Por GERMÁN AYALA OSORIO
En la candente discusión sobre la propuesta de ajustar el modelo de salud han hablado los médicos, las EPS agremiadas, los periodistas que se ciñen la agenda de sus patrones, políticos y congresistas propietarios de EPS o de IPS.
Y pacientes, en particular los que han sido víctimas de “paseos de la muerte”. Pero hay un extraño silencio alrededor del acceso que durante varios gobiernos han tenido los grupos paramilitares a los millonarios recursos que manejan las EPS, en particular entre 2002 y 2010.
Lo que falta por decir, entonces, es que la reforma a la salud sacará del negocio, mediante el fortalecimiento de la ADRES, a los paramilitares y sus amigos los políticos que en varias regiones siguen aportando votos a las campañas de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales.
El incompleto desmantelamiento de las estructuras armadas de los paramilitares hace sospechar de algunos defensores de las EPS que les deben favores a quienes heredaron el manejo de esas estructuras mafiosas, cuyo corazón y aparato digestivo sigue atado al fenómeno paramilitar.
En su momento la Corporación Nuevo Arco Iris reveló la inoperancia de las instituciones de control y regulación estatales, pues permitieron que los ‘paras’ se fueran apropiando de las regalías del petróleo y del carbón, de la tierra y hasta los recursos de la salud. En este último caso, el nombre del senador Dieb Maloof sobresale. Según la investigación de Nuevo Arco Iris, este en alianza con el Bloque Norte de las AUC logró saquear a la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla.
Con los hechos probados de la captura mafiosa de hospitales y centros de salud, detrás de algunos detractores de la reforma a la salud del gobierno estarían los intereses de jefes paramilitares que, aunque perdieron poder político debido a la extradición a Estados Unidos de una docena de cabecillas de las AUC, han logrado sostener las relaciones con familias y clanes que de tiempo atrás tienen acceso a los recursos de la salud.
En la lucha política que libran Petro y su ministra Corcho no solo está el interés de mejorar el servicio y las condiciones laborales del personal de la salud, sino el de quitarles a los paras y a sus socios, los políticos profesionales, esa fuente de financiación y de control electoral en regiones en las que el fenómeno paramilitar se consolidó como práctica cultural.
Le corresponde al gobierno confirmar si detrás del proyecto de reforma está la intención de golpear a los clanes que hoy mantienen vivo el fenómeno paramilitar y a los paracos. Evidenciar ese objetivo ayudaría a erosionar los argumentos de quienes defienden a dentelladas un sistema que diversas mafias ensuciaron desde el mismo momento de la creación de las EPS.
Ningún sistema de salud funcionará bien en Colombia mientras no haya un cambio cultural en sus ciudadanos, en la clase política y dirigente. Ser mafioso aún es considerado motivo de prestigio para muchos colombianos. Los congresistas dueños de ciertas IPS o EPS deberían contarle al país, cada vez que critican la reforma, que hablan en defensa de esos intereses. Así empieza el cambio.
@germanayalaosor
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