Por HORACIO DUQUE
Hace ya un poco más de un año (22 de marzo de 2022) ocurrió la masacre en la vereda El Alto Remanso, en Puerto Leguizamo, un municipio del departamento del Putumayo, fronterizo con Brasil, en la ruta del río Putumayo hacia Leticia.
En esa espantosa masacre murieron 11 indígenas y fueron heridas 5 personas más, entre ellas una indígena en embarazo y un niño de 4 años.
Hoy este hecho criminal sigue en la impunidad, como muchas otras masacres y campañas de exterminio de lideres sociales y de reincorporados de las Farc, por lo que el presidente Petro solicitó al Fiscal Barbosa un informe sobre el estado de las investigaciones penales adelantadas por la entidad que él dirige, recargada en una campaña de desestabilización y golpe de Estado contra el actual gobierno progresista del Pacto Histórico.
Esa masacre fue promovida desde la presidencia de la república de Ivan Duque y desde el Ministerio de Defensa, dirigido por Diego Molano, un siniestro personaje neonazi que se regodeaba con la muerte de campesinos, indígenas y menores de edad, que justificaba con tenebrosas teorías políticas contrainsurgentes y antiguerrilleras.
La organización propiamente dicha de este nefasto operativo corrió por cuenta de un núcleo de oficiales anticomunistas involucrados en la guerra contra las drogas y las campañas antinarcóticos que respalda la jefe del comando Sur la Grl. Laura Richardson, visitante asidua por varios países de América Latina, incluida Colombia, para proteger los intereses imperiales ligados con grandes multinacionales petroleras, el despojo de los recursos naturales de la Amazonia, del Litio chileno y de la economía argentina sometida al recetario neoliberal del FMI.
El operativo militar y los arreglos criminales -sembrando armas y otros elementos bélicos-, corrió por cuenta del brigadier general Walther Adrián Giraldo Jiménez, con una trayectoria en el Ejército de más de 30 años e innegable experiencia en “falsos positivos”, complicidad con paramilitares y otras irregularidades que la Comisión de la Verdad dio a conocer.
La cadena homicida la integraron también el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, un comando antinarcóticos; y el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, un comando contra guerrillero.
Lo insólito de toda esta impunidad es que el general Giraldo Jiménez está muy activo como comandante de una Fudra que opera en el departamento del Arauca y parte de Boyacá; se trata de la Fuerza de Tarea Quirón, un modelo de organización militar patrocinado por el Pentágono que ha sido causante de miles de masacres y asesinatos de campesinos e indígenas.
Este general Giraldo se da licencias hoy para hablar de lo divino y lo humano sobre los temas de la paz total, que descalifica sin ningún disimulo desde los cuarteles en Arauca.
Raro esto en un gobierno como el del presidente Petro, que de entrada hizo una depuración militar y policial en los términos en que lo recomendó la Comisión de la Verdad, pero que al parece no fue suficiente porque aun hay mucho gorila como este Giraldo, que se siente blindado con su maquinaria de guerra, la misma que utiliza para exacerbar el conflicto social y armado en Arauca, donde hacen presencia el Eln, las Farc y la Segunda Marquetalia.
Sobre esta masacre se dio a conocer una supuesta investigación de la Procuraduría que seguramente no terminará en nada.
La impunidad seguirá porque entre otras cosas los medios de comunicación hegemónicos se han dedicado a desinformar sobre la masacre de los 11 indígenas y a embellecer las hojas de vida de los gorilas comprometidos en este horrible hecho.
El gobierno nacional debería tomar cartas en el asunto y destituir, cuanto antes, a esta cuadrilla de asesinos, antes de que la vuelvan a hacer en otro sitio o en el mismo Putumayo, tan golpeado por la violencia.
@HoracioDuque8
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