Por GERMÁN AYALA OSOR
La alocución del presidente Gustavo Petro de anoche sirvió, fundamentalmente, para dos propósitos: el primero, ara despedir a tres de sus ministros. Y por esa vía, mostrar que el poder discrecional del jefe de Estado está intacto. Segundo, dejarle claro a esa parte de Colombia que votó por el cambio, que las reformas se harán sí o sí. Lo que no sabemos aún es a qué costos institucionales.
Asociado a esas dos intenciones, Gustavo Petro aprovechó la oportunidad de dejar claro que cree en la iniciativa privada, siempre y cuando el éxito de las actividades económicas particulares no supongan el debilitamiento de los derechos que el Estado debe garantizar, según lo que prescribe la Constitución política de 1991.
En torno a las salidas de los ministros, la que más llamó la atención de los medios fue la de Alejandro Gaviria, un político llegado del centro fajardista, que fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos. El retiro de Gaviria cayó mal en ese y otros sectores políticos porque él representa el carácter amplio del Pacto Histórico, y porque en su momento se asumió como una especie de negociación temprana de la gobernabilidad de Petro: tener a Gaviria dentro del gobierno, así fuera en una cartera que jamás le gustó, era tener contenta a esa parte del establecimiento que acompaña con reticencias las ideas y las reformas del presidente.
Mucho se especula sobre las razones reales que provocaron la salida del exrector de los Andes: que filtró el documento que días antes le habían entregado al presidente… que en su gestión de siete meses los resultados fueron nulos… que su defensa tardía de la Ley 100 lo volvía un personaje incómodo para el gobierno. Lo cierto es que Petro cortó por lo sano una relación hasta cierto punto tóxica. Las ideas progresistas que defienden él y varios de sus ministros chocan con las apuestas que traía Alejandro Gaviria de gobiernos anteriores.
Sobre las salidas de las ministras de Cultura y Deporte no hubo mayor escándalo, porque no representan al Establecimiento. Es más, sus figuras solo sirvieron para acrecentar el racismo y el clasismo de la sociedad “blanca” que no acepta que afros o gente de izquierda tengan poder político. Por el contrario, son insignias de esa parte de la sociedad que Petro busca reivindicar por haber sido víctimas de la exclusión, del racismo, de la persecución ideológica y política, de la pobreza, en últimas.
Del retiro de Patricia Ariza se dice que fue por falta de resultados. Es posible. Por el contrario, sobre la salida retiro de María Isabel Urrutia circulan versiones que dejan entrever un enfrentamiento de la saliente ministra, con subalternos de Dilian Francisca Toro interesados en la cartera de Deporte. Se habla de acercamientos y negociaciones entre el presidente y la política conservadora del Valle del Cauca, ficha clave para entender la crisis del sistema de salud en la región.
Lo cierto es que esta crisis ministerial y el rápido nombramiento de sus remplazos puede entenderse como una primera crisis ministerial en virtud a que el presidente quiere afinar los programas que conduzcan al cambio, poniendo a ministros (as) realmente comprometidos, capaces de dar cuenta de las directrices entregadas desde la Casa de Nariño.
También puede asumirse como la expresión de una lucha intestina entre los ministros que provienen de Partido Liberal y tienen recelos sobre los cambios propuestos, en virtud de sus orígenes de clase o por haber servido a gobiernos neoliberales, lo cual los haría proclives a tomar distancia de las ideas progresistas. Quizá le apuestan al fracaso del gobierno de Petro, quizá confían en que el carácter caudillista que trata de imprimirle a su gobierno desmorone desde sus bases al Pacto Histórico.
Sea como fuere, la discusión y las otras reformas a la ley 100 de 1993 que anuncian que presentarán al Congreso Cambio Radical y el Centro Democrático sirven para entender que detrás de la discusión entre si es mejor el monopolio privado que el monopolio estatal para la salud, están los intereses corporativos de unos clanes políticos (familias) que consolidaron la idea que el Estado no es bueno administrando nada.
Esa misma narrativa oculta que al momento de una quiebra de las EPS, es el Estado el que asume las deudas que siempre aparecen por el mayor problema de la sociedad colombiana: la corrupción público-privada.
Ya veremos qué pasa en el Congreso con la discusión de los proyectos de reforma a la salud. Petro se está jugando su capacidad política, pero sobre todo la credibilidad de los casi 12 millones de colombianos que votaron por unos cambios que no serán fáciles de lograr, porque quienes capturaron al Estado harán lo que esté a su alcance para no dejar de disfrutar de esas ricas ubres.
@germanayalaosor
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