Por JORGE GÓMEZ PINILLA
Comencemos por decir que el primer gran acierto de Gustavo Petro en la conformación de su gabinete fue haber nombrado ministro de Defensa al exmagistrado Iván Velásquez, pues es señal de que llegó decidido a “tomar el toro por los cuernos” en el manejo de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército. Como dijo Miguel Ángel del Río en reciente entrevista con Palabras Mayores, durante el gobierno de Iván Duque “la fuerza pública había quedado convertida en la guardia pretoriana que protegía al gobierno, no a la ciudadanía de los embates de la criminalidad”.
La certeza de esta afirmación reside en que durante la campaña electoral el mismo Petro dijo que “algunos generales están en la nómina del Clan del Golfo” (ver trino), y el entonces comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, se dio por aludido y respondió atacando al candidato como si fuera un paisano más, salido de su uniforme. En síntesis, era la criminalidad defendiendo sus atributos.
Antes de su retiro el general Zapateiro anunció amenazante que iba a dejar “cientos de Zapateiros” dentro de la institución, y esto en parte explica la dura purga de más de 50 generales -entre Ejército y Policía- que debió realizar el gobierno entrante. Ahora bien, se impone la pregunta del millón: ¿quedaron ya depuradas las cúpulas del Ejército y la Policía, es posible confiar en ellas, considerando el altísimo grado de corrupción que de tiempo atrás había entre las fuerzas armadas, sumada a su connivencia con los más variados grupos criminales?
En busca de una respuesta, continuemos por anotar que el pasado 20 de agosto, durante la ceremonia de reconocimiento de mando ante el presidente de la República, los comandantes de Ejército, Fuerza Aérea y Armada recibieron sus respectivas responsabilidades con la misma frase expresada a voz en cuello: «De la mano de Dios, de la Virgen Santísima y de mi familia asumo el mando». (Ver noticia). ¿No se entiende esto acaso como un reto velado contra el comandante supremo, quien pregona la separación entre Iglesia y Estado?
Todo militar en ejercicio está en libertad de profesar sus propias creencias religiosas, pero no deja de ser llamativo lo que ocurre con el nuevo comandante general de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, quien según artículo de Cambio no solo es un católico línea Opus Dei que se ha mostrado combativamente contrario a la comunidad LBGT y al aborto, sino que en declaraciones públicas justificó ciertos abusos de miembros de la institución contra jóvenes de la primera línea, según artículo de El País de España.
Pero el problema de fondo tampoco está ahí, sino en tratar de dilucidar si será posible algún día acabar o “neutralizar” el evidente entronque o mutua colaboración que existió durante los doce años del régimen uribista entre muchos oficiales de las fuerzas armadas con grupos al margen de la ley, donde brilla con luz propia la estrecha cercanía que había (¿o sigue habiendo?) entre el Ejército y el clan del Golfo.
Ese ethos mafioso al que en sus columnas para El Unicornio se ha referido el profesor universitario Germán Ayala permanece ahí, no solo dentro de las filas castrenses sino entre los agentes políticos y económicos que están detrás de “los señores de la guerra”, denominación aplicable a los oscuros intereses que hay vinculados a la necesidad de que el conflicto armado nunca se acabe, por una razón de peso mayúsculo: porque la guerra es el más grande negocio que existe, incluso por encima del narcotráfico.
El sábado pasado en visita del presidente Petro al municipio huilense de San Luis, donde ocurrió la masacre de los siete jóvenes policías, afirmó que «es 90% probable que sean las disidencias» las autoras del atroz atentado. Aquí respetuosamente me permito disentir con el primer mandatario, pues prefiero apuntarle a la hipótesis del 10%: que se trata de fuerzas oscuras de extrema derecha que usan la marca «disidencias Farc» para impedir que un día la Paz Total se haga realidad”.
Esta es una columna de opinión, y en tal medida me es permitido reiterar que se trata de una hipótesis, sustentada en parte en la poca importancia que nuestros organismos de seguridad acostumbran darles a las bajas colaterales que ellos mismos producen, como la muerte de niños inocentes en bombardeos a campamentos guerrilleros, o más reciente aún el asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre) para hacerlos pasar como integrantes abatidos del clan del Golfo.
Así las cosas, en esta Colombia todavía narcotizada y paramilitarizada hasta el tuétano, de ningún modo se puede descartar que la salvaje emboscada contra esos siete jóvenes policías hubiera sido “fuego amigo”.
Post Scriptum: Gabriel Boric fracasó en su propuesta de una nueva Constitución por el mismo motivo que fracasó el plebiscito que en 2016 impulsó el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras aquí los partidarios del NO infundieron pánico pregonando que detrás del acuerdo de paz estaba la ideología de género que volvería homosexuales a “nuestros niños”, a la derecha chilena le fue muy fácil hacerle creer a una aplastante mayoría de formación católica que detrás de la nueva Constitución vendrían el aborto indiscriminado y el matrimonio igualitario. Tiene razón entonces el presidente Petro cuando dijo que con lo ocurrido en Chile “revivió Pinochet”, del mismo modo que el plebiscito fallido de Santos resucitó políticamente a Álvaro Uribe y le permitió dos años después poner en la presidencia a su títere Iván Duque. ¿Cuáles serán ahora las consecuencias para Chile…? Tiemblo de solo pensarlo. En todo caso, aquí y en Cafarnaúm la religión no deja de hacer daño.
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