Por GERMÁN AYALA OSORIO
Los escándalos por la fuga de Pablo Escobar de la Catedral durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), el proceso 8.000 que comprometió la gobernabilidad del presidente Ernesto Samper (1994-1998) y la Ñeñepolítica, que involucró la campaña de Iván Duque (2018-2022), comparten una misma realidad: el poder corruptor de las relaciones mafiosas entre políticos, paracos y narcos. Es conocido de marras el maridaje entre unos y otros, que además le da sentido a la definición de Colombia como un narco Estado.
Con la irrupción de Gustavo Petro como candidato y su triunfo electoral, dos conceptos ocuparon la atención de la opinión pública nacional: la lucha contra la corrupción y la Paz Total. Esta última incluye un eventual sometimiento a la justicia de reconocidos narcotraficantes, cuya existencia está garantizada en buena medida por tres circunstancias: la ilegalidad del negocio de las drogas, el ethos mafioso que guía la vida de políticos y empresarios, y el débil aparato productivo, que hace atractivo a muchos colombianos meterse en el negocio ilícito.
La solicitud que el presidente le hizo al fiscal general de la Nación de investigar a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando, desató un escándalo mediático al que de inmediato se sumaron las declaraciones de la expareja de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien acusa al joven político de haber recibido dineros mal habidos para la campaña de Petro a la presidencia. Sin duda, una poderosa bomba mediática.
Ipso facto, la reacción del conglomerado de medios comprometidos en la tarea de desestabilizar al gobierno no se hizo de esperar. Y lo hicieron poniendo énfasis en que se trataba de un nuevo proceso 8.000. Noticias Caracol en particular elevó el suceso al mismo nivel de lo que debió padecer entonces presidente Ernesto Samper por la probada entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña.
La apuesta de Semana y Caracol, entre otros medios, apuntaría a crear el escenario institucional y político que provoque la salida del presidente Petro de la Casa de Nariño. Al fungir como actores políticos antes que como medios, conocen la importancia que representa golpear la gobernabilidad del presidente Petro, y por ese camino, debilitar la ya de por sí porosa coalición de gobierno en el Congreso, justo cuando se inician las discusiones de las reformas laboral, pensional y al sistema de salud.
Aún no sabemos en qué terminará este novelón político-mediático, pero ya deja varias enseñanzas: la primera, que ofrecer condiciones de sometimiento a los narcos es un riesgo ético-político, que no vale la pena correr en una sociedad confundida por poderosos ‘confundidores’. A Petro quizá le tocará olvidarse de ofrecer condiciones favorables al sometimiento de los narcos.
Lo mejor será concentrarse en negociar con los grupos armados ilegales quien tienen estatus político y golpear, como prometió Petro en la campaña, a los narcos de corbata.
La segunda enseñanza está ligada al ámbito de las relaciones familiares: el presidente debe tomar distancia política de su hermano y de su hijo. El comunicado a la Fiscalía fue el primer paso, pero falta el segundo y definitivo, de cortar relaciones político-familiares. Y esto, digámoslo sin ambages, quizá podría llegar hasta la primera dama, quien también se da sus propias atribuciones, aunque sin traspasar lo ético.
Eso sí, se aplaude la petición que le hizo el presidente Petro al fiscal general, Francisco Barbosa. Esta acción de entereza moral difiere de la que en su momento asumió el entonces presidente Álvaro Uribe cuando sobre sus hijos recayeron duros cuestionamientos. En lugar de exigir investigaciones, salió en su defensa. La DIAN en su momento los requirió por inconsistencias en lo declarado por la empresa Ecoeficiencia. Y posteriormente, informaciones del diario The Guardian los señalaron de haber abierto una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Para el caso de su hermano Santiago Uribe, procesado por paramilitarismo, el hoy sub júdice expresidente asumió la misma actitud defensiva.
Esperemos que las autoridades de manera expedita entreguen los resultados de sus pesquisas. Cualesquiera sean los resultados obtenidos, lo cierto es que la bandera de la lucha contra la corrupción quedó bastante raída, incluso, al menos en lo narrativo se corre el riesgo de que quede proscrita.
Mientras llega la fiscalía general a unas conclusiones en su investigación, los medios corporativos están de plácemes por el ‘papayazo’ que se les presentó de deslegitimar al actual gobierno. Lo extraño es que todavía no le han dado un bautizo semántico al escándalo, como sí lo tuvieron el proceso 8.000, la Yidispolítica o la Ñeñepolítica.
@germanayalaosor
* Imagen de portada, tomada de Cambio.
Sobre el autor o autora
