La polémica suscitada en redes sociales entre los defensores de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y sus detractores deviene profundamente ideologizada por estar en medio varios rifirrafes entre el presidente de la República y periodistas, originados en tratamientos periodísticos que el mandatario no comparte por considerarlos tendenciosos. La confrontación creció aún más por el trino del presidente Petro en el que señaló que la entidad defensora de la libertad de prensa responde a directrices de Francisco Santos Calderón, más conocido bajo el diminutivo de “Pachito”, contradictor o enemigo del jefe del Estado. De acuerdo con el directo y vocero de la entidad en cuestión, el ex vicepresidente de Uribe nada tiene que ver con las tareas de la Fundación.
No haré referencia en esta columna a la defensa que de la FLIP hacen periodistas y columnistas. Eso sí, debo indicar que la operación de la Fundación durante este gobierno ha estado en función de defender a los periodistas y empresas mediáticas que de manera concertada y deliberada atacan al gobierno con el único objetivo de generar desazón, miedo o incertidumbre en sus audiencias. Han fustigado más los trinos de Petro y guardado silencio frente a notables tratamientos noticiosos que dejan ver la “mala leche” y la intención manifiesta de engañar a las audiencias. Baste recordar que Ricardo Ospina, periodista de Blu radio, omitió decir que los hallazgos de corrupción de la Contraloría General de la República en la SAE tocaban de manera directa la gestión del gobierno de Duque, el mismo que la emisora defiende de tiempo atrás, quizás porque su conductor, Néstor Morales es esposo de la hermana de Iván Duque Márquez.
El punto que quiero exponer en esta columna tiene que ver con el sentido y los alcances de la defensa de la libertad de prensa. Señalo que no hay manera de defender la libertad de prensa cuando esta opera o está sujeta a los intereses corporativos de los agentes de poder económico que fungen como propietarios de las empresas mediáticas.
La libertad de prensa está atada al ejercicio del periodismo y por extensión conectada al interés general de conocer la verdad por parte de unas audiencias “condenadas” a recibir únicamente la información y los análisis provenientes de medios hegemónicos. De igual manera, responde al mandato constitucional que obliga a medios y periodistas a informar con veracidad, asumiendo responsabilidades sociales. Así las cosas, ni la FLIP ni otra instancia que se proponga crear podrá defender la libertad de prensa en los términos absolutos que le exigen sus críticos a la Fundación para la Libertad de Prensa. Es un imposible ético, procedimental, lingüístico e institucional porque las dinámicas, las rutinas, lógicas y el lenguaje periodístico devendrán siempre amañados a lecturas subjetivas de quienes observan la realidad y deciden, muchas veces de manera caprichosa, qué hechos merecen elevarse al estatus de noticia.
Cuando se defiende la libertad de prensa, a sabiendas de que los periodistas y las empresas mediáticas operan y actúan bajo esas circunstancias, lo que terminan haciendo sus defensores es legitimar el conjunto de intereses y subjetividades que confluyen al momento de registrar una noticia. No hay manera de controlar los efectos y la incidencia de los puntos de vista de las fuentes consultadas y las interpretaciones que suelen hacer los periodistas de los hechos noticiables. Es más, los colegas saben que los editores suelen dar la instrucción de buscar fuentes “críticas” del gobierno cuando la intención de una nota sea justamente atacar a quienes representar el poder político en una administración.
Es importante que existan agentes como la FLIP para defender la libertad de prensa de actividades de censura promovidas por gobiernos o actores de facto. Pero poco o nada pueden hacer cuando los editores y periodistas acuerdan auto censurarse. La auto censura, en muchos casos, suele tener peores efectos políticos que las intentonas de censura por parte de gobiernos de mano dura. Omitir un dato, no pronunciarse sobre un hecho noticioso relevante de acuerdo con los manuales de periodismo, pero peligroso editorial y políticamente tanto para los propietarios, como para la empresa periodística. “Cuidar las relaciones con el contexto” es la frase que suelen exponer los censores institucionales cuando aparecen los dilemas éticos alrededor de una nota, fotografía o columna que está en manos de los “porteros” (editores). La comunicación de masas los llama gatekeepers.
Ahora bien, un lector atento se puede preguntar: ¿se puede defender la libertad de prensa a pesar de esas circunstancias culturales y contextuales? En términos absolutos, no. Lo que se termina defendiendo no es la libertad de prensa como elemento universal, como bien societal con visos de una incontrastable universalidad. Lo que termina defendiéndose es la libertad de informar y de opinar bajo las particulares condiciones en las que un medio decide operar, de acuerdo con los intereses privados de sus propietarios.
Más allá de las amenazas de agentes dictatoriales o censores de oficio, lo que se esperaría de medios y periodistas es que hicieran tratamientos periodísticos rigurosos, serios y apegados a la contrastación de fuentes. Eso se ha logrado y es posible mantenerlo como práctica periodística. Cuando los dueños de ciertos medios y sus periodistas más obsecuentes asumen a un gobierno -y en particular a un presidente de la República- como su enemigo, la libertad de prensa se convierte en derecho a mentir, tergiversar u ocultar con el propósito de ahogar políticamente a ese enemigo.
Para el caso que nos ocupa, es claro que Petro ha sido elevado a la condición de “enemigo” de los agentes corporativos que están detrás de las empresas mediáticas que hostigan a diario al gobierno progresista. Esos agentes usan el poder de penetración que aún tienen sus medios, para deslegitimar a la actual administración.
@germanayalaosor
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Buen articulo German Ayala.