Por GERMÁN AYALA OSORIO
La negativa de los dueños de los partidos Liberal, Conservador y de la U a apoyar el proyecto de reforma a la salud que recién empezó a discutirse al interior del Congreso es, en doble vía, una expresión democrática y un alejamiento de los partidos políticos de uno de los asuntos sociales y humanos que más necesitarían de la atención de todas las colectividades: la calidad de la salud en Colombia y la corrupción al interior del sistema.
Las decisiones políticas de César Gaviria Trujillo, Efraím Cepeda y Dilian Francisca Toro están atadas a las lógicas democráticas que circulan al interior de las corporaciones legislativas. Negociar apoyos, hacer exigencias y buscar consensos hace parte de esas lógicas en las que opera la democracia moderna. Hasta ahí, no habría mayores reparos a las posturas asumidas por estos políticos profesionales. Los problemas surgen cuando en el análisis político de la propuesta de reforma al sistema de salud aparecen los sempiternos intereses corporativos e individuales de los directores de los partidos que no acompañarán al gobierno en su afán de modificar el sistema de salud.
Lo hecho por Gaviria, Cepeda y Toro es la constatación de que en Colombia hay partidos cuya existencia está en función de consolidar la operación del régimen de poder con el que cobra vida lo que llamo el Doble Estado. Una cosa es el Estado cuyas instituciones formales tratan de dar cuenta de lo prescrito en la garantista carta política de 1991 y otra muy distinta, las institucionalidades paralelas que se derivan de ese Doble Estado que se crea de la mano de los clanes políticos y la privatización de la acción política y de las actividades propias de los congresistas. Así las cosas, los partidos Liberal, Conservador y de la U actúan en el nivel más básico de la democracia: en el de discutir proyectos de ley. Pasar a un nivel más complejo de la democracia implicaría aceptar que efectivamente el sistema de salud exhibe problemas estructurales asociados y expresados a través del ethos mafioso que, al haberse naturalizado en las relaciones entre el sector privado y estatal, hace imposible pensar y actuar en democracia, teniendo en cuenta el ámbito social y las circunstancias que rodean la prestación de los servicios de salud en el país: incertidumbres, desazón, miedo e impotencia, que ponen en evidencia que frente al actual sistema de salud hay un grave problema social.
Gaviria, Cepeda y Toro no exhiben un talante democrático en el sentido maximalista con el que aquí asumo la democracia. No. Por el contrario, su negativa obedece al ejercicio autocrático con el que los tres se burlan de la democracia representativa, de la voluntad popular y lo que es más grave: se mofan de las víctimas que, por treinta años, viene produciendo el sistema de salud colombiano. En este punto saldrán sus defensores a decir que hemos ganado en cobertura, pero guardan silencio cuando se examina la calidad de los servicios, en particular cuando se niegan cirugías, se retrasan procedimientos y citas, debido a que la corrupción hace colapsar a las EPS, al tiempo que se llenan los bolsillos gerentes y presidentes, entre otros actores del complejo sistema de salud.
Estos tres políticos están hoy atravesados en la vía de la discusión de un nuevo modelo de salud, como tres enormes mulas muertas, cuyo exceso de peso brota, justamente, del tamaño de sus intereses individuales y los corporativos que acompañan a los propietarios de EPS y de IPS, muchos de estos amigos y financiadores de congresistas; y a los congresistas que fungen como socios o propietarios de estas entidades.
El miedo a que los servicios de salud queden en manos del Estado sirve a unos y otros para justificar la corrupción o minimizar la gravedad de los hechos dolosos que acompañan la operación de EPS que, al final, son intervenidas y liquidadas por la Superintendencia del sector. El negocio de las EPS es la constatación de que el Estado y los recursos públicos fueron privatizados, esto es, capturados por mafias políticas que convirtieron la salud en un vulgar negocio. Así se mató el Estado Social de Derecho y de ese “crimen” son responsables, política y democráticamente hablando, Gaviria, Cepeda y Toro, incapaces de asumir la democracia en un sentido maximalista. Un verdadero demócrata es aquel que asume el Estado Social de Derecho como una apuesta civilizatoria y republicana en donde sobresalen el afán y el interés por servir a todos los asociados a un territorio y hacer posible que sus derechos tengan sentido y no terminen menoscabados por quienes asumieron a los enfermos y en general a los usuarios del sistema, como clientes.
@germanayalaosor
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