El ‘modelo Bukele’ se ha posicionado en el imaginario de muchos políticos de Latinoamérica como la gran tabla de salvación, en términos de consolidación de la imagen de sus respectivas gestiones. Alcaldes y gobernadores de los más variados confines de Colombia encuentran en ese nicho autoritario el paradigma perfecto para eliminar la inseguridad y la explosión del crimen en sus más crudas manifestaciones: homicidios, robos, vacunas, secuestros, extorsiones, feminicidios, microtráfico, etc.
Estados de excepción, violación de los derechos humanos, cárceles descomunales, prisión de miles de jóvenes y manipulación de redes sociales para afianzar el supuesto éxito, constituyen el repertorio de una fórmula mágica que se vende como pan caliente por todos los rincones de la convulsionada geografía subcontinental.
A raíz de los resultados electorales de las elecciones regionales del 29 de octubre pasado, en las que se escogieron nuevos gobernadores (32), alcaldes (1101), diputados y concejales; cuando la derecha y la ultraderecha lograron importantes triunfos en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali o Villavicencio: y en departamentos como Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cesar y Meta, se han reactivado las pulsiones más regresivas de las camarillas regionales y locales para establecer una especie de ‘dictablandas’ en aquellos ámbitos regionales, orientados a imponer estrategias de mano dura que contengan o aplasten las manifestaciones más crudas de la criminalidad.
Dilian Francisco Toro, nueva gobernadora del Valle del Cauca, ha propuesto organizar sistemas de gobierno policial en municipios como Tuluá, Candelaria, Buenaventura y Jamundí, y ha demandado la reactivación de los batallones contrainsurgentes de Alta Montaña del gobierno de Álvaro Uribe, ejecutores de miles de ‘falsos positivos’; Jaime Andrés Beltrán, pastor oscurantista elegido alcalde de Bucaramanga, se propone construir una cárcel similar al Centro de Confinamiento contra el terrorismo (Cecot) donde Nayib Bukele encerró a 70 mil jóvenes en condiciones diríase infrahumanas; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (uribista recalcitrante de las nuevas promociones) ordena conformar escuadrones militares y policiales para ejercer control sobre los municipios y presiona para aumentar el pie de fuerza y la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos; mientras, Federico Gutiérrez en Medellín establece como prioridad la seguridad de la capital paisa, con los mismos esquemas represivos ligados a la Seguridad Democrática de Uribe Vélez; Alexander Char, el de la arenosa Barranquilla (integrante de una potente mafia costera) anuncia plomo y cárcel sin límite legal; y Rafaela Cortes, }nueva gobernadora del Meta, bajo la tutela del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga (Juan sin Miedo) avanza en alianzas con los grupos neo paramilitares de Acacías y Granada para fijar el control despótico de los territorios y sus comunidades agrarias.
Dentro de esta esta tendencia neofascita se está gestando la campaña de la ultraderecha colombiana en los próximos meses para golpear al presidente Gustavo Petro y a la Paz total, hacia el objetivo de desalojar a la izquierda democrática de la Casa de Nariño en la elección presidencial de 2026.
En este contexto de coordinación estratégica de las fuerzas más reaccionarias, urge que el gobierno del presidente Gustavo Petro afine una propuesta más acertada y un modelo policial más eficaz frente al homicidio, el robo, el secuestro, la extorsión y las masacres.
Hay que colocar en el debate público y cuestionar con buenos argumentos la consistencia y coherencia de la estrategia del presidente del Salvador para erradicar la inseguridad.
Si bien es cierto esa experiencia del país Centroamericano aparece como exitosa, acreditando resultados puntuales como la caída en la tasa de homicidios, la recuperación de espacios públicos y menor presencia de pandillas, lo que impacta en la reducción de los delitos que ocurren en los lugares de vida y trabajo, en especial en los barrios más populares de El Salvador, la afectación a la democracia es un hecho innegable, pues se dan encarcelamientos masivos de muchachos (más de 70 mil jóvenes, supuestos miembros de pandillas juveniles, el 1% de la población) sin ninguna evidencia de flagrancia, las retenciones por largos tiempos de personas que no tienen denuncias específicas y la violación de derechos humanos en los principales centros de reclusión; a lo que hay que agregar el atropello constante a medios de comunicación no oficialistas, la manipulación de las redes sociales para difundir información tendenciosa y, desde luego, las decisiones administrativas discrecionales.
La pretendida solidez del llamado «modelo Bukele» se monta básicamente sobre la sensación de que no existen otras alternativas posibles que puedan traer resultados rápidos, sobre la acumulación de experiencias fracasadas o la sensación generalizada de temor e impunidad. Una falacia completa. Lo único que hace Bukele es encerrar los problemas de la criminalidad en una gran penitenciaria o un campo de concentración, aunque las fuentes de la delincuencia (el modelo neoliberal) siguen intactas.
Sirve indicar acá que tal complejo penitenciario tiene un área de 231.446,31 metros cuadrados y está proyectado para albergar a 40.000 prisioneros en ocho pabellones de 5.453 metros cuadrados. Cada pabellón cuenta con 32 celdas, con planchas de acero en su interior para los reos y dos fuentes de agua con chorros controlados por los comandos. Presentado de otra manera: la «mejor cárcel de América» tiene celdas que hacinan a 156 personas en su supuesta capacidad máxima y con agua racionada, además de calabozos de castigo en completa oscuridad.
Mirada en detalle, esta peligrosa y antidemocrática estrategia tiene como eje una mayor presencia policial y militar en el patrullaje cotidiano, y se desarrolla en el marco de un régimen de excepción constitucional decretado en marzo de 2020 que lleva ya 17 prórrogas sucesivas.
Este régimen de excepción es el que permite las detenciones sin orden judicial o flagrancia y el desarrollo de juicios masivos, al tiempo que elimina controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado, así como el derecho al acceso a la información pública, un aspecto sobre el que será necesario volver para proteger los derechos y libertades democráticas de la ciudadanía.
En este debate es importante tener claro que la seguridad ciudadana y la seguridad pública no son igual cosa; no son harina de un mismo costal. Pero es lo que la ultraderecha intenta vender, y sobre este será necesario regresar muy pronto.
@HoracioDuque8
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