Por GERMÁN AYALA OSORIO
El narciso, ególatra y contumaz político colombiano que llevó sobre sus hombros el número 1087985 que lo identificó como reo de la justicia, acaba de proponerle al país (al que aún le cree) un borrador de referendo para echar por la borda el Estado de Derecho. Se trata de una propuesta con la que pretende someter a su voluntad, las instituciones del Estado y, por esa vía, consolidar un reino hecho a su medida. El ganadero antioqueño pretende y sueña con ser un gran señor feudal y poder así extender sus dominios más allá del Ubérrimo.
El hijo de Salgar sabe que su vida se apaga, al tiempo que sus detractores, críticos y víctimas hacen todo para que en los tribunales triunfe la Verdad sobre sus andanzas y responsabilidades en la comisión de crímenes de lesa humanidad y otros de menor gravedad, como fraude procesal y manipulación de testigos.
El combativo latifundista, convertido de tiempo atrás en una especie de Ares criollo, está empecinado en someter a la justicia a su particular forma de discernir entre lo correcto y lo incorrecto; entre lo legal y lo ilegal. Su objetivo, al final de su intranquila existencia, es reducir las cuatro altas cortes que nacieron con la Carta de 1991, a un grupo de amigos, consortes y amanuenses que fallen en derecho para garantizarles a él y sus amigos (cómplices) total impunidad, al tiempo que esos mismos jueces amigos persigan a sus críticos y víctimas.
Al asistir a la desaparición de las Farc-Ep (lafar, diría él), este menudo antioqueño propone en su inviable referendo derogar la Justicia Especial para la Paz (JEP). Pretende así evitarse la incomodidad de escuchar la Verdad que ya están entregando los excombatientes de una guerrilla que al cometer toda suerte de delitos y crímenes de lesa humanidad, hizo posible que millones de colombianos, ingenuos, idiotas, mal informados o simplemente buscadores de fortuna, lo elevaran a la condición de irremplazable y casi inmortal, como Ares, el dios de la guerra.
Al presentarse como un soldado más, este líder tóxico quiere que los militares que cometieron delitos de lesa humanidad en el marco de un degradado conflicto armado interno, sean «juzgados» por una sala especial. Sala que deberá servir como una especie de Comisión de Absoluciones, sin verdad, justicia, reparación o garantía de no repetición. Al buscar «máximas garantías judiciales» para los militares, busca a toda costa evitar que en las versiones que hoy están entregando altos exoficiales, los magistrados de la JEP y algunos de la Corte Suprema de Justicia encuentren conexiones que lleven a colegir algún tipo de responsabilidad, por lo menos política, cuando mandó en Colombia de manera directa entre 2002 y 2010 y se produjeron los mal llamados ‘falsos positivos’.
En la propuesta se presentan otros temas sensibles desde la perspectiva electoral, como la reducción del Congreso, la austeridad en los gastos del Estado y la protección de los ecosistemas naturales. Al revisar el manejo de los recursos públicos durante su administración, se encuentran hechos que desdicen su apuesta por la austeridad. Su gobierno se caracterizó por el derroche y el ofrecimiento de prebendas, contratos y recursos a los partidos políticos que hoy hacen parte de la coalición gobiernista al interior del Congreso. La compra de un helicóptero de lujo para uso exclusivo de Iván Duque es la prueba de que la austeridad no es un principio rector en el actuar de su selecto grupo de políticos amigos. Reducir el Congreso tiene la pretensión de cercenar la representación política de las regiones, contribuyendo así al cerramiento democrático y a la consolidación del centralismo bogotano. Y en cuanto a la protección de los ecosistemas, baste con señalar que durante su mandato las licencias para la exploración y explotación de oro crecieron exponencialmente. Se suma a lo anterior la deforestación y la extensión de la frontera agrícola y ganadera, de la mano de sus amigos ganaderos concentrados en Fedegan. Y no se puede olvidar que logró, entre 2002 y 2010, debilitar las instituciones ambientales, convertidas en nidos clientelares y focos de corrupción. Así lo señalan reconocidos ambientalistas, ellos el exministro Manuel Rodríguez Becerra.
Este «rufián de esquina», como lo llamó Juan Manuel Santos, pretende con su referendo destruir a Fecode y debilitar aún más la educación pública, para dejarla a merced de aquellos docentes que lo siguen fielmente. Argumenta el sub judice ciudadano, que a través de Fecode y de un profesorado crítico se está «adoctrinando a los estudiantes». La pretensión es clara: el pensamiento crítico dentro de las aulas, en una democracia restringida como la colombiana, constituye un enorme riesgo político, en la medida en que contribuye a que los estudiantes cuestionen lo que la prensa afecta a su proyecto político ocultó durante sus ocho años de gobierno. Las audiencias están mejor informadas y se cuentan por miles los que hoy sienten vergüenza de haber votado por su autoritario proyecto político. Su referendo es una trampa en la que el país no puede caer. Por eso, desde esta tribuna hago un llamado: cuidado con ese borrador… de instituciones.
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