Los términos «establecimiento» y «régimen» son de uso cotidiano para dar cuenta de grupos de poder que lograron capturar el Estado y su operación para favorecer intereses particulares y los de miembros de clanes (mafias políticas) cuyas vidas están guiadas por el sempiterno ethos mafioso del que hablo de tiempo atrás en esta tribuna.
No es fácil visibilizar esas correlaciones de fuerza que, instaladas bajo la lógica de un régimen de poder mafioso y criminal como el colombiano, se oponen a que el Estado opere armónicamente bajo la separación de poderes y las condiciones propias de un orden establecido moderno y democrático.
La intención manifiesta del fiscal saliente de dejar como fiscal encargada a su mano derecha, la inefable vicefiscal, Martha Mancera, sirve para verificar la existencia de un régimen de poder que no solo desea impedir la elección de la nueva cabeza del ente acusador, sino la recuperación de la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad. Se trata de un juego de poderes del que hacen parte incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en particular los 13 magistrados que votaron en blanco en la sesión del 25 de enero, cuando debían escoger a la nueva fiscal general de la Nación.
La Corte Suprema está en la obligación constitucional de elegir entre las tres al remplazo del ladino Francisco Barbosa. De acuerdo con lo que trascendió, 13 de los 23 votos posibles fueron en blanco. Es decir, 13 togados del alto tribunal no aceptan los perfiles de las candidatas, pese a que estaban obligados a estudiar a fondo sus hojas de vida. Quizás esos votos en blanco se dieron porque estarían a la espera de instrucciones de agentes políticos y económicos que hacen parte de ese entramado de intereses legales e ilegales en los que siempre opera el régimen de poder. El país sabe que varios de esos poderosos agentes se vieron afectados en materia grave con la llegada de Petro a la jefatura del Estado, pues perdieron el control de importantes entidades oficiales y recursos económicos.
Es posible pensar en varios actores a los que no les conviene la llegada de una nueva fiscal. Por ejemplo, el poderoso Sarmiento Angulo estaría preocupado por la posibilidad de que se reabra el caso de Odebrecht en el que está involucrado. Huelga recordar que Sarmiento Angulo reconoció actos de corrupción ante las autoridades americanas. Otro agente político conexo al banquero sería el exfiscal Néstor Humberto Martínez, por la muerte de Jorge Enrique Pizano, «controler» de la Ruta del Sol II. También estaría interesado en perpetuar a Barbosa en las «carnitas» de Mancera, el expresidente Álvaro Uribe, a quien la fiscalía de Barbosa lo favoreció con por lo menos tres solicitudes de preclusión ante los jueces, de su proceso por manipulación de testigos y fraude procesal. Y súmenles otros poderosos políticos y empresarios que guardan relación con grupos de narcomafiosos, como el Clan del Golfo.
Dilatar en el tiempo la elección de la fiscal general solo puede entenderse como la injerencia de agentes políticos y económicos interesados en impedir que la Fiscalía caiga en manos de una mujer sobre la que no tienen control alguno. Por el contrario, con Mancera un tiempo más como fiscal general encargada, sus negociados se mantendrían bajo una enorme confiabilidad jurídica.
Ya lo había advertido Gustavo Petro en entrevista con María Jimena Duzán, cuando dijo que él es el presidente de la República, pero otros tienen el poder. Para el caso que nos ocupa, el mandatario de los colombianos cumplió con el envío de la terna para elegir la nueva cabeza de la Fiscalía. Por primera vez y contra todo pronóstico, Petro conformó la terna de solo mujeres, todas probas y sin manchas en sus trayectorias.
En estos momentos, el régimen de poder tradicional está interesado en evitar a toda costa el cambio de mando en la Fiscalía. Las gestiones de Barbosa y Mancera en los Estados Unidos muestran, con preocupante claridad, que hay incontrastables fuerzas políticas interesadas en mantener los tentáculos del poder mafioso que se tomó la institucionalidad del ente acusador, convertido por Barbosa y Mancera en uno encubridor de delitos, a juzgar por las denuncias hechas por el propio presidente de la República y respetados periodistas.
Poco importa si el 8 de febrero la CSJ elige a la nueva fiscal o si decide mantener la interinidad en la deseada y manoseada institución de justicia. Ya quedó claro que detrás de las dilaciones está el régimen de poder o el viejo establecimiento colombiano que, aunque perdió con Petro el control de una parte del Estado, está dispuesto a dar la pelea por mantener sometida a la Fiscalía.
ADENDA: En rueda de prensa donde el presidente de la Corte Constitucional, Gerson Chaverra, intentaba explicar las demoras y trabas para elegir a la nueva fiscal, se le escuchó con claridad decir: «Sería ‘acsolutamente’ irresponsable comprometerme con una fecha…». ¿Cómo llegó a tan alta instancia judicial un abogado que no sabe sabe diferenciar entre absoluto y acsoluto? Es algo absolutamente extraño.
@germanayalaosor
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