El presidente Petro es un polemista profesional. Puesto que parece disfrutar de los constantes ataques de la prensa uribizada, cada cierto tiempo les lanza una carnada. La más reciente que lanzó a las turbias y turbulentas aguas mediatizadas tiene que ver con su idea de que los jueces deberían escogidos en elección popular, como sucede en México.
Parece haber una confianza ciega del jefe del Estado en la capacidad y la inteligencia del “pueblo” para tomar las mejores decisiones en materia política y electoral. Si así fuera, ese mismo pueblo no habría votado jamás por Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño le hizo a las instituciones públicas, entre estas las FF AA; al ejercicio de la política, naturalizando un ethos mafioso que se evidenció en la compra de sus reelección; a los ecosistemas naturales, debilitando la institucionalidad ambiental y favoreciendo los intereses de hacendados, ganaderos y latifundistas que al correr sus cercas, afectaron en materia grave selvas tropicales y bosques secos; y a los derechos humanos como factor fundamental para que el Estado por fin alcanzara su ya esquiva legitimidad.
Que el pueblo elija a los jueces no cambiaría en nada lo que sucede hoy con los operadores judiciales, desde el juez promiscuo que actúa en el municipio más pequeño del país, hasta el más encopetado de los magistrados de las altas cortes: la venta de fallos, el clientelismo y la tendencia a fallar no en derecho, sino de acuerdo con elementos ideológicos e intereses políticos asociados a los clanes políticos de la derecha que les ayudaron a escalar posiciones dentro de la competida carrera judicial.
La propuesta de Petro se da en medio de una evidente politización del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La reciente postulación de políticos cercanos a Vargas Lleras de parte de las dos primeras cortes, a la terna para que el Senado eligiera el nuevo Procurador, da cuenta de ese amargo proceso en el que los togados parecen actuar por intereses clientelistas y políticos y no para tratar de detener la vulgar captura del Ministerio Público por parte de clanes políticos.
Sin duda alguna, el presidente Petro anda molesto con los altos tribunales que, en el marco de los pesos y contrapesos de la democracia, le han tumbado decretos presidenciales claramente destinados a favorecer a comunidades de base a través de la contratación directa para hacer las placas huellas en las vías terciarias y otros para poner a tributar a multinacionales petroleras.
Lo cierto es que poner al pueblo a votar por jueces y a estos a hacer campañas no garantiza que la corrupción de jueces y togados quede proscrita para siempre. El cartel de la Toga es la expresión más clara de la naturalización del ethos mafioso en el sistema judicial, contaminado por un sistema político que deviene históricamente asociado a los intereses de clanes políticos que le vienen apuntando a sostener y extender la captura del Estado, convirtiendo a jueces y magistrados en sus fichas para echar para atrás el carácter garantista de la Constitución de 1991 y aquellas reformas que le apuntan a modernizar a una sociedad en la que hay sectores que insisten en mantenerla en la oscuridad y en la premodernidad.
@germanayalaosor
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