Por ERWING RODRÍGUEZ-SALAH
Aunque los defensores de los páramos llevamos doce años oponiéndonos a la megaminería en Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos, el Teatro del Absurdo Santurbán ya cumple veinte años, pues comenzó bajo el gobierno Uribe y continuó dirigido y orquestado por los gobiernos de Santos y de Duque.
El gobierno de Uribe aumentó el número de hectáreas concesionadas a la minería de 1,13 a 8,53 millones y duplicó las áreas concesionadas en páramos. Guillermo Rudas denunció en Razón Pública que entre la aprobación de la Reforma al Código Minero por parte del Congreso que prohibía la minería en los páramos y la sanción presidencial transcurrieron ocho meses, un intervalo que fue aprovechado para concesionar la mayoría de títulos mineros y favorecer a las multinacionales a través de exenciones tributarias.
En el artículo “El legado minero de Uribe” publicado por La Silla Vacía, se afirma que “Solo entre julio y octubre de 2009 se firmaron 1.900 contratos en los páramos para los mineros y otros alcanzaron a renovar sus contratos”. Así mismo, “según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3,5 billones de pesos por regalías en el último año”.
En noviembre de 2008, Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y en diciembre de 2009, el otrora Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), en ese entonces encargado de otorgar las licencias ambientales –condición sine qua non para la explotación minera– aceptó, para dar trámite, la solicitud de la Greystar, para llevar a cabo el proyecto Angostura de mega minería a cielo abierto en Santurbán, a la que nunca debió dársele trámite siguiendo la Constitución Política y la legislación ambiental.
Santos, más de lo mismo
El gobierno de Santos encontró un país entregado a la minería y plagado de exenciones tributarias para las multinacionales, pero entre 2010 y 2011, la sociedad civil decidió defender el agua y los páramos y logró frenar el ambicioso proyecto de la multinacional Greystar.
En mayo de 2011, el MAVDT negó la licencia ambiental a la Greystar a través de la Resolución 1015, una de las pocas escenas rescatables del Teatro del Absurdo. Posteriormente, Greystar cambió su nombre a Eco Oro e insistió en llevar a cabo un proyecto de minería subterránea. Ese mismo año, el presidente Santos anunció que delimitaría los 37 páramos del país.
En diciembre de 2014 fue expedida la delimitación de Santurbán mediante la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente, una resolución pro-minería que resultó siendo el peor engaño en la historia ambiental del país.
En últimas, consiguió desvirtuar el concepto de integralidad del páramo gracias a una delimitación exprés sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos y favorecía los intereses mineros. Aunque fui uno de los principales opositores de la delimitación de páramos, una vez hecha realidad con la delimitación de la Resolución 2090, decidimos interponer una acción de tutela con la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) en julio de 2015.
En 2017, Minesa, del Fondo Mubadala de Emiratos Árabes, presentó el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) para lograr la aprobación del proyecto de minería subterránea “Soto Norte”. En diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le hizo 83 requerimientos y observaciones en vez de negarle la licencia ambiental de una vez.
Tras revisar la tutela que interpusimos con la CCALCP, en mayo de 2017 la Corte Constitucional dictó la Sentencia T-361 a través de la cual le exigía al Ministerio de Ambiente una nueva delimitación de Santurbán alegando que la Resolución 2090 no había sido concertada con las comunidades y, por ende, había vulnerado su derecho a la participación ambiental.
Sin embargo, en enero de 2018, el presidente Santos anunció la delimitación de treinta páramos; el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, cuando oficializó la Resolución 2090, en 2014, adujo que esa metodología sería usada para delimitar los 36 páramos restantes del país.
En noviembre de 2017, la CDMB abrió un proceso sancionatorio contra Minesa por presunta infracción de la legislación ambiental, que está por cumplir cinco años sin que se conozca su fallo. En marzo de 2018, Minesa desistió de su proyecto y la ANLA aceptó esta decisión, pero no le negó la licencia ambiental con lo cual desconoció el antecedente de la Greystar y le dio alas a la multinacional árabe para que presentara un segundo E.I.A.
En septiembre de 2018, dos fallos de tutela fundamentados en el precedente de la T-361, dejaron sin efectos las delimitaciones de Almorzadero y Cruz Verde-Sumapaz (delimitados mediante las resoluciones 152/2018 y 1434/2017, respectivamente) por vulneración del derecho a la participación ambiental.
En noviembre del mismo año, los accionantes de la T-361 presentamos una propuesta alternativa de delimitación de Santurbán que se basaba en los estudios hidrológicos e hidrogeológicos ignorados por la Resolución 2090.
En cumplimiento de la T-361, el gobierno de Duque intenta más que concertar imponer a las comunidades su Propuesta Integrada de delimitación que, al igual que la Resolución 2090, busca favorecer a las mineras.
En enero de 2019, Minesa presentó su segundo EIA. En noviembre, la ANLA le hizo 107 requerimientos, pero no le negó la licencia ambiental. En septiembre del mismo año, la CDMB negó cinco permisos solicitados por Minesa basándose en estudios técnicos y científicos. Esto hubiese sido suficiente para que la ANLA negara la licencia ambiental, pero no fue así.
En septiembre de 2021, un Tribunal Arbitral del CIADI del Banco Mundial determinó que la demanda interpuesta por Eco Oro (antes Greystar) contra Colombia por 736 millones, al no satisfacer sus objetivos extractivistas en Santurbán, era válida porque Colombia infringió el artículo 805 del TLC con Canadá que establece que debe haber un trato justo y equitativo hacia los inversionistas extranjeros.
En enero de 2021, la ANLA dejó en firme el archivo del trámite administrativo de evaluación de la licencia ambiental del proyecto de Minesa, pero no negó la licencia, lo cual habilita a la multinacional para que presente un tercer E.IA.
En marzo de 2022, Duque anunció que, antes de terminar su período, suscribiría el TLC con Emiratos Árabes y unos días después, Aris Gold reveló que había adquirido el 20% del proyecto de megaminería de Minesa y que podría adquirir hasta el 50% del mismo.
En resumen, los últimos gobiernos manipularon el aparato estatal para favorecer los intereses particulares mineros.
La promesa de Petro
El gobierno de Petro llega con la voluntad política que no tuvieron los gobiernos anteriores para proteger y conservar nuestra agua y nuestros páramos. Por tanto, está llamado a darle un epílogo feliz al Teatro del Absurdo Santurbán. Ha llegado la hora de bajar el telón con dignidad. Para lograrlo, es necesario revisar tres aspectos fundamentales:
El otorgamiento de licencias ambientales. Nuestra Constitución, la Ley 99 de 1993, los Decretos 2372 sobre áreas protegidas y 3930 sobre usos del agua, su ordenamiento y vertimientos y las sentencias C-035 de 2916 y T-361 de 2027 de la Corte Constitucional son suficientes para negar licencias ambientales y para frenar la tramitación de proyectos de megaminería por encima de las bocatomas de los acueductos metropolitanos.
La delimitación de páramos. Al negar las licencias para los proyectos de megaminería, la presión para delimitar los páramos desaparecerá. Es indispensable revisar las delimitaciones en curso para que se basen en criterios técnicos y científicos y garanticen que las generaciones del futuro tendrán agua.
Los Tratados de Libre Comercio. Finalmente, es importante revisar los TLC, especialmente el que se está negociando con Emiratos Árabe para que no se convierta en el doble seguro de Minesa, hoy propiedad del Fondo Mubadala y Aris Gold, en una peligrosa alianza canadiense-árabe que atentaría contra los intereses del Estado y el pueblo colombiano. Cada vez que firmamos TLC onerosos e inequitativos cedemos nuestra soberanía y concedemos un doble seguro a las multinacionales, que ganan saqueando nuestros recursos o demandando al Estado.
Mientras los gobiernos anteriores decidieron ponerse de lado de los intereses mineros, el gobierno de Petro protegerá los páramos y el agua de los colombianos. Solo así será posible dirimir el conflicto ambiental-minero de nuestros páramos en el campo político y dejar de acudir a los estrados para resolverlo en el campo jurídico.
* Imagen de portada, tomada de El Espectador
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