendencia es clave para evitar la cartelización que es una de las “jugaditas” empresariales que impactan los precios y constituyen otro factor que influye en la inflación, pues la generación representa un tercio del precio del kWh que hoy está por las nubes.
En concreto, sobre el sector de los generadores de energía hay la fundada sospecha de una alianza oligopólica que manipula los precios a conveniencia. Tal situación recibe un nombre: cartelización, y es ilegal. De hecho, tienen un gremio: la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, dizque para “promover la libre y sana competencia”, como dicen en su página. Pero allí mismo informan que dominan el 85% del mercado. Acolgen tiene 15 empresas de un total de 79 empresas generadoras que integran el mercado total. Ahora bien, entre las 15 hay cuatro empresas grandes con posición dominante el mercado, a saber: la antioqueña EPM, Emgesa de la italiana Enel (aliada del Grupo de Energía de Bogotá GEB), Isagen de la canadiense Brookfield y Celsia que es filial del grupo Argos. Ellas cuatro se llevan más de dos tercios de la torta.
Ahora vamos a la “jugadita”. El costo marginal del kWh representa el costo de suministrar un kilovatio hora (kWh) adicional al sistema eléctrico como resultado de la regla de despacho. En el modelo del sistema eléctrico de muchos países, incluida Colombia, el costo marginal del kWh es el indicador clave del mercado eléctrico de corto plazo que varía mensualmente. En un mercado perfecto ese modelo puede ser pertinente, pero el mercado eléctrico colombiano es oligopólico y su matriz energética, aunque dominada por la generación hidroeléctrica, incluye de todos modos una buena porción termoeléctrica. En un mercado oligopólico el modelo es perverso porque en la práctica se puede tomar como referente el generador más ineficiente, con el costo marginal más alto y que generalmente es de una termoeléctrica. Esto explica por qué, aunque los embalses estén llenos, el precio de la energía eléctrica termina subiendo, ya que está impactado principalmente por los precios internacionales de los combustibles fósiles.
Entonces tenemos dos mensajes para el gobierno Petro: 1) En lo inmediato, debe nombrar un Superintendente de Industria y Comercio que vigile de verdad al sector eléctrico y su manejo del modelo de costo marginal con el objetivo de detectar el juego de la cartelización; 2) si quiere justicia tarifaria debe cambiar ese modelo perverso.
No estamos proponiendo estatización. Hay otros modelos de mercado en el cual confluyen empresas públicas y privadas, pero capaces de reflejar de manera justa los costos reales de la generación de energía eléctrica. Y no olvidemos que en el pasado mes de septiembre Petro también anunció una nueva ley de servicios públicos, clave para implementar un nuevo modelo de transición hacia energías limpias y generación participativa por prosumidores de las comunidades energéticas. De seguro no será en la actual legislatura, pero sí debe prepararse para el próximo semestre.
Finalmente, el gobierno nacional, que tiene una participación ínfima de funcionarios costeños, debe coadyuvar a la Región Caribe para que vuelva a tener una empresa propia de energía.
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