Por HORACIO DUQUE *
El director del Departamento de Planeación Nacional DNP, Alexander López, dio a conocer en días recientes un desolador informe sobre la corrupción en el Sistema General de Regalías.
Los técnicos y funcionarios del DNP hicieron un barrido a los proyectos aprobados y en ejecución en los últimos siete años, para una inversión cercana a los 70 billones de pesos (que es como el 20% de la misma), encontrando que cerca de 13 billones de pesos fueron objeto del más aberrante saqueo por parte de redes de contratistas y funcionarios corruptos. Con esos dineros se pudieron construir acueductos para el Chocó, Urabá o los pueblos costeros del Pacífico, atrapados en la pobreza más extrema. O se habrían podido apalancar proyectos productivos agrarios en regiones periféricas rurales.
Hay muchas cosas graves en estos hallazgos de los técnicos de planeación -los mismos que en meses anteriores nunca vieron esa podredumbre-, entre otros, la inocuidad del frondoso mecanismo de control ciudadano, de veeduría comunitaria y Auditoria social, -como materialidad de la democracia participativa- que, no obstante la retórica oficial, de poco han servido para que, mediante una intervención efectiva de la ciudadanía, se hubiese detectado oportunamente el desangre criminal de tales recursos públicos que fueron a engrosar las descomunales fortunas de reconocidos operadores de la ultraderecha (depositadas en cuentas bancarias en el extranjero y en paraísos fiscales, tal como se acostumbra ahora para no dejar rastro alguno), del centro liberal, de los verdes y de la “izquierda” perfumada bogotana, como lo confirman los casos de los ex senadores Ciro Ramírez, Mario Castaño, Olmedo Lopez, Sneyder Pinilla, de ex gobernadores y ex alcaldes multimillonarios que hacen parte del el exclusivo club de la delincuencia de cuello blanco en el que figuran, también, connotados contratistas de los gobiernos de turno.
El caso es que, según la valiente denuncia de Alexander Lopez, solo 11 contratistas y operadores concentran en los últimos 72 meses $6,6 billones así:
La Agencia de infraestructura del Meta, con 55 proyectos por $1,6 billones y 194 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; agencia en la que el amo y señor es el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga (ficha santista, con ínfulas feudales de terrateniente llanero) y su sucesora, la Rafaela Cortés.
La Fundación Universidad del Valle, con 151 proyectos por $970 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; fundación que es el centro de una retícula de corrupción con largos brazos en el Eje cafetero, donde hace de las suyas con gobernadores y alcaldes que aprovechan la franquicia contractual para despojar los dineros de las regalías, desviados para la compra de mansiones, conjuntos urbanísticos y lujosas haciendas ganaderas.
El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, con 185 proyectos por $998 mil millones y 28 reportes a órganos de control por irregularidades; fondo que es una verdadera alcantarilla manipulada por la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Toro, y la exgobernadora Clara Luz Roldan, campeona de la corrupción con los dineros del deporte y de las infraestructuras deportivas.
El Fondo Mixto Sierra Nevada, con 264 proyectos por $898 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; fondo (propiedad de un reconocido clan del Cesar) que en un abrir y cerrar de ojos acumuló una gigantesca contratación con el Sistema General de Regalías y el Ocad Paz fruto de su tráfico de influencias con los alcaldes de los municipios Pdet de la Sierra Nevada de Santa Marta-Serranía del Perijá.
Foncolombia, con 158 proyectos por $468 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Foncolombia es una fachada de roscas corruptas de Bucaramanga, especializadas en desviar dineros públicos para capturar campañas electorales y funcionarios públicos de la región oriental.
AREMCA, con 196 proyectos por $810.000 millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Aremca (Asociacion regional de municipios del Caribe) es un operador barranquillero multiforma que navega por diversas aguas políticas, recogiendo a conveniencia las suculentas tajadas que su tráfico de influencias burocráticas y legislativas le prodiga.
ASOMUDACAR, con 135 proyectos por $621.000 millones y 11 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades; Asomudacar es una cloaca del Urabá que ha saqueado los dineros de las regalías con contratos en alcaldías para construir letrinas defectuosas y arruinadas en Necocli, San Pedro de Urabá, Arboletes, Turbo, Chigorodó, Rio Sucio y en las áreas rurales de esta región bajo absoluto control de la banda criminal del Clan del Golfo.
ASOSUPRO con 70 proyectos por $369.000 millones y 13 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades; Asosupro (flamante Asociacion Supra departamental de municipios para el progreso, invento de picaros) es un artilugio de altos funcionarios del Guaviare y el Caqueta; y de los Municipios del Retorno, Calamar, Milán, Albania y San Vicente del Caguán, utilizado para despojar miles de millones de pesos en plantas de energía (Energuaviare), en proyectos productivos (cacao, chontaduro, maíz, piscicultura) y de infraestructura con vías sin terminar entre el Retorno y Calamar. Asosupro es un descarado festín de burguesías burocráticas emergentes con nombres conocidos como los de Nevio Echeverri (en la lista Clinton) y Heydeer Yovanny Palacio Salazar (ex gobernador del Guaviare), quien goza de total impunidad merced a sus poderosas influencias en las esferas judiciales no obstante las denuncias de la Unión Patriótica y de la izquierda, perseguidos y amenazados por grupos paramilitares, militares y policiales antinarcóticos acantonados en el aeropuerto de San José.
La Empresa de servicios públicos de Casanare, con 40 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Esta Empresa es un parapeto utilizado para sus negocios por personajes como el actual alcalde de Aguazul, Nelson Camacho, el principal comerciante de contratos en el Casanare; su fortuna es incalculable y de ahí su enorme capacidad de soborno sobre contratistas de toda laya.
La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; esta Empresa es un miedoso hueco de saqueo de dineros públicos en Villavicencio y otros municipios del Meta; ahí comen verdes, alanjaras (los del robo de la refinería de Chichineme), seudo izquierdistas, uribistas y liberales carmelistas.
DISPAC, con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Dispac es un empresa estatal de energía con sede en Quibdó (donde manda el Clan del Golfo), utilizada por sobresalientes políticos corruptos para el robo de los tendidos de energía en los municipios de la costa pacífica del Cauca, Nariño y Chocó.
Por el momento, el saqueo a las regalías se concentra en 20 municipios, entre los que se destacan Puerto Gaitán y Valledupar.
Está en curso un Convenio entre el DNP y la Confederación Comunal que lidera Guillermo Cardona para que las Juntas Comunales denuncien el robo y el saqueo de las regalías.
Ojalá la participación directa de las juntas comunales con su Veeduría ciudadana permita identificar los nuevos escenarios de corrupción en el Sistema de Regalías, que se han sofisticado hasta el punto de que las millonarias coimas se depositan hoy directamente en cuentas bancarias en el exterior, como está haciendo la mafia de Buenaventura y Cali con un alto funcionario de la SAE favorecido con jugosas comisiones por arrendar propiedades (fincas, hoteles, universidades, oficinas, ganado) incautadas a los narcos, a sus testaferros. Miedoso eso que esta ocurriendo con la red jurídica y de abogados de la SAE, que en 24 meses del actual gobierno ya registran fabulosas fortunas en el exterior. Ya hay denuncias e investigaciones en curso en la Fiscalía anticorrupción.
* Horacio Duque es historiador y analista político.
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