El reciente rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque obedece a lecturas ideologizadas en torno a dos conceptos: terrorismo y terrorismo de Estado. El jefe del Estado llamó “terrorista” a Iván Duque por cuenta de los crímenes que cometieron agentes estatales que, bajo sus órdenes y mando, violaron los derechos humanos. Las cifras hablan de 60 ciudadanos asesinados, violación de mujeres, torturas y afectaciones en los ojos a otros 60 jóvenes que se movilizaron en el contexto del estallido social.
“Cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, la pregunta es quién fue el terrorista y el presidente tiene que decir que el terrorista no fue la juventud, fue el Estado de Colombia y particularmente el Gobierno del entonces presidente. Sí señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas, el terrorista fue usted”, dijo Petro.
Sin duda alguna, le cabe responsabilidad a Iván Duque porque en calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas permitió los desmanes y la comisión de los crímenes. Pudo ser diferente si hubiese asumido la actitud de dialogar y escuchar a los jóvenes, en lugar de pensar que le iban a dar un golpe de Estado. Bajo esa excusa, acudió a la figura de la “asistencia militar” y la plasmó en el Decreto 575 del 28 de mayo, a todas luces inconstitucional. Las movilizaciones y las violentas protestas que se dieron en el marco del estallido social jamás se convirtieron en un movimiento social y político capaz de provocar semejante quiebre institucional.
Petro califica así a Duque porque usa la categoría Terrorismo de Estado. Sin duda alguna el Estado colombiano ha operado como un orden criminal, con prácticas y acciones propias de lo que se conoce como terrorismo de Estado. Las varias condenas internacionales proferidas por la CIDH hacen pensar en que, como mínimo, bajo ese orden asesinaron a comunidades en contubernio con grupos paramilitares. Baste con recordar la masacre de Trujillo o el genocidio contra la UP para entender el sentido de los calificativos que de tiempo atrás usa Petro para referirse al accionar violento y criminal del Estado.
Durante los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe el régimen estatal actuó bajo las condiciones que dan vida a esa nomenclatura de terrorismo de Estado. Lo que sucede es que el Estado terrorista del que habla Petro suelen verlo y sufrir exclusivamente quienes militan en la izquierda o aquellos que tienen una formación política que les permite calificar a un orden establecido como terrorista. El Estado terrorista actúa sobre específicos sectores sociales, torturando, persiguiendo y desapareciendo a cientos de ciudadanos a manos de agentes de inteligencia, policías y militares. El genocidio de la UP es propio de un Estado terrorista porque sucesivos gobiernos jamás aceptaron el pensamiento divergente que representaba ese partido de izquierda y mucho menos la cercanía ideológica y política con las entonces Farc-Ep. Hay que recordar que durante el gobierno de Belisario Betancur se acordó que miembros de la UP llegaran al Congreso, en el marco de un proceso de paz. Ello incluyó la presencia en el Congreso de guerrilleros activos, como Braulio Herrera.
Insisto entonces en que la categoría con la que Petro descalificó a Duque tiene un uso menos universal y por lo tanto, la opinión pública en general no lo tiene presente para examinar a su luz, los hechos a los que Petro hizo referencia. Lo contrario sucede con el vocablo con el que el expresidente-títere usó para responderle el agravio que le lanzó el actual presidente de la República. Esto dijo el fatuo e infantil expresidente de la República: “nunca haber militado en grupos armados ilegales o terroristas”, nunca haber “hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales…”.
Iván Duque, como era de esperarse, se ubica un plano moral superior cuando se jacta de que jamás militó en un grupo armado ilegal, como si ello le permitiera deslegitimar la lucha armada que decidieron librar quienes creyeron que se podían tomar el poder a tiros. Duque insiste en demonizar a las guerrillas, en particular al movimiento M-19 del que hizo parte Petro durante su juventud. Mientras que el vocablo terrorismo de Estado se remonta a los años 60 y se entiende bajo las circunstancias propias de esa ebullición política e ideológica de las turbulentas décadas de los 60, 70 y 80, la nomenclatura “terroristas” está atada temporalmente a los hechos del 11S de 2001 en los Estados Unidos. De igual manera, Petro se ubica en otro plano moral superior, porque sigue pensando que la guerrilla del M-19 siempre representó la salida o la solución a los problemas históricos del país, causados por una «oligarquía inmoral, premoderna y corrupta». Petro aún piensa como subversivo, a pesar de que manera temprana dejó las armas.
Volvamos a Duque. Lo que sucedió con los atentados terroristas contra el World Trade Center en Estados Unidos que provocaron las caídas de la emblemáticas Torres Gemelas, le permitió a la derecha mundial consolidar el discurso antiterrorista de la mano de la “cruzada contra el terrorismo” representado en la persecución contra Osama Bin Laden, el supuesto responsable de los atentados terroristas. El entonces candidato presidencial y posterior presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, “compró” el discurso del presidente Bush para dar vida a su Política de Seguridad Democrática, con la que desconoció el origen político del conflicto armado interno. Entonces, el país empezó a hablar de “amenaza terrorista”, lo que por supuesto hizo posible empezar a calificar a las guerrillas de la época como grupos terroristas. Lo anterior con la ayuda y el beneplácito de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Eso sí, no se puede desconocer que las Farc-Ep y el ELN incurrieron en prácticas y hechos terroristas, en tanto sus objetivos estaban dirigidos a generar miedo y terror en la población civil. Pero tampoco se puede obviar que las listas de grupos terroristas construidas por los Estados Unidos y la Unión Europea obedecen a cálculos políticos y militares, resultado de las relaciones de dominación Norte-Sur.
Las acciones político-militares del M-19 no podrían calificarse como terroristas por cuanto el uso universal de esa categoría inicia en 2001 y para ese momento ese grupo subversivo había desaparecido, pues firmó la paz en 1990 con el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Ni siquiera la toma del Palacio de Justicia por parte de una célula del M-19 podría ser calificada como terrorista, por ese elemento temporal. No se pretende ocultar los horrores y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la toma y la retoma. El país saber que particular durante la retoma del edificio por parte del Ejército nacional se presentaron las mayores y ejemplarizantes violaciones a los derechos humanos.
En la misma línea argumental de Duque podríamos calificar a Estados Unidos como terrorista, incluso al presidente Harry Truman por las dos bombas atómicas que lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki (Japón), con las que se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Para aquella época, ese hecho bélico se entendió como parte de la lógica de la guerra que en ese entonces libraron los Estados Unidos y los aliados para frenar al régimen nazi.
Así las cosas, en el rifirrafe entre Petro y Duque cada uno hace una lectura ideologizada y moralizante que los pone en orillas irreconciliables. Mientras el presidente de la República les da un carácter político a los hechos acaecidos durante el estallido social, Duque jamás aceptará las razones y las circunstancias históricas y objetivas con las que se legitimó el levantamiento de las guerrillas en los años 60 y 70.
Convendría que el presidente Petro evitara descalificar a sus detractores y enemigos, en especial a los expresidentes. Su condición y dignidad así se lo exigen. Aunque el gobierno de Duque arrastra una nefasta recordación, sigue representando a esos sectores de poder que siempre estarán dispuestos a ponerse moralmente por encima de los demás a pesar de haber cohonestado con la operación criminal de los grupos paramilitares. Es tal su cinismo, que insisten en el débil argumento de que “jamás hice parte de un grupo armado ilegal”, para sacar pecho y presentarse como los «elegidos» para continuar gobernando a Colombia.
@germanayalaosor
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