Por GERMÁN AYALA OSORIO
La entrega de paramilitares y narcotraficantes a la justicia gringa dejó de ser una pesadilla, pues los extraditados saben que al comparecer ante la justicia americana y entregar millonarias sumas de dinero, rutas y nombres de políticos y altos mandos policiales y militares es suficiente para obtener rebajas de penas y asegurar su estadía en territorio norteamericano.
Por lo anterior, el afán del gobierno de Duque por extraditar a los Estados Unidos al narco-paramilitar y criminal de lesa humanidad, alias Otoniel, genera todo tipo de suspicacias, enmarcadas estas en una lucha contra el narcotráfico que beneficia a mafiosos y a actores económicos, nacionales e internacionales, que sacan provecho de la actividad ilegal, a través del lavado de activos. Esa misma lucha es la que eleva los costos de la droga y el de las transacciones dolosas que duelen darse entre los narcotraficantes y agentes estatales (policías y militares) que, entre otros asuntos, no solo hacen posible la existencia, sino la operación de criminales como Dairo Úsuga, alias Otoniel.
Con cada nueva captura y extradición de un narco paramilitar, el régimen impide saber quiénes hicieron posible su operación y el crecimiento de su poder mafioso y criminal. Quizás lo que esté buscando Iván Duque Márquez es evitar que Otoniel abra la boca y encienda un ventilador que, probablemente, toque las entrañas del régimen del que hace parte el presidente. Al enviarlo a los Estados Unidos, Duque no solo busca congraciarse con el gobierno de Biden, sino con la institucionalidad americana que de manera directa e indirecta se beneficia de las actividades desarrolladas por los narcotraficantes colombianos.
Con la extradición de Otoniel pierden las víctimas de este criminal de lesa humanidad, en particular las niñas secuestradas y violadas por el hasta ayer máximo líder y cabeza visible del Clan del Golfo. Una vez pise territorio estadounidense, Otoniel estará obligado a entregar rutas de envío de toneladas de drogas, así como las conexiones con las autoridades colombianas que durante más de 10 años facilitaron la exportación legal-ilegal de los narcóticos.
Con esa información, las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos se harán aún más asimétricas, por cuanto se usará para presionar a las autoridades nacionales y a quienes hagan parte del grupo de agentes políticos, económicos, militares y policiales que facilitaron de disímiles maneras las operaciones desarrolladas por alias Otoniel.
El objetivo de esas presiones de los gringos es facilitar tomas de decisiones frente a asuntos ambientales de multinacionales americanas que hacen presencia en Colombia; extender en el tiempo la presencia y operación de militares y mercenarios gringos en zonas selváticas y ecosistemas estrategicos en las que los Estados Unidos tienen fincados sus intereses. Por ejemplo, hace rato vienen interesados en poder cultivar coca en sus pisos térmicos. En el marco del Plan Colombia se supo de actividades biológicas conducentes a lograr ese objetivo. Una vez lo logren, la “guerra contra los cultivos de coca” habrá perdido sentido para los americanos. Huelga recordar que así pasó cuando la persecución en los años 60, 70 y 80 contra el monocultivo de la marihuana.
Las autoridades gringas y el propio gobierno de Biden estarán atentos a lo que pueda decir Otoniel de sus relaciones con el régimen mafioso colombiano, en particular con agentes políticos. Con esa información, en el departamento de Estado muy seguramente se definirá el grado de vigilancia e intervención en las elecciones de 2022.
El afán del gobierno de Iván Duque por extraditar a Dairo Úsuga pone aún más en entredicho si se trató de una captura o de la entrega acordada del narcoparamilitar, al tiempo que nos hace recordar la extradición de los líderes paramilitares con la que se logró ponerle un inmenso tapabocas para que la verdad no fuera conocida y por ese camino, reparar a las víctimas.
@germanayalaosor
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