Por GERMÁN AYALA OSORIO
En las acaloradas discusiones en torno a la reforma a la salud presentada por el gobierno de Gustavo Petro, sobresale un asunto clave: el pánico a que el Estado tenga el monopolio de la prestación de los servicios. Nadie puede desconocer que el Estado colombiano tiene problemas para copar el territorio y hacer presencia institucional, efectiva, legítima y eficiente, en todo el territorio nacional; a lo que se suma que no es un referente de moralidad para sus ciudadanos. Como tampoco se pueden negar los problemas que los usuarios padecieron con el antiguo Seguro Social (ISS), institución y sistema que terminó mal por responsabilidad de médicos que preferían atender sus consultorios privados, que a los usuarios y por la corrupción de políticos inescrupulosos que metieron sus garras en las finanzas del sistema. Fue de tal magnitud, que hoy sirve de argumento a los opositores de la reforma para asustar a los clientes que han padecido los “paseos de la muerte” y las demoras en la prestación de los servicios médicos de parte de las EPS. Así se haya avanzado en cobertura y calidad, ambos sistemas comparten la corrupción, la desidia y la falta de rigor profesional en toda la cadena de prestación de los servicios de salud.
Ese miedo al Estado, explicable por demás, esconde unas circunstancias culturales y humanas que no se pueden soslayar: ese Estado, paquidérmico, ineficiente, ineficaz y corrupto ha sido operado y es operado aún por seres humanos (técnicos, tecnólogos y profesionales) que llegaron a cargos de dirección y operativos gracias a políticos profesionales y a concursos que debieron fundarse en la evaluación transparente de las hojas de vida. Muchos de esos concursos fueron manipulados por políticos. Entonces, cuando se pretende asustar a la gente diciendo que está muy mal que el Estado tenga el monopolio de la prestación de los servicios de salud, de manera directa se está descalificando a los servidores públicos (incluidos contratistas) que hacen parte del sector salud y de la administración de los billonarios recursos.
No he escuchado a funcionarios públicos de carrera salir a defender los servicios médicos del Estado y la capacidad instalada para asumir los cambios que se proponen en la discutida propuesta de cambio a la ley 100 de 1993 y a las lógicas que logró imponer el ethos mafioso que penetró al sistema de salud y en particular el que guio a varios empresarios a montar EPS, prestar los servicios de intermediación por un tiempo, para luego declararse en quiebra o esperar la intervención de la Superintendencia del sector y por ese camino, no responder por desfalcos y malos manejos de los recursos públicos.
La no defensa del Estado se desprende, como valor moral y ético, de la naturalización del espíritu neoliberal que hizo posible el debilitamiento de las instituciones públicas y su consecuente aborrecimiento por parte de los ciudadanos. Si el Estado es inoperante y corrupto se explica porque hay funcionarios ineptos, incapaces y deshonestos a los que poco o nada les dice el concepto de “servidor público”. Muchos de estos, puestos en cargos públicos por políticos inescrupulosos (presidentes, congresistas, concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores) que desdicen de lo público- estatal, pero que desde las entrañas del Estado lo debilitan para sacar réditos económicos y políticos, gracias a las transacciones que logran hacer con ciudadanos (empresarios y miembros de la élite dominante) que buscan capturar a las instituciones estatales para ponerlas a su servicio.
Así, el Estado inoperante es el resultado de políticos profesionales y conciudadanos corruptos e incapaces que, con enorme desidia, lograron consolidar y naturalizar la idea de que todo lo público-estatal no sirve, lo que significa que lo privado es lo único que sirve porque quienes están en ese sector, son honestos y probos, cuando ya el país vio cómo se quebraron EPS por los manejos irregulares y mafiosos de varios de sus gerentes.
Entonces, el problema no está en el monopolio estatal de la salud. El problema está en que la sociedad colombiana deviene confundida moralmente. El ethos mafioso guía nuestras vidas, herencia de una clase dirigente, política y empresarial cuyos miembros en su mayoría son corruptos, sucios y criminales. Los casos pululan. La negociación de la reforma a la ley 100 de 1993 se dará en función de los intereses privados que tienen varios de los congresistas que discutirán la propuesta de ajuste; y claro, vendrá el lobby de los dueños y accionistas de las EPS que dominan el mercado, porque no están dispuestos a dejar de manejar los billonarios recursos que el Estado les gira por cada paciente atendido en las IPS (hospitales públicos y clínicas privadas).
El demonio de la corrupción y del ethos mafioso que se naturalizó en Colombia entre 2002-2010 está en la sociedad, en cada uno de nosotros. La operación del Estado responde a nuestras prácticas omisivas y corruptas. El Estado es apenas la estructura institucional cuyos cimientos están hechos de avaricia, hambre de poder y de la evidente insolidaridad e indolencia de aquellos que le prestan un mal servicio al público.
@germanayalaosor
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