Por DIEGO OTERO PRADA
Desde el decenio de los 70 los servicios públicos domiciliarios han sido objeto de debate, origen de protestas, asonadas, huelgas y fuente de malestar para todos los usuarios. Los problemas aún subsisten y las tarifas, en lugar de bajar siguen subiendo, todo en contravía de los argumentos que se daban para justificar la privatización de las empresas públicas
Esto fue particular en 2022 con las tarifas de energía eléctrica, gas natural y GLP. Las primeras aumentaron cerca del 22% para el interior del país y en 35% para la costa atlántica, muy por encima de la inflación anual de 13,12%.
Conceptos de regulación
La concepción británica es la que más se asimila a lo adoptado en Colombia. En el país nunca se consideró la experiencia americana, la más antigua en el mundo y la más explícita y positiva en el papel de los usuarios. En Colombia este aspecto es casi inexistente. Sí, se crearon unos Comités de Control y Desarrollo de los servicios públicos, pero estos son una caricatura de una verdadera participación de los usuarios. Su objeto fue el de dar a entender que existía una preocupación por los usuarios. Ni siquiera se pensó en adoptar los mecanismos de Comités de Usuarios definidos en la regulación inglesa para involucrar a los usuarios en las políticas referentes a los servicios públicos.
La experiencia americana muestra que el cambio más importante que se debe dar en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es el de involucrar a los usuarios en las decisiones de las Comisiones de Regulación y que se implemente por ley el sistema de audiencias públicas, reglamentadas, con los usuarios representados por expertos, en igualdad de condiciones que los representantes de las empresas, con los comisionados actuando como jueces.
No se trata de realizar audiencias públicas al final del proceso, sino que la discusión debe comenzar y ser pública desde un comienzo. Para esto hay que modificar la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, para que quede por ley, con una reglamentación adecuada, como será la participación de los diferentes usuarios: hogares, comerciantes, industriales, agricultores y entidades públicas. No es un favor que hacen los reguladores, es un derecho de los ciudadanos que debe instituirse por la ley.
La participación de los usuarios debe darse en todas las materias. En Colombia es clave intervenir en los aspectos metodológicos para definir las fórmulas tarifarias. Tal como se viene dando, las metodolologías y modelos que se aplican han sido resultados de estudios contratados con firmas extranjeras, discutidos por los ministerios y los expertos de las comisiones, con fuerte intervención de las empresas y ausencia de los usuarios. Fijadas las metodologías, con sus parámetros como rentabilidad, vida útil de los activos, sistemas de medición del capital, tipos de ajuste y gastos permitidos, es muy poco lo que queda a los usuarios para discutir.
Hay muchas preguntas por hacer. ¿Son las fórmulas tarifarias aplicadas las más acertadas? ¿Cuál es el costo de capital o la rentabilidad apropiada de una empresa de servicios públicos? ¿Es correcto el valor de 11% en valores constantes, antes de impuestos, que se aplica en Colombia? ¿Se debe utilizar el costo contable o de reemplazo para valorizar los activos? ¿Por qué las cifras de vida útil? ¿Por qué los gastos de administración, operación y mantenimiento deben ser un porcentaje de los activos u otra especificación? ¿Como deben ser los ajustes anuales? Las respuestas que se de a estos interrogantes tienen una incidencia inmediata en las tarifas, ya que pueden subir o bajar. Desafortunadamente, las decisiones se han tomado con la sola opinión de los representantes de las empresas.
En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en las Comisiones de Regulación participan los ministros de Minas y Energía, de Hacienda y el jefe del Departamento Nacional de Planeación. Su presencia sirve en la mayoría de los casos para apoyar las opiniones de las empresas. Si las Comisiones de Regulación se organizan como en Estados Unidos, no hay necesidad de la presencia de los funcionarios del gobierno. La experiencia de Estados Unidos ha sido de las más exitosas del mundo, tanto que las tarifas de los servicios públicos son de las más bajas de los países desarrollados. Esto ha ocurrido por el papel de los usuarios y de las ligas de los consumidores.
Criterios para una regulación democrática
Una regulación democrática, como la que se ha implementado en Estados Unidos implica que los entes reguladores y las compañías deben:
- Dar completo acceso del público a la documentación de las compañías y a sus cuentas
- Apertura irrestricta de los informes del gobierno y los entes reguladores y de control
- Inaplicabilidad del secreto comercial a los monopolios
- Prohibir la comunicación secreta entre regulador y regulado
- Amplia investigación a través de audiencias públicas. El ente regulador y los usuarios interrogan a los directivos de las empresas de servicios públicos y a su vez a los reguladores.
- Derecho a cuestionar a los ejecutivos de las empresas y al regulador por vía oral y escrita
- Asistencia de expertos para los consumidores financiados por el gobierno y por las mismas empresas de servicios públicos
- Publicar de las decisiones preliminares del ente regulador con sus fundamentos y cálculos para comentarios del público y de las compañías
- Decisiones finales presentadas con todos sus detalles (por ejemplo, ganancias y costos)
- Establecer en todas las Comisiones una Sección del Usuario, para que cuenten con un personal dedicado a escuchar y definir políticas que tengan en cuenta los intereses de los usuarios, como quejas, políticas de pagos y desconexiones, atención a enfermos, calidad del servicio y de los aparatos, información, tratamientos especiales a determinados sectores.
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