Por GERMÁN AYALA OSORIO
La salida de siete ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro tiene varias interpretaciones. La primera es que intenta corregir el error político que cometió al momento de pactar con una parte del Establecimiento colombiano, creyendo que lo iban a acompañar en sacar adelante reformas que tocan los intereses corporativos de los sectores que representan personajes como César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro. Se trató, sin duda alguna, de un pacto más burocrático que político. Esto explica la salida de los ministros que eran cuotas de los partidos Liberal, Conservador y La U. Más claro: el rompimiento de la tal Coalición partidista se le facilitó porque no estuvo soportada en una discusión seria del proyecto de país que Petro tiene en la cabeza, mucho menos en la comprensión de la imperiosa necesidad de hacer cambios que por fin pongan al Estado y a la sociedad en la modernidad.
La segunda lectura permite señalar que el presidente Petro cree posible acabar de sepultar a esas tres colectividades, convertidas en verdaderos obstáculos para profundizar la democracia y consolidar al país como un Estado social y democrático de derecho. La tarea de inhumar a Gaviria, a Cepeda y Toro se la entregó Petro a su nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, liberal rebelde que deberá consolidar el respaldo político a las reformas de los 18 congresistas que ya están tomando distancia del dueño del insepulto Partido Liberal. Lo mismo deberá hacer con el resto de congresistas que hasta el momento están firmes con las orientaciones dadas por Cepeda y Toro: decir no a las reformas a la salud, laboral y pensional propuestas por el gobierno.
La tercera lectura apunta a que Petro está convencido de que es posible derivar en una gobernabilidad plebiscitaria soportada en las movilizaciones del pueblo. Es decir, el presidente está rompiendo con la tradición de los anteriores gobernantes de garantizar una gobernabilidad transaccional y burocrática, propia de la manera como opera la política en Colombia. Al creer que es posible mantener su capacidad de maniobrar y de tomar decisiones sin la bendición de los partidos tradicionales, Petro abre el camino para que por primera vez en Colombia se dé un gobierno popular. Hay varias circunstancias que hacen riesgoso seguir por ese camino: la formación política del pueblo, las motivaciones de la gente para plantarse y marchar en favor del actual presidente y las reacciones de poderosos agentes de la sociedad civil que, al entrar en pánico, decidan tomar acciones económicas y financieras. Petro sabe que para mantener en el tiempo el respaldo popular, deberá organizar a las comunidades y proveer los recursos suficientes para atenuar el hambre y las incertidumbres que se ciernen especialmente sobre los más vulnerables.
Los medios masivos hablan de “crisis ministerial” para imponer una narrativa que manda mensajes negativos a los mercados. De esa manera, la gran prensa bogotana funge como actor político al servicio de los partidos tradicionales y de otros sectores del establecimiento que se resienten en sus intereses por cuenta del rompimiento de la débil coalición interpartidista. Entran los periodistas en el juego peligroso de enfrentarse al Ejecutivo y por esa vía, a las audiencias que cada día comprenden más que las empresas mediáticas son apéndices de banqueros y plutócratas, responsables en buena medida de la existencia de 21 millones de pobres, de la consolidación de la informalidad laboral y de un sistema de salud cuyos recursos se desviaron para pagar favores políticos, financiar campañas, comprar mansiones y hasta para suplir las necesidades operativas de los paramilitares.
Con la decisión colegiada de Gaviria, Cepeda y Toro de no acompañar la reforma a la salud que se tramita en el Congreso, Petro puede terminar enconchándose hasta caer en una profunda ceguera y sordera, que lo conduzca hacia caminos poco democráticos. Ojalá quienes le hablen al oído le muestren esos riesgos.
Vendría bien que las cabezas visibles de todas las organizaciones de la sociedad civil entraran en una especie de cónclave con la intención de proponerle al gobierno un Pacto Político, dejando de lado las mezquindades de Gaviria, Cepeda (Pastrana está detrás) y Toro.
Es tiempo de aceptar que el país necesita de reformas sociales, económicas y políticas. El orden establecido en el país arrastra una historia de violencia directa, estructural y cultural (Galtung) a la que hay que ponerle freno y lograr proscribir sus prácticas. El país no se puede quedar eternamente sumido en la premodernidad.
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