Por GERMÁN AYALA OSORIO
Hace trámite en el Congreso el proyecto de reforma política del gobierno del Pacto Histórico. Aunque le faltan cinco debates, lo aprobado hasta ahora dice mucho de lo que se pretende. Estos son los puntos que pasaron el filtro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes: financiación 100% estatal, la conformación de listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros y la implementación del fallo de la CIDH que le quita la competencia a la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos a través del voto popular.
Sobre la financiación estatal de las campañas políticas hay que decir que se trata de un punto importante que apunta a suprimir o por lo menos fijar límites a los patrocinadores privados que financian a candidatos presidenciables y a congresistas, con el propósito de convertir a los primeros en títeres de banqueros y empresarios, y a los segundos en congresistas-lobistas que defenderán a dentelladas los intereses corporativos de sus mecenas.
Si este punto se mantiene en la ruta que le queda al proyecto de ley, su aprobación debería de servir también para ponerles límites a las costosas campañas políticas, circunstancia esta que facilita la entrada de dineros del narcotráfico e incentiva la elevación de los costos de la publicidad. Esperemos que la aprobación de este punto sirva para limpiar el ambiente electoral contaminado de tiempo atrás por el ethos mafioso y por los intereses corporativos de empresarios y banqueros, siempre alejados de lo que necesitan las grandes mayorías.
En relación con las listas cerradas, a ellas suelen colarse personajes siniestros o poco preparados para llegar al Congreso a debatir y trabajar con seriedad. Las listas cerradas, en la práctica, han servido para llevar al legislativo a sujetos ignaros que solo harán parte del comité de aplauso que el líder de la lista reclama como cabeza principal. Al final, las poco democráticas listas cerradas terminan consolidando liderazgos contaminados de mesianismo y caudillismo. De esa forma, pierden los partidos políticos porque se debilitan sus procesos de discusión programática, los análisis de coyuntura, la discusión de las ideas políticas y los ejercicios de prospectiva que deberían realizarse al interior de esas colectividades. A los partidos políticos deberían de llegar intelectuales y no buscadores de fortuna.
En Colombia las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han servido para debilitar la autonomía del segundo poder público, capturado o sometido por ministros y presidentes a través de la entrega de millonarios recursos (cupos indicativos). Esas relaciones perniciosas y mafiosas debilitan la democracia y reducen la política a un ejercicio mafioso del poder. La posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros va dirigida, justamente, a extender en el tiempo esas insanas relaciones entre los dos poderes públicos aquí comprometidos. No se trata de ser puristas. De lo que se trata es de mantener la separación de los poderes públicos y de consolidar relaciones de respeto y autonomía y no de dependencia económica fundada esta en todo tipo de sobornos y transacciones.
Y el último punto tiene que ver con un fallo hasta ahora incumplido por el Estado colombiano, proferido por la CIDH, a partir del caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido por el entonces procurador, el godo quema libros y perseguidor de impíos, Alejandro Ordóñez Maldonado. La Corte internacional le quitó al jefe del Ministerio Público la potestad de sancionar a discreción a funcionarios elegidos a través del voto popular. Como se insiste desde la Procuraduría en sancionar a alcaldes, el Congreso de la República busca cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sobre este punto no es mucho lo que hay que decir. Tan solo aplaudir la iniciativa que impedirá que se siga atropellando el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.
Más allá de los alcances y las críticas de los puntos hasta el momento aprobados en la señalada reforma política, lo que el país requiere es de un profundo cambio cultural. Cambio que no se alcanzará con reformas políticas consecutivas que en poco o nada mejoran las costumbres políticas y el actuar de presidentes, ministros y congresistas. Y contario a lo que se pueda pensar, las listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas puedan convertirse en ministro aportarán a la consolidación del ethos mafioso y del caudillismo, dos factores negativos de nuestra cultura política.
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